El reinado de Felipe VI, en juego

Nota previa: La edición internacional del New York Times de ayer, 7 de febrero, publica en primera página la información sobre la declaración de la infanta Doña Cristina y desarrolla la crónica en su página 3. En la página 6, el diario publica, junto a los editoriales, el artículo del exdirector de El Mundo, Pedro José Ramírez, en el que se mantiene la tesis -según él manipulada por el periódico norteamericano- de que la democracia española es tan frágil como en 1975. Infanta y periodista trabajan activa y patrióticamente por la marca España.

 

Para valorar el daño que el caso Nóos ha hecho a la Corona, al Rey y a la Familia Real, hay que acudir a la hemeroteca. El 4 de marzo de 2012 -antes del accidente de Don Juan Carlos en Botsuana- el diario El País publicó un editorial bajo el título “El caso Urdangarin y el futuro de la Monarquía”. En aquel texto el principal periódico español sostenía que “sólo la frivolidad, el populismo y el amarillismo periodístico, o la mezcla de los tres, permiten confundir la crítica que merece el comportamiento no ejemplar de Iñaki Urdangarin con un debate sobre el futuro de la Monarquía. Una conducta presuntamente irregular de aquel para nada significa una crisis de legitimidad en la jefatura del Estado, ni es admisible abrir una discusión ficticia sobre ello al hilo de elucubraciones y cotilleos de la prensa rosa y los programas del corazón (…).”

No han transcurrido dos años aún de aquel editorial tan terminante -y quizás lógico en aquellas circunstancias- cuando el mismo diario se desdice, aunque no lo haga editorialmente. El pasado domingo, El País, con una amplia llamada en su primera página, publicaba un sólido artículo firmado por el historiador Santos Juliá bajo el título de “La erosión de la Monarquía”. El profesor Santos Juliá advierte de que “ahora ha sido la conducta de las personas, y no sólo del Rey, también de su hija y de su yerno, las que han restado hasta límites que pueden llegar a ser insoportables la confianza en la institución”. El articulista, hombre situado en la izquierda pero de una gran fiabilidad intelectual, llegaba a la conclusión en su texto de que “desvincular la institución de la persona del Rey seria el beneficio más notorio de la transmisión en vida de la Corona. Puede ser el principio de una recuperación de confianza bajo un nuevo titular”. O sea, apremiaba a la abdicación. Juliá percibe -por más que otros lo nieguen- lo que parece evidente: la crecida del republicanismo en España, secundado por las nuevas generaciones de la izquierda (habrá que explicar lo que significa Pablo Iglesias y su Podemos y la figura emergente y explícitamente republicana de Alberto Garzón de IU) y el escepticismo de las liberal-conservadoras.

La hija menor de los Reyes, además de someterse a la justicia, como hoy en la comparecencia ante el juez Castro en calidad de imputada por dos delitos (fiscal y de blanqueo de capitales), ha de asumir -al margen de la responsabilidad penal que haya podido contraer- otro tipo de responsabilidades: la cívica y la institucional

La Infanta Doña Cristina y su marido han de ser conscientes de que, pese a comportamientos del Rey que han impactado negativamente en su popularidad y le han restado legitimidad moral, son sus conductas las que han erosionado a la Monarquía como ninguna otra circunstancia adversa por la que la institución ha atravesado en estos últimos años. De tal manera que la hija menor de los Reyes, además de someterse a la justicia, como hoy en la comparecencia ante el juez Castro en calidad de imputada por dos delitos (fiscal y de blanqueo de capitales), ha de asumir -al margen de la responsabilidad penal que haya podido contraer- otro tipo de responsabilidades: la cívica y la institucional.

La primera le requiere a que, como va a solicitar el fiscal, restituya el daño por la participación lucrativa en los ingresos obtenidos de forma presuntamente irregular y eventualmente delictiva, por su esposo. La cuantificación deberá realizarla el propio tribunal, pero sería mucho mejor que la infanta se adelantase y depositase cautelarmente el cincuenta por ciento de la cantidad que Nóos obtuvo de las Administraciones Públicas con las que contrató y a las que no prestó servicio alguno. No haría bien Doña Cristina en esperar a que se dilucide su responsabilidad civil si su marido es condenado, en el trámite de la sentencia de la Audiencia Provincial. Siempre ha ido la Infanta por detrás de los acontecimientos y hora es que se adelante a ellos.

Renuncia a los derechos de sucesión y del título ducal

Pero no basta la restitución del dinero disfrutado sin justo título. Concurre también una responsabilidad cívica e institucional. La Infanta ha de dirigirse a la sociedad española, pedir disculpas por su comportamiento y el de su esposo y, en acreditación de que en su ánimo no está contaminar a la institución de la Corona con el reproche a sus conductas, renunciar ipso facto a sus derechos sucesorios (es la séptima en el orden de sucesión) y al título ducal de Palma que es de la Corona y le fue otorgado a ella por su padre el Rey cuando se casó con Iñaki Urdangarin. Ya sabemos que la primera de las renuncias es desaconsejada por el presidente del Gobierno, pero su criterio no deja de ser lejano a los pulsos de la ciudadanía.

Doña Cristina ha de saber que ella es corresponsable directa de un grave deterioro de la institución y que su comportamiento y el de su marido han agravado otros hasta el punto de que está en juego el reinado de su hermano. Ha de comportarse, por lo tanto, como Infanta de España y no como esposa de Iñaki Urdangarin

Cierto que ambas renuncias serían simbólicas, pero la potencia de la Corona reside en su simbolismo y su reputación en la ejemplaridad de los miembros de la Familia Real y del propio Rey. Lo que el catedrático García de Pablos ha denominado “el coste de la imputación de la infanta”, se vería atenuado con estas renuncias ya que Doña Cristina no ha querido realizar la más tajante de todas las posibles: separarse de su marido, pese a que, como ha escrito Elvira Lindo, “permanecer junto a un hombre que timó al Estado, gracias a ciertos políticos, es aprobar su falta de decencia”.

Todo esto es sustancial e importante para el Estado porque lo que está en juego es la Monarquía. Las nuevas generaciones no tienen memoria de los méritos del Rey, pero sí de sus deméritos; el recuerdo colectivo no alcanza a sus esfuerzos y ejemplaridades pero tiene muy presente los últimos años de desintegración de su familia y de la incorrección de algunos de sus comportamientos. La opinión pública, en una situación de crisis económica, social y política como la actual, no se va a parar en barras por carismas que fueron o por tradiciones históricas que la posmodernidad ha relativizado.

No sólo está sobre la mesa la abdicación del Rey en los términos que expone, por ejemplo, el profesor Santos Juliá sino la propia Corona que ha de pasar al Príncipe de Asturias para que la esperanza de un Felipe VI no sea un mero espejismo. En definitiva: Doña Cristina ha de saber que ella es corresponsable directa de un grave deterioro de la institución y que su comportamiento y el de su marido han agravado otros hasta el punto de que está en juego el reinado de su hermano. Ha de comportarse, por lo tanto, como Infanta de España y no como esposa de Iñaki Urdangarin.