Concertinas mediáticas y “desastre de marca”

Si, según los estudios PISA, los españoles tenemos una baja comprensión lectora, ni el Gobierno ni el PP, ni los tribunales, pueden aspirar a que la

Foto: Miguel Ricart, a su salida de la prisión (EFE)
Miguel Ricart, a su salida de la prisión (EFE)

Si, según los estudios PISA, los españoles tenemos una baja comprensión lectora, ni el Gobierno ni el PP, ni los tribunales, pueden aspirar a que la generalidad de los ciudadanos comprenda la anulación de la retroactividad de la doctrina Parot sentenciada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En ejecución de la resolución están saliendo a la calle, en medio de la alarma social y de la incomprensión política y jurídica, grandes delincuentes (violadores, asesinos) y terroristas. A la imagen de facinerosos que ofrecen algunos de estos excarcelados, se une, en el caso de los etarras, unos ongietorris (bienvenidas) que escarnecen a las víctimas. Sin embargo, el Gobierno no es responsable de la sentencia de Estrasburgo ni está muy claro lo que puede hacer para contrarrestar la sensación de impunidad que crea su cumplimiento.

Desde Moncloa y Génova, no obstante, se es consciente de que este asunto erosiona más al PP y a sus posibilidades electorales que el proceso soberanista de Cataluña o el caso Bárcenas. El electorado del PP contempla perplejo lo que sucede y sólo ha obtenido una respuesta política que tampoco parece compartir: una ley de Seguridad Ciudadana que sólo sirve para que el Ejecutivo demuestre que es enérgico en la defensa del “orden público”. No parece que el gesto normativo se lo hayan comprado sus votantes, ni tampoco los medios próximos a Rajoy y a su equipo. Más aún: es perceptible el enorme malestar gubernamental con las portadas de los periódicos supuestamente más cercanos a las políticas del Gobierno. En expresión de un alto cargo de Moncloa “parecen El Caso”.

Esas portadas “amigas” y la abundancia de imágenes en TV que reflejan al minuto la salida de las cárceles de estos delincuentes se comportan para las expectativas del PP como “auténticas concertinas” en confesión sincera de un ministro del Gobierno que se lamenta de que “nos hemos encontrado con la sentencia de Estrasburgo sin comerlo ni beberlo”. Es cierto, al menos en parte. La doctrina Parot es un artificio jurisprudencial de 2006 -en pleno zapaterismo- que nace en la Audiencia Nacional, se ratifica por el Supremo y también, con reparos, por el Tribunal Constitucional. Y han sido los tribunales de justicia, aquellos que crearon esa tesis sobre el cumplimiento de las penas en delitos sancionados con el Código de 1973, los que se han precipitado en demasía en la ejecución de la sentencia de Estrasburgo.

Las “concertinas” mediáticas están causando graves lesiones al PP, muchas más y más graves que otros asuntos igualmente relevantes para su electorado como la carga impositiva fiscal o el incumplimiento de numerosas promesas electorales ¿Cabía alguna opción alternativa? Pocas. Quizás una posición diferente del Ministerio Fiscal que se ha dado demasiada prisa con exceso de complacencia en informar favorablemente todas las excarcelaciones (a diferencia de la Abogacía del Estado que se ha opuesto a la del asesino de las niñas de Alcasser) cuando quizá pudo haberlas ralentizado, o solicitado que el fallo de Estrasburgo se aplicase caso por caso y mediante la interposición de recursos extraordinarios de revisión. Pero los jueces y magistrados han corrido a enmendar su error -porque la retroactividad de la doctrina Parot ha sido un error mayúsculo de técnica jurídico penal- y lo han hecho de una manera tal que parecían abochornados por el severo correctivo proporcionado por el tribunal europeo.

En estas circunstancias, las “concertinas” mediáticas están causando graves lesiones al PP, muchas más y más graves que otros asuntos igualmente relevantes para su electorado como la carga impositiva fiscal o el incumplimiento de numerosas promesas electorales como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha mostrado la vocación convencional de los populares de continuar por el camino que lleva al deterioro definitivo de la credibilidad del órgano de gobierno de los jueces, es decir, del Consejo General del Poder Judicial.

Rajoy, el Gobierno y su partido recibirán en las elecciones europeas un severísimo castigo. Las encuestas que se manejan así lo adelantan y atribuyen a la ejecución de la sentencia de Estrasburgo una enorme importanciaComo explica en su último ensayo Moisés Naím (El fin del poder), una de las maneras en las que se degrada el poder es cuando se produce lo que él denomina un “desastre de marca”. Es lo que le está sucediendo al PP. Su “marca” política es incompatible con el espectáculo mediático de un goteo incesante de excarcelaciones -llegarán a un centenar- para las que la opinión pública carece de explicación porque la que tiene es demasiado técnica e ininteligible. De otra parte, el nerviosismo del ministro de Interior, primero con su proyecto de Seguridad Ciudadana y luego con las excusas que debió presentar al Gobierno vasco tras de afirmar la responsabilidad de la Ertzaintza en las permisivas bienvenidas a los etarras, está provocando una perceptible impermeabilización social a las razones gubernamentales que se explican mal, desordenadamente y con escasa técnica comunicacional.

Estas “concertinas” mediáticas que lesionan al PP y causan un “desastre de marca”, unidas a otros asuntos que han molestado a sus votantes, permiten augurar con escaso margen para el error que Rajoy, el Gobierno y su partido recibirán en las elecciones europeas un severísimo castigo. Las encuestas que se manejan así lo adelantan y atribuyen a la ejecución de la sentencia de Estrasburgo una enorme importancia. Es uno de los “pasivos” a los que se refirió Ana Botella -por ella hablaba un sector del partido- en su conferencia en el club Siglo XXI. “Pasivos” que emergen en comunidades como la de Valencia (el PP la da por perdida) y Madrid (en el filo de la navaja). Y en poco tiempo, apenas quince días, desde Barcelona a Rajoy le lesionará otra “concertina”: la fecha y la pregunta de la consulta catalana, momento en el que la crisis política adquirirá todo su volumen.

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