La sentencia que dictaría Pablo Iglesias

Antes de que en la carrera de Derecho se expulsase a los filósofos clásicos, aprendíamos con Sócrates lo que le corresponde hacer a un juez

Foto: Asedio al parlamento catalán el 11 de junio de 2011. (EP)
Asedio al parlamento catalán el 11 de junio de 2011. (EP)

“El exceso es el veneno de la razón”. Francisco de Quevedo

 

Antes de que en la carrera de Derecho se expulsase -como ahora sucede- a los filósofos clásicos que desentrañaban el sentido de la ley y de la justicia, aprendíamos con Sócrates que a un juez le corresponde “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

El sistema judicial español es tan deficiente y está tan politizado que no es fácil predicar estos atributos en demasiados jueces y magistrados. Por lo general, la administración de la justicia en España -sobre lenta- es de baja calidad argumentativa y de cada día más preocupante fragilidad técnica. Sólo dar la vuelta como a un calcetín al actual entramado del Poder Judicial  (intervenido por el Ejecutivo y los partidos), y a la provisión de funcionarios en la magistratura y en los cargos jerárquicos que ostentan, justificaría una reforma constitucional a la que tantos temen.

El exordio anterior es necesario para encuadrar la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado día 7 de julio absolvía a los vándalos que el 15 de junio de 2011 (juzgados, pues, tres años después de sucedidos los hechos) cercaron el Parlamento de Cataluña y hostigaron a sus miembros y a los del Gobierno de la Generalitat. No fue precisamente un inocuo escrache sino algo decididamente más grave. Aunque escraches ha habido que merecieron algo más que displicencias judiciales.

Lo grave es la legitimación del 'exceso' en el ejercicio de libertades constitucionales que el ponente de la resolución, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, y la magistrada que le secundó, sostienen en su errática resolución

Las imágenes de aquellos acontecimientos en Barcelona relevan de ulteriores consideraciones sobre sus características ilícitas. Lo grave de la sentencia de la Audiencia Nacional -el presidente de la Sala Penal, Grande Marlaska emitió un voto particular discrepante- no es la absolución de los vándalos por supuesta falta de pruebas. Lo grave es la legitimación del “exceso” en el ejercicio de libertades constitucionales que el ponente de la resolución, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, y la magistrada que le secundó, Manuela Fernández Prado, sostienen en su errática resolución.

El “exceso” en el ejercicio de las libertades

En puridad, no estamos ante una fundamentación jurídica, sino ante un alegato populista fuertemente ideologizado para tratar y conseguir, de momento, la inaplicación de la ley penal. Porque dice la sentencia que “cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”.

La clave de bóveda de esta argumentación reside en dos palabras: “cierto exceso”, un concepto indeterminado que ampararía a los asediadores del Parlamento catalán para impedir impunemente la entrada en el edificio a los diputados autonómicos; insultarles, hostigarles, destrozarles la ropa con pintadas y apedrear a la Policía, entre otros comportamientos que sólo supusieron un “exceso” que  el tribunal considera imprescindible para que la protesta sea eficaz. Excederse en el ejercicio de las libertades sería, en consecuencia, una virtud democrática.

El magistrado Sáez Valcárcel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de la formación (IU) que ha aplaudido la sentencia. Sin embargo, el párrafo anterior parece arrancado de un documento ideológico de Podemos o de un discurso de Pablo Iglesias porque coincide fielmente con la crítica a los medios de comunicación -esos que le han convertido en una referencia  política- y con la tesis que propugna el llamado empoderamiento de los ciudadanos frente a las instituciones, en este caso el Parlamento catalán. De tal modo que si Pablo Iglesias hubiese tenido que juzgar los hechos del 15 de junio de 2011 en la capital de Cataluña habría sentenciado como Sáez Valcárcel y su compañera magistrada. Una sentencia en modo Podemos. Organización que ya ha impreso su impronta en una resolución importante de la Audiencia Nacional. ¿Se pasa la izquierda judicial de IU a Podemos?

España es presa, poco a poco, de una demagogia alimentada por la irritación ciudadana que ahora viene a ser secundada por los teóricos de la perversa práctica del uso alternativo del derecho

Para lograr la prioridad en el ejercicio de determinados derechos y libertades está la valoración de la prueba, la ponderación de argumentos y la modulación de las penas, pero nunca su carácter prevalente puede aplastar la vigencia efectiva de otros. Una cosa es primarlos y otra bien distinta consagrar la tesis de que pueden ser ejercitados impunemente con “exceso”  para que adquieran “eficacia”, sin aclarar a qué “eficacia” se refieren. Sostener tal argumento es una quiebra de la juridicidad, de la esencia de la ley y la introducción del peor de los populismos en la administración de la justicia. Se trata de una tesis judicial con derechos de autor: de Podemos.

En función de este razonamiento arbitrario, ¿qué impediría manifestarse con “excesos” ante la Audiencia Nacional cuando se celebre un juicio oral? ¿Podrían protestar los abogados por señalamientos de vistas para el año 2016 -rigurosamente cierto- impidiendo el paso a los magistrados a la sede del Tribunal? ¿Qué sucedería si al ponente de la causa de que se trata le tiznan la chaqueta a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional? ¿O se impondría la ley del embudo?

España es presa, poco a poco, de una demagogia alimentada por la irritación ciudadana que ahora viene a ser secundada por los teóricos de la perversa práctica del uso alternativo del derecho, es decir, de la aplicación selectiva de la ley en función, no de las conductas, sino de elementos subjetivos y de oportunidad que concurren en los supuestos que juzgan.

No es extraño que en el barómetro del CIS de 2013, la profesión peor valorada fuera la de los jueces. Peor, incluso, que la de los periodistas. Que ya es decir.

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