La pretensión de que el Rey no reine (sobre el “borboneo”)

El Rey no gobierna, pero sí reina. Y reina, precisamente, en momentos como éste en los que el sistema democrático tiene su motor gripado

Foto: El rey Felipe VI en una imagen de archivo. (EFE)
El rey Felipe VI en una imagen de archivo. (EFE)

En las monarquías parlamentarias como la española, el Rey no gobierna. Carece de funciones ejecutivas, legislativas o judiciales. Pero la Corona siempre tiene un reducto competencial que no es, como se ha oído y leído en estos últimos días a presuntos especialistas a los que el republicanismo ciega, meramente simbólico.

Según estas tesis, las facultades que la Constitución en su artículo 56 (“arbitrar” y “moderar” lo que se denomina “el funcionamiento regular de las instituciones”) confiere al Jefe del Estado no serían normativas sino meramente declarativas, indumentaria jurídica sin efecto alguno. De tal manera que la ronda de conversaciones que comienza hoy en la Zarzuela –ordenada por el artículo 99 de la Constitución- resultaría un trámite protocolario vacío de contenido político y jurídico.

El Rey, así, se tendría que limitar a escuchar, sin otro margen que el de prestar oídos a lo que quieran decirle. Porque –en una frase impresentable en boca de un ministro de un Gobierno popular- “la Constitución prohíbe que el Rey “borbonee”. Se ha lucido García-Margallo con semejante comentario que, si admisible en términos coloquiales y de jerga periodística y descripción histórica, es por completo impropio de un cargo de la dimensión que conlleva la titularidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La pretensión de que el Rey no reine (sobre el “borboneo”)

Aquí hay políticos que añaden a su mediocridad la ignorancia de lo que significa la forma monárquica de Estado. Pretenden, no solo que el Rey no gobierne –en lo que todos estamos de acuerdo- sino que ni siquiera reine. Pues no: eso es lo que acaso llegó a pensar Mariano Rajoy cuando intentó que Felipe VI no confiriera a Pedro Sánchez el encargo de presentarse a la investidura, después de que él rehusase hacerlo.

A partir de unas declaraciones de Albert Rivera según las cuales pedirá a Felipe VI que persuada al secretario general del PSOE para que su grupo se abstenga y podamos disponer pronto de un gobierno, quien más quien menos se ha lanzado en plancha a criticar al presidente de Ciudadanos (hizo mal en desvelar lo que iba a decir al Rey, pero es perfectamente legítimo que le haga esa petición) y advertir al Jefe del Estado que su tarea es estar callado y escuchar, pero nada de “arbitrar”, ni “moderar” porque hacerlo supondría, según ese dechado de fineza política que es el ministro de Exteriores y Cooperación, “borbonear”.

En los conceptos de contenido abstracto como “arbitrar” y “moderar” cabe el consejo –se pida o no porque corresponde al Rey darlo o eludirlo-, cabe intentar la mediación entre fuerzas políticas, cabe ofrecer la candidatura a ser investido presidente del Gobierno aunque el interesado no la acepte y cabe no hacer tal oferta aunque el interesado la demande. El constituyente no fue ni más concreto ni más prolijo en la definición del alcance de las facultades del Rey precisamente para darle una margen de maniobra y no para restárselo.

La Corona siempre tiene un reducto competencial que no es, como se ha oído y leído en estos últimos días a presuntos especialistas, algo meramente simbólico

El jefe del Estado tiene una obligación: buscar la manera –en colaboración con sus catorce interlocutores- de proponer un candidato viable a la presidencia del Gobierno y, si no lo fuera con plena seguridad, tentativamente, para evitar un bloqueo que dejaría al país sin Gobierno 'sine die'. Ahí es donde está la facultad y el deber del Rey y nada tiene de “borboneo” -que es una expresión peyorativa especialmente para un monarca que se ha distinguido por su discreción y estricta neutralidad- sino que es el ejercicio responsable de sus competencias.

La mayoría de ciudadanos no sabe que Felipe VI tiene que procurar que una negativa de Rajoy a presentarse –una hipótesis nada desdeñable- no haga colapsar el sistema y para ello, además de persuadirle a que intente la investidura, sería perfectamente lógico que hiciese reflexionar a Sánchez sobre las consecuencias de enquistarse en la negativa a permitir un Ejecutivo. El Rey es la única instancia a la que no le importa otra cosa que el “funcionamiento regular de las instituciones”, en tanto que todos los demás miran por sus intereses sean más o menos legítimos.

Reinar consiste en conducirse con ese criterio integrador, al servicio de la eficiencia del sistema. Reinar consiste en amparar el disenso pero animar al consenso. Reinar consiste en respetar todos los ámbitos competenciales de los poderes del Estado y el papel de los partidos políticos, pero también en animar al acuerdo y advertir de que por encima de cualquier otra consideración el sistema democrático sirve al conjunto de los ciudadanos y se encarna en el Estado del que el Rey es garantía de “unidad” y de “permanencia”. El Estado es un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y estos intereses generales son los que demandan que Felipe VI apure hasta el límite todas y cada una de sus competencias constitucionales refrendado por la presienta de la Cortes.

El Rey no gobierna, pero sí reina. Y reina, precisamente, en momentos como este en los que el sistema democrático –no por el propio sistema, sino por su clase dirigente- tiene su motor gripado. 

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