Independencia por vía de hecho, el reto de Sáenz de Santamaría

Escuchar los análisis y leer los textos de Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, académica de Ciencias Morales y Políticas, es de gran utilidad en estos tiempos de confusión y desconcierto. El pasado 26 de noviembre, Mangas concedió una entrevista al diario 'El Mundo' en la que desvelaba claves interesantes sobre las virtualidades del proceso soberanista. Decía, entre otras cosas, la siguiente: “Yo quiero prevenir: cabe la posibilidad de que Cataluña acabe siendo un Estado pleno si no se ponen límites a sus excesos estatalizantes” porque a tal resultado se puede llegar “un paso tras otro” en lo que ella denominó “el principio de efectividad”. Añadió la académica que “Cataluña ha actuado ya 'de facto' en demasiadas ocasiones. Y el derecho internacional confirma que un Estado es producto de hechos. Se basa en el principio de efectividad: desplegar el poder con exclusividad. No hay Estados legítimos e ilegítimos. Y en Cataluña los independentistas pretenden desplazar al Estado de modo que sea irreversible”.

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Araceli Mangas opina que el Gobierno “se ha escondido tras los fiscales y el sistema judicial. Es probable y posible —continúa— que, llegado el momento, el Estado tenga que utilizar todas las medidas coercitivas con las que dota la legalidad interna e internacional a cualquier Estado, pero antes debe haber cubierto las casillas previas: dialogar”. La catedrática sostiene que una Cataluña independiente cabe en el “mapa físico de Europa pero no en la Unión Europea” porque, se pregunta, “¿qué interés puede tener la UE en una región que cuando formaba parte de su Estado no quiso ni ser leal ni cooperar, ni ser solidaria con sus conciudadanos españoles?, ¿qué podrían esperar de Cataluña los polacos, los húngaros o los rumanos?”. La lógica de esta apreciación se combina con la aclaración de una cuestión controvertida: “España no es hoy, y