La Cataluña política, colapsada

El periodista Jordi Mercader escribió el jueves en El Periódico de Catalunya que quizás la “causa nacional” de Cataluña este viviendo un “bienio negro” (2012-2014), del que serían responsables, incluso, los que, como él, se declaran escépticos. Mercader es un catalanista peculiar. Se atrevió a escribir hace un par de años un libro titulado Un blanc a la nació culer (Columna Editors) en el que reivindicaba la doble condición de catalán y seguidor del Real Madrid. A partir de semejante heroicidad, sus opiniones se sitúan en un terreno de especial interés. De ahí que la alusión a los dos últimos años políticos en el Principado como “negros” para su “causa nacional” sea muy sintomática de lo que allí ocurre.

Y lo que ocurre en Cataluña es que su clase dirigente ha entrado en una especie de colapso, de paralización, ante la obviedad de que los impulsores del llamado proceso soberanista se han introducido en un laberinto al que en este periódico se ha referido también Juan Tapia. En post anteriores ya expuse la tesis de que el secesionismo vive pero el proceso está muerto (5 de agosto) y que Cataluña se ha instalado en la irrealidad y en la intolerancia (9 de agosto).

Transcurridas unas semanas de aquellos textos, el diagnóstico, además de confirmarse, se agudiza. Con el hecho añadido de que han surgido dos nuevos actores políticos y sociales: Sociedad Civil Catalana, reforzada con apoyos socialistas como el de Chacón, y Guanyem, de Ada Colau, que podría ser una franquicia de Podemos, una organización que amenaza con una fuerte representación futura en el Ayuntamiento de Barcelona.

Los tres lastres de la política catalana

Tres lastres mantienen varada la política catalana. El primero consiste en el debate de los independentistas que se sustancia entre recurrir a la insurrección o asumir la legalidad que estribaría en acatar la suspensión de la convocatoria del 9-N que, con seguridad, dictará el Tribunal Constitucional. La línea roja de mantenerse en la legalidad lo es para un sector de CDC y para Unió, pero no para CUP, ICV y, especialmente, ERC. La ruptura de la legalidad constitucional no es para los republicanos una hipótesis de trabajo, sino una decisión predeterminada. Una realidad a la que CDC no quiere enfrentarse hasta que no llegue el momento. Una política que hace irreal la situación porque aplaza la cita con las decisiones más cruciales.

Mientras tanto, el locuaz Josep Rull, nuevo hombre fuerte de CDC tras la caída de Oriol Pujol, trata de conciliar –esfuerzo inútil– las muy diferentes posiciones de los responsables de Unió (Ortega, Rigol) con las de convergentes tan recientemente radicales como la Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Por su parte, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, hace jeribeques, pero advierte a Mas que desacatar al Constitucional sería un “desastre” para Cataluña. Entre otras razones porque el Gobierno de Rajoy –155 de la Constitución por medio– no podría considerar la insurrección como un episodio venial, sino como el interruptor que pondría en marcha la cláusula de coerción prevista en la Carta Magna.

Lo que ocurre en Cataluña es que su clase dirigente ha entrado en una especie de colapso, de paralización, ante la obviedad de que los impulsores del llamado proceso soberanista se han introducido en un laberinto

En este contexto, los republicanos permanecen sin fisuras tanto en su discurso separatista insurreccional como en su distanciamiento con CiU y Mas, al que ya no le envían mensajes de apoyo, sino de terminante exigencia, todo ello sin intención de asumir responsabilidades de gobierno. ERC sigue nutriéndose de un proceso soberanista que nació muerto con el fracaso electoral de CiU en 2012, cuyas contradicciones no han tenido otro efecto que fortalecer a Junqueras y su discurso.

Pujol da la estocada

El caso Pujol ha terminado por estoquear el supuesto dinamismo del proceso. Si convulsionó la confesión del expresidente de la Generalitat del 25 de julio pasado reconociendo ser un evasor fiscal, tanto lo ha hecho la estrategia de defensa judicial de sus intereses patrimoniales que Pujol ha orquestado en pleno agosto ante las autoridades andorranas. El hombre que parecía arrepentido y que trataba de “expiar” su culpa, ha urdido un plan jurídico-político para mantener la opacidad de su fortuna y la de sus hijos –conseguida por procedimientos que podrían ser delictivos– abofeteando las últimas expectativas de probidad que se le atribuían.

Pujol comparecerá en el Parlamento catalán ante una comisión ordinaria evitando una alternativa de investigación que sería para él mucho más lesiva que una intervención en la que se limitará con seguridad a reiterar los términos de su autoinculpación. Para el expresidente, sentarse ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento es pan comido porque lo esencial para él y su familia es la defensa judicial –un tanto filibustera– ante las autoridades de Andorra que paralizaría de momento al juez Ruz. Los catalanes –y los demás españoles– desconocían que Pujol era un evasor de impuestos, pero acaban de descubrir que es también un cínico redomado. Su anterior personalidad eminente se ha diluido en el personaje pedestre y muy menor que está demostrando ser.

Los catalanes -y los demás españoles- desconocían que Pujol era un evasor de impuestos, pero acaban de descubrir que es también un cínico redomado. Su anterior personalidad eminente se ha diluido en el personaje pedestre y muy menor que está demostrando ser

Todas estas circunstancias, con una fuerza tractora inversa entre sí, paralizan, colapsan, la Cataluña política que se enfrenta, por una parte, a una realidad (la ruina de su sistema de partidos y de una buena parte de sus valores sociales, fruto de un descabalado proceso soberanista hundido por la incompetencia y la superchería de sus patrocinadores, como lo demuestra la taimada conducta de Pujol y de quienes se la consintieron) y, por otra y simultáneamente, a una aspiración inviable (la consulta independentista), que lo es no sólo porque colisiona con la legalidad constitucional, sino porque, además de carecer de cualquier apoyo externo a Cataluña, está privada de la energía de la unidad partidaria e institucional que exigiría para resultar mínimamente verosímil.