'Plegar velas' y levantar del banquillo a la Infanta

La acusación popular en España es, según la mayoría de los procesalistas, una desmesura. Es tan amplia su legitimación para ejercitar la acción penal que la arbitrariedad, el capricho o -como estamos viendo- la extorsión y el chantaje son las excrecencias de un sistema de supuestas garantías que se convierten en graves disfunciones. Luis Pineda (presidente de Ausbanc) y Miguel Bernad (secretario general de Manos Limpias) ofrecen el perfil, según el auto de prisión incondicional del juez Pedraz, de delincuentes prepotentes y relativamente sofisticados que han vivido al socaire de una especie de 'omertá' , de silencio cómplice o cobarde, de los chantajeados.

De no haber mediado la negativa del Banco Sabadell, CaixaBank y la decisión de Miquel Roca en el caso de la infanta Cristina -los presuntos delincuentes pedían una extorsión de millones de euros por retirar su acusación en el caso Nóos-, seguiríamos donde estábamos: suponiendo que en el sindicato de marras y en la asociación contra la actividad de los bancos y demás entidades financieras había gato encerrado, sin identificar cual. Ninguna de las entidades era 'simpática'. Manos Limpias pasaba por ser un sindicato de ultraderecha. Ausbanc -contra la que la banca española ha venido advirtiendo durante años- era aplaudida demagógicamente por las denuncias contra 'los poderosos'. Actuaban al unísono y se lucraban igualmente a pachas.

Nadie quiere decirlo públicamente, pero sabiendo lo que sabemos, tendría que haber algún mecanismo procesal para que la infanta Cristina se levantase del banquillo totalmente liberada de los cargos que ahora pesan sobre ella por la acusación de Manos Limpias (cooperadora necesaria en dos delitos fiscales). Las reglas son las reglas y, por tanto, de aplicación a la hermana del Rey, aunque sea políticamente incorrecto proclamarlo. Que Cristina de Borbón no actuase correctamente y haya contraído determinadas responsabilidades de orden social y político, no quiere decir que no esté siendo víctima de un chantaje frustrado. No la acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Solo lo hace la letrada Virginia López Negrete -¿está libre de sospecha la impulsiva abogada?-, a instancias de Manos Limpias, que anunció que 'plegaría velas' cuando recibiera la orden de hacerlo previo pago de los millones que recibirían Bernad y Pinedo del Sabadell u otras instancias. La Audiencia de Palma podría perfectamente expulsar a Manos Limpias y, automáticamente, Cristina de Borbón quedaría liberada de cualquier acusación.

Además de levantar a la Infanta del banquillo, es imprescindible un cambio de carácter procesal que restrinja la legitimación de la acusación popular

Es verdad que hay que ir caso por caso en las querellas interpuestas por Manos Limpias (caso Bárcenas, Neymar, Banco de Florida, Caja Madrid, el pequeño Nicolás, Interligare, Podemos, Pujol, Gowex…), pero resulta incomprensible que el fiscal no haya solicitado ya la suspensión de actividades del sedicente sindicato y de la asociación denunciadora, como paso previo a su disolución como persona jurídica. En todo caso, en la acusación de la infanta Cristina está probado que intentaron la extorsión y que no prosperó. La decisión del juez central de la Audiencia Nacional de encarcelar incondicionalmente a los 'pájaros' Bernad y Pineda es de una rotundidad absoluta que la Audiencia de Palma debe tener en cuenta sin más dilaciones.

Además de tratar de levantar a la Infanta del banquillo, es imprescindible que, al hilo de este suceso bochornoso, haya un cambio radical de carácter procesal que restrinja -como tantas veces se ha discutido- la legitimación de la acusación popular. Bastan y sobran -salvo en delitos muy concretos y con garantías plenas de que no hay intenciones bastardeadas por intereses inconfesables- la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En cierto modo, la doctrina Botín -tan discutida por los expertos- trató de poner coto a la rebatiña con la que actúan en España las acusaciones populares. Más allá del acierto de la tesis del Supremo, los tribunales penales y los jueces de instrucción contemplan con preocupación estas acusaciones, que solo muy puntualmente están libres de toda sospecha: como ocurrió con el meritorio ejemplo de activismo judicial de Unión, Progreso y Democracia.

En cierto modo, la doctrina Botín -tan discutida por los expertos- trató de poner coto a la rebatiña con la que actúan en España las acusaciones populares

El fin no justifica los perversos medios. Por tanto, hagamos justicia de verdad. Estas dos entidades se han convertido en un negocio con pingües beneficios para sus directivos y son judicialmente presuntas “organizaciones criminales”. El ejercicio de la acción penal es un asunto delicado como para dejarlo, sin controles, en manos sucias y en denunciadores demagogos (¡cuánto daño falsario al sistema financiero, se quiera o no reconocer, sea o no cómodo decirlo!).

Que la hermana del Rey se levante del banquillo -está probada la torticera intención de la acusación de Manos Limpias- sería un síntoma de rápida reacción contra el chantaje. Y la fiscal general del Estado debería, de inmediato, ponerse a estudiar las causas en las que Manos Limpias ha sido legitimada como acusación popular, no sin antes pedir al fiscal que corresponda que inste de inmediato la suspensión de actividades del sindicato. O sea, que 'pliegue velas' a todos los efectos.