España se enfrenta hoy en Cataluña a la crisis constitucional más grave desde el 23-F

El Parlament aprobará la propuesta de resolución en la que "se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república"

Foto: Concentracion independentista en la Plaza de Cataluña de Barcelona. (EFE)
Concentracion independentista en la Plaza de Cataluña de Barcelona. (EFE)

El pleno del Parlamento catalán votará esta mañana, y aprobará, la propuesta de resolución presentada el pasado día 27 de octubre por Junts Pel Sí y la CUP en la que “se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. En rigor, se trata de una declaración unilateral de independencia porque la resolución no prevé la posibilidad de vuelta atrás o negociaciones con el Estado para alcanzar la estatalidad. [Siga en directo la votación de la propuesta de independencia en el Parlament]

Además, la propuesta -de nueve puntos- proclama que “como depositario de la soberanía y expresión de poder constituyente, reitera que este Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional, al que se considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatut votado previamente por el pueblo en referéndum”. Junto a esta propuesta de resolución, se votará también un anexo que mandata al futuro Govern a reestructurar la deuda catalana y la desobediencia a determinadas leyes del Estado vigentes en la actualidad, la mayoría de carácter social.

Contra la irregular formación de la junta de portavoces -cuando se reunió, el PP no se había constituido como grupo- y contra la calificación para tramitar la propuesta, se interpusieron recursos de amparo por los diputados de Ciudadanos, PP y PSC. Los recursos fueron admitidos el jueves pasado por el TC por posible infracción del artículo 23 de la Constitución. Sin embargo, el alto tribunal no atendió la petición complementaria de medidas cautelarísimas solicitadas por los diputados de Arrimadas y Garcia Albiol para suspender el acto parlamentario.

Las sombras de Mariano Rajoy (d) y del presidente de UPN, Javier Esparza, en un acto en Pamplona. (EFE)
Las sombras de Mariano Rajoy (d) y del presidente de UPN, Javier Esparza, en un acto en Pamplona. (EFE)

La iniciativa secesionista saldrá adelante con los 62 votos de Junts Pel Sí (que reúne a CDC, ERC y las organizaciones sociales independentistas) y los 10 de la CUP. Parece descartado que el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot (en la que se integra Podemos) la vote porque ha presentado otra alternativa, aunque podría abstenerse para diferenciarse de Ciudadanos, PSC y PPC. El grupo parlamentario de CSQP se escindió el lunes 26 de octubre en la elección de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Cinco de sus parlamentarios avalaron la elección de la líder independentista, que sumó mayoría absoluta pese a los 57 votos en contra, uno en blanco y otro nulo. La votación, en principio, se prevé por llamamiento nominal a cada diputado, aunque a última hora de la tarde de ayer existían dudas sobre si Junts Pel Sí solicitaría que fuese secreta para eludir responsabilidades.

La aprobación de la propuesta implica una crisis sin precedentes en el sistema constitucional de 1978. Habría que remitirse a la declaración unilateral de independencia hecha por el 'president' Lluís Companys el 6 de octubre de 1934, que acabó siendo reprimida militarmente por el Gobierno de la II República. En todo caso, y salvando las distancias, la declaración de independencia que implica la propuesta es un golpe al Estado democrático que, en cuanto a sus posibles efectos si se lleva a cabo con desobediencia a las instituciones y leyes del Estado, asemejaría la situación a la precariedad constitucional que se produjo durante varias horas el 23 de febrero de 1981.

El Gobierno ha previsto para mañana un Consejo de Ministros extraordinario con el fin acordar la impugnación del acuerdo del Parlament ante el TC

De ahí que el Gobierno presidido por Rajoy haya previsto para mañana un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de acordar la impugnación del acuerdo del Parlament ante el Tribunal Constitucional previo dictamen del Consejo de Estado. La admisión a trámite del recurso del Ejecutivo conlleva automáticamente la suspensión de la declaración en toda su extensión al menos por cinco meses, transcurridos los cuales sin fallo sobre el fondo, el TC podría levantar o prorrogar. Si autoridades o funcionarios de la Generalitat desafían la suspensión, el propio TC, apoderado por la última reforma de su ley orgánica, puede inhabilitarlos o imponerles multas, sin perjuicio de la intervención del fiscal en la persecución de delitos de desobediencia y la aplicación, en último término, de las facultades excepcionales que la Ley de Seguridad del Estado confiere al presidente del Gobierno y al propio Gabinete. El Gobierno descarta, de momento, pedir a la diputación permanente del Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El acto parlamentario de hoy supone una de las culminaciones del proceso soberanista que comenzó en 2012 e implica la supeditación de Convergència Democràtica de Catalunya -y, en menor medida, de Esquerra Republicana- a la estrategia de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), sin cuyos votos (10) no se completa la mayoría absoluta en la Cámara autonómica. De la CUP depende también la investidura de Artur Mas -propuesta al Parlament por su presidenta el pasado viernes- para continuar al frente del Govern.

