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El pacto de agosto y los dos errores de Sánchez
Es más lúcido jugar las bazas propias al modo en que lo ha hecho C's y practicar una oposición con resultados objetivables que atrincherarse en el 'no es no'
En rigor, la mayoría absoluta del PP no terminó cuando se conocieron los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Tampoco después de los mejores que obtuvieron los populares en los comicios del 26 de junio pasado. Porque el Gobierno se atrincheró -insólitamente- en un ejercicio mermado de sus funciones blindándolas a cualquier control del Parlamento. Incluso en la anterior legislatura -con 123 escaños- Rajoy desempeñó el doble papel de Ejecutivo y oposición al eludir el encargo real de formar Gobierno y votar en contra de la investidura del secretario general del PSOE. La esgrima entre la Moncloa y el Congreso ha desembocado en un conflicto de atribuciones cuya resolución por el Tribunal Constitucional llegará al humo de las velas.
Materialmente, sin embargo, el fin de la mayoría absoluta -y por lo tanto, de la arrogancia gubernamental- se produjo el 19 de agosto cuando Rafael Hernando firmó con Juan Carlos Girauta las condiciones innegociables de Ciudadanos para establecer después los términos de un pacto de investidura. Rajoy debió asumir en ocho días que por pundonor no podía negarse a aceptar el encargo de Felipe VI (137 escaños) y que por estricto pragmatismo no tenía más alternativa que aceptar las condiciones de Albert Rivera quien, si bien rectificó su inicial criterio de no aceptarle, ideó un planteamiento que sometía al presidente en funciones y al PP al control de Ciudadanos ('El doble fondo de las condiciones de Albert Rivera')
De no mediar la primera de las condiciones de Ciudadanos (“separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”), Rita Barberá seguiría ocupando escaño en el grupo popular en el Senado y habría causado estado el criterio del ministro de justicia, Rafael Catalá, según el cual, la separación del cargo público solo procedería en la fase de apertura de juicio oral. La tesis del responsable de Justicia, salvando las distancias, ha quedado tan desautorizada como la de Luis de Guindos sobre el nombramiento “administrativo”, revocado, de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.
Rivera -en su aparente inexperiencia- ha logrado disciplinar a un Gobierno y a un PP que habían desarrollado en los últimos años una insufrible soberbia y mostrado una banal respuesta a la corrupción. Ciudadanos hizo de la necesidad de optimizar sus recursos parlamentarios (32 escaños) la virtud de emplearlos para alcanzar sus objetivos programáticos sobre la regeneración política. Se comprueba ahora -casos Barberá y Soria- que, en ocasiones, es mucho más rentable el inteligente ejercicio del pacto desde la oposición que enchiquerarse en una negación sistemática. De no haberse firmado en aquel tórrido 19 de agosto el condicionado de Ciudadanos -que podría, en contraprestación, dar la presidencia del Gobierno a Rajoy en una nueva investidura-, el Gabinete presidido por el político gallego seguiría campando por sus respetos. Ejemplo aún vigente: el día 27 está convocado un pleno del Congreso al que no asistirá ningún ministro. De nuevo, el pragmatismo de Ciudadanos -votar la presencia de Guindos en la Comisión de Economía- ha permitido contrastar las falsedades técnicas y políticas del abortado nombramiento de Soria.
Es obvio, por eso, que Pedro Sánchez ha cometido dos graves errores. El primero ha consistido en atrincherarse en el “no es no” a Rajoy y al PP sin ofrecer alternativa -“no me postulo”- afirmando, al tiempo, no desear unas terceras elecciones. Cuando el PP aventaja al PSOE en millones de votos y en más de 50 escaños, es más lúcido jugar las bazas propias al modo en que lo ha hecho Ciudadanos, y practicar una oposición con resultados objetivables aprovechando la ocasión para reparar con sosiego las averías en el PSOE. El segundo error de Sánchez es consecuencia del anterior: bloquear, al mismo tiempo que la formación de Gobierno, el debate interno en su partido hasta crear un “clima irrespirable”, según expresión de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Dos gravísimos errores que le van a costar caro a Sánchez si el 25 de septiembre se cumplen las malas (en Galicia) y las pésimas (en el País Vasco) previsiones sobre los resultados de las listas socialistas. Por fin, la causa general penal contra la clase dirigente del socialismo andaluz representada en las acusaciones de presunta malversación y prevaricación a Griñán, Chaves y otros dirigentes, trastabilla cualquier discurso purista del PSOE frente a la corrupción del PP.
El “no es no” y será “mil veces no” de Pedro Sánchez se parece bastante a la negativa de Iglesias en la anterior legislatura cuando Podemos pudo apoyar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos y desalojar a Rajoy y al PP. Los morados pagaron en las urnas el 26 de junio aquel histórico error del que tardarán en recuperarse, si lo logran. Sánchez está en las mismas: podría -como ha logrado Ciudadanos- condicionar a Rajoy (o a un nuevo candidato de su formación) y al PP de manera sustancial desbloqueando por un tiempo razonable (dos Presupuestos Generales) la formación de un Gobierno en minoría (137 escaños). Si no lo hace -o no le obligan a que lo haga- los resultados de unos disparatados terceros comicios constituirán para los socialistas la misma decepción que para Podemos e Iglesias los del 26 de junio. Será otro error histórico de la izquierda española, porque la derecha no desaprovechará una tercera oportunidad.
En rigor, la mayoría absoluta del PP no terminó cuando se conocieron los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Tampoco después de los mejores que obtuvieron los populares en los comicios del 26 de junio pasado. Porque el Gobierno se atrincheró -insólitamente- en un ejercicio mermado de sus funciones blindándolas a cualquier control del Parlamento. Incluso en la anterior legislatura -con 123 escaños- Rajoy desempeñó el doble papel de Ejecutivo y oposición al eludir el encargo real de formar Gobierno y votar en contra de la investidura del secretario general del PSOE. La esgrima entre la Moncloa y el Congreso ha desembocado en un conflicto de atribuciones cuya resolución por el Tribunal Constitucional llegará al humo de las velas.