La ducha escocesa destempla a Cataluña

Escocia se comporta respecto del independentismo catalán como la ducha que lleva su gentilicio. En ocasiones, el proceso escocés es una referencia y en otras no tanto. Agua caliente (o templada) y fría, alternativamente. El pasado domingo Financial Times daba cuenta de cómo los más importantes empresarios de grandes superficies, supermercados y comercios del Reino Unido se manifestaban rotundamente en contra de la propuesta secesionista de Salmond (“UK´s top retailers speak out against Scottish Independence”) y expresaban inquietudes e incógnitas que delatan la improvisación de la iniciativa de SNP de convertir Escocia en un país independiente.

Horas antes, Durão Barroso, desde la BBC, reiteraba por enésima vez la enorme dificultad de que un nuevo Estado se incorporase a la Unión Europea. Por su parte, el ministro principal escocés se dirigía ayer en Aberdeen a un auditorio de “empresas por Escocia” reclamando colaboración de Londres y de Bruselas, apelando al “sentido común”, si su país decidía el 18 de septiembre próximo –fecha del referéndum– convertirse en un Estado. Desde la capital británica está tomada la decisión: si Escocia se independiza, saldrá de la libra esterlina y de la Unión Europea.

Las circunstancias adversas de una eventual independencia de Escocia son consideradas por Salmond como “presiones” y “apelaciones al miedo” y repercuten de manera inmediata en Cataluña. Ayer, apareció en Il Corriere de la Sera una entrevista con Artur Mas (el domingo la entrevista fue con el ministro principal escocés), que cada día sitúa la cuestión catalana más al borde de lo irresoluble: “La independencia es el futuro natural de una vieja nación”, dijo en el periódico italiano el presidente de la Generalitat, que reclamó de la Unión Europea una suerte de ignota flexibilidad para que la independencia de Cataluña sea compatible con su mantenimiento en la UE.

Los medios de comunicación europeos y los pronunciamientos públicos de las autoridades estatales, comunitarias y de Escocia y Cataluña están coincidiendo en el tiempo, el tono y hasta en el contenidoEl domingo, Mas publicó en periódicos de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Malta, Croacia y Estonia un artículo bajo el título "Dejadnos votar" (Let us vote!), una pieza más en el tablero de la internacionalización de la reclamación del separatismo catalán. Y como si de una respuesta formal se tratara, ayer también, los presidentes de las patronales española (CEOE) y catalana (Foment del Treball) –Joan Rosell y Joaquim Gay de Montellà, respectivamente– contestaron a la invitación de Más para que las empresas se implicasen “en política” (el órdago independentista, se entiende) y lo hicieron con una educada negativa. Las empresas, dijeron, están para crear riqueza y puestos de trabajo. Y se limitaron a apelar, una vez más, al diálogo.

Aunque en marcos políticos y jurídicos bien distintos, los medios de comunicación europeos y los pronunciamientos públicos de las autoridades estatales, comunitarias y de Escocia y Cataluña están coincidiendo en el tiempo, el tono y hasta en el contenido. El factor económico-empresarial, el financiero y la permanencia en la Unión Europea de ambos territorios se están revelando como los grandes argumentos-fuerza de un debate que ya es continental, aunque los órganos de la UE respeten los procedimientos internos a través de los que se encauzan.

Las apuestas abonan la tesis de que los escoceses rechazarán la independencia el 18 de septiembre en un referéndum que se celebrará siete días después de la Diada del tricentenario de la caída de Barcelona el 11 de ese mes de 1714, data mítica para el independentismo y el catalanismo en general. Y, también, a menos de dos meses del 9 de noviembre, que es la fecha en la que las fuerzas secesionistas catalanas han marcado en el calendario para celebrar una consulta que –al menos al amparo de la ley– no se celebrará.

Si el electorado escocés, como ahora parece, rechaza mayoritariamente la secesión, la ducha sobre las aspiraciones del independentismo catalán será de agua helada y conducirá a que Artur Mas convoque elecciones anticipadas plebiscitarias que podrían celebrarse, justamente, el 9 de noviembre. La presión no le permitirá, como él quiere, concluir la legislatura, porque el Gobierno habrá denegado tanto la delegación de sus facultades para convocar un referéndum como impugnado ante el TC una eventual convocatoria al amparo de la ya próxima ley catalana de consultas.

Si el electorado escocés rechaza la secesión, la ducha sobre las aspiraciones del independentismo catalán será de agua helada y conducirá a que Mas convoque elecciones anticipadas plebiscitariasEl riesgo de convertir en una suerte de referéndum unas elecciones al Parlamento catalán, especialmente si Escocia decide permanecer en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es descomunal para CiU, que se jugaría el todo por el todo y entregaría, seguramente, la hegemonía nacionalista-independentista a ERC. Este proceso iniciado con las elecciones catalanas de noviembre de 2012 está siendo absorbido por una dinámica destructiva de la cohesión en el conjunto de España pero, más específicamente, de la sociedad catalana.

Una sociedad que observa cómo su sistema de partidos está en crisis (CiU con precaria unidad, el PSC instalado en graves contradicciones, los socialistas y populares transfiriendo votos a Ciudadanos, el empresariado dividido entre las pymes proindependentistas y las grandes compañías contrarias) y cómo la referencia escocesa comienza a ser más desalentadora que motivadora, más disuasoria que convincente.

Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo sitúan a España en un período preelectoral que es un tiempo-basura en términos políticos, aunque el 25 de mayo dispondremos de un indicio importante: el resultado de la coalición de CiU y PNV y de la que forme ERC que, curiosamente y como hubiese parecido lógico, no han unido fuerzas en la primera convocatoria a las urnas después de la articulación del proyecto independentista.

Y para la primavera, el Tribunal Constitucional podría haber ya dictado sentencia sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán. Y podría también tratarse de una resolución ambiciosa que, además del reproche de inconstitucionalidad a la manifestación de voluntad de la Cámara catalana, incorpore consideraciones útiles, desde el punto de vista constitucional, para alumbrar una salida practicable a un problema que, en los términos actuales, se presenta como insoluble.