Victoria de la marea blanca

El fracaso del Madrid olímpico no le concierne como a la alcaldesa Ana Botella, pero los votos de la capital en las municipales de mayo de 2015 son vitales para que Ignacio González pueda repetir como presidente de la Comunidad. Necesita bazas y tenía dos entre manos. La primera, sin duda, que prosperase la inversión de Adelson y Eurovegas pasase de las palabras a los hechos. De momento, el Gobierno no parece estar por la labor de derogar singularmente la ley del tabaco para permitir que en espacios de juego se pueda fumar. Tanto González como Aguirre -que a veces le ayuda y a veces le hace literalmente la puñeta- están reclamando a Rajoy que mueva ficha antes de que el financiero americano tome las de Villadiego, lo que según JP Morgan estaría a punto de hacer. La financiación del proyecto, además, sigue en el aire.

La segunda baza en manos de González era culminar con éxito la “externalización” de la gestión de una buena parte del sistema sanitario madrileño. No lo ha conseguido, al menos, por un largo tiempo. La marea blanca, ese gran colectivo de personal sanitario, ha ganado su primera batalla allí donde casi nadie pensaba que iba a hacerlo: en los tribunales, en los que se sustancian hasta catorce procedimientos contra la Comunidad.

El pasado día 11 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaba un auto en el que suspendía cautelarmente –y hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto—la licitación de centros y hospitales para su gestión privada. Lo hacía, además, sin admitir la petición de la Comunidad que reclamaba, en caso de paralización, una fianza de más de 65 millones de euros a los recurrentes. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid lograba así demorar sine die la privatización de buena parte de la sanidad madrileña.

La 'marea blanca', ese gran colectivo de personal sanitario, ha ganado su primera batalla allí donde casi nadie pensaba que iba a hacerlo: en los tribunales, en los que se sustancian hasta catorce procedimientos contra la ComunidadLa dimensión del “proceso privatizador” (sic) parece haber sensibilizado al Tribunal que detalla cómo abarca a seis hospitales de la red pública de Madrid que cuenta con 1.149 camas, a cuatro centros de especialidades y a otros cuatro de salud mental. La medida afectaría a 92 municipios y a dos distritos de la capital y engloba la prestación sanitaria que corresponde a 1.151.588 ciudadanos y a un conjunto de más de 5.000 profesionales (sanitarios o no) que prestan servicios en los hospitales y centros que serían objeto de gestión externalizada.

El Tribunal es muy claro porque considera que “la modificación del sistema de gestión de la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones tan extraordinarias (…) que harían muy difícil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida de suspensión cautelar y se estimara el recurso, volver a la situación anterior, por lo que la no adopción de la medida solicitada (la suspensión) haría que el recurso pudiera perder su finalidad legítima, creándose situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte…” Y por si fuera poco, la resolución llega a apreciar “apariencia de buen derecho” en la impugnación de AFEM contra la licitación de la gestión de este sector de la sanidad madrileña.

El revolcón para los liberales madrileños que se aposentan en el Gobierno autonómico es de campeonato. Pero se lo han ganado a pulso. Introdujeron la posibilidad de gestión privada sanitaria de manera prepotente en una ley de acompañamiento a los Presupuestos (recurrida en parte ante Constitucional) sin permitir un debate en profundidad que hubiese favorecido sus pretensiones. Luego se enfrentaron a la marea blanca con una escasa capacidad de interlocución y menos aún de persuasión y, por fin, renunciaron a convencer mediante una comunicación pedagógica, tanto a medios de comunicación como a la opinión pública a su través.

Determinadas declaraciones de empresas potencialmente licitadoras y algunos ejemplos de externalización fracasados o muy deficientes, han terminado por rematar la intolerancia social hacia este tipo de políticas de gestión.A muchos -incluidos conservadores- no les gusta que la Administración Pública deje en manos privadas, con ánimo de lucro, por razonable que sea, determinados servicios públicos vinculados históricamente con el Estado de bienestar: la educación, el sistema de salud y las prestaciones sociales. Aunque en Madrid funcionan en régimen de gestión externalizada centros modélicos (Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo), este tipo de procesos no puede hacerse a ritmo de zapadores sin dar tiempo a que permeen las razones que aconsejan este tipo gestión externa de servicios esenciales.

Por otra parte, determinadas declaraciones de empresas potencialmente licitadoras y algunos ejemplos de externalización fracasados o muy deficientes, han terminado por rematar la intolerancia social hacia este tipo de políticas de gestión. Además, estas decisiones se deben implementar poco a poco, progresivamente. Por el contrario, el Gobierno de Madrid ha querido ejecutarlo a las bravas nada menos que con seis hospitales y ocho centros de salud. Demasiado.

Aunque González intente -y no lo logrará- que Madrid sea mejor considerada por Montoro en la financiación autonómica; aunque trate de reducir la fiscalidad directa en el margen, pequeño pero existente, que la ley le permite pese a las ironías del ministro de Hacienda, lo cierto es que, sin el control del partido (que domina Aguirre) y sin la comprensión del Ejecutivo para facilitar Eurovegas, no tiene -o tiene muy poco- que ofrecer. O sea, que Madrid -capital y comunidad- está en el alero electoral, como Valencia. Y sin banquillo, porque Lucía Figar ha jugado sus bazas con la marea verde y con las Universidades con una incomprensión, con una dureza y una falta de habilidad, impensables en una política tan inteligente como parecía la consejera de Educación.

La falta de sintonía entre la Comunidad y el Gobierno, la bicefalia González-Aguirre, el pésimo momento por el que atraviesa la alcaldesa y la falta de liderazgo en la dirección del PP (que ahora parece querer retomar Rajoy) fragiliza el bastión madrileño para los 'populares' en beneficio de una conjunción PSOE-IU que podría ser una fórmula extensible a otras comunidades autónomas en las que el PP ha perdido fuelle de manera notoria.

Por eso, la victoria judicial de la marea blanca de Madrid sobre el Gobierno de la comunidad es un clarinazo de atención a Rajoy y al partido. Su hemorragia electoral no vendrá ni sólo ni principalmente de las europeas de 2014, sino de la disminución radical de su poder local-autonómico logrado tan exitosamente el 22 de mayo de 2011. Cuánto se puede ganar en poco tiempo y perder en menos aún. En el tiempo, justamente, que tarda en subir o bajar una marea. Como ocurre en Madrid, que está en pleamar.