El líder de la CUP, Antonio Baños. (EFE)
El líder de la CUP, Antonio Baños. (EFE)

Los dirigentes de la CUP, sin embargo, desligan la propuesta que hoy se vota de la sesión de investidura de esta tarde -comenzará a las 17:00- en la que se abstendrán impidiendo que Mas renueve la Presidencia de la Generalitat, aunque, como ya informó este diario, podría haber un acuerdo para que el grupo que lidera Antonio Baños 'preste' dos de sus 10 votos en una futura sesión de investidura posterior al 20 de diciembre, fecha de las elecciones generales. La alternativa a la investidura de Mas sería, seguramente, la convocatoria de nuevas elecciones en marzo de 2016, lo que supondría un quizás insuperable obstáculo a la continuidad del proceso soberanista, ya que en Junts Pel Sí se considera que el apartamiento de Mas resultaría un fracaso colectivo que colapsaría al movimiento secesionista. En las últimas horas, dirigentes de la CUP han asegurado que plantearán un candidato de consenso que sustituya la candidatura de Artur Mas, que, reiteran, no aceptan. Así lo aseguraría la encuesta publicada ayer por 'El Periódico de Catalunya': el 67% de los votantes del partido radical consultados rechaza al actual presidente de la Generalitat. Además, más del 52% de los encuestados no desea que Mas sea investido. La CUP parece tener la sartén por el mango en la suerte del líder de CDC.

La propuesta de resolución independentista ha servido a Rajoy para retomar la iniciativa perdida y para desplegar una agenda de actos simbólicos

La propuesta secesionista fue respondida nada más presentarse en el registro del Parlament el 27 de octubre pasado por una declaración institucional de Mariano Rajoy y el inicio de una ronda de conversaciones entre el presidente y los líderes políticos (PSOE, Ciudadanos, Podemos, Unió, Izquierda Unida) y agentes sociales que, aunque no ha cuajado en una declaración de consenso, ha constatado que la mayoría contempla el paso de Junts Pel Sí y CUP como un “disparate” y un atentado a la legalidad democrática. La propuesta de resolución independentista ha servido a Mariano Rajoy para retomar la iniciativa política perdida y para desplegar una agenda de presencias y actos simbólicos que concluyeron el pasado viernes con un acto en el Palacio Real de Madrid con la Guardia Civil. Previamente, en la rueda de prensa tras el habitual Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría señaló, “sin ninguna duda”, a la presidenta del Parlament de Cataluña como máxima responsable política y jurídica de la aprobación de la propuesta secesionista. Forcadell declaró ayer a 'El Nacional.Cat' que el Gobierno no “se atreverá” a aplicar la legalidad constitucional.

Artur Mas. (EFE)
Artur Mas. (EFE)

En Cataluña, la resolución que hoy se vota ha generado malestar en sectores importantes de Convergència Democràtica de Catalunya que emergieron en el consejo ejecutivo del Govern el mismo día 27 de octubre por parte de seis miembros del equipo de Mas, quienes, sin embargo, no reiteraron las críticas en la directiva de la organización que ratificó el texto. Los sectores disconformes con la propuesta, no obstante, subrayan que en la misma no ha intervenido “el cerebro jurídico” del proceso, es decir, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Pi-Sunyer, al frente del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Estos mismos sectores insisten en la “inutilidad” de la declaración si no se obtiene “con dignidad” la investidura de Mas con los votos de la CUP, que sigue rechazándola. Por lo demás, la coalición Junts Pel Sí se ha acabado. El 20 de diciembre, CDC se presenta a las elecciones por separado de ERC y lo hará bajo las siglas de Democràcia i Llibertat, con Reagrupament, denominación del partido que lidera Joan Carretero, y en compañía también de Demòcrates de Catalunya, integrado por los escindidos de Unió Democrática. Mas quiere esconder las siglas de su partido, CDC

Toda esta vorágine de acontecimientos se ha venido produciendo simultáneamente a la investigación judicial de la financiación de CDC a través de 'mordidas' y comisiones a las empresas adjudicatarias de obras y servicios, que ha motivado registros en sedes del partido y su fundación. Igualmente, durante estos días se ha desenvuelto con más datos el caso Pujol. La policía judicial registró el domicilio del expresidente de la Generalitat, también el 27 de octubre, en el que se encontraba su hijo Jordi Pujol Ferrusola, que con sus padres y demás hermanos está imputado en diversas causas que, seguramente, pasen a la jurisdicción de la Audiencia Nacional. La versión oficial de Mas, que compareció en la diputación permanente del Parlament el pasado 23 de octubre, es que el despliegue policial en estos casos responde al propósito del Gobierno de perjudicar al proceso soberanista y a él mismo, que se consideró como una pieza de “caza mayor”.

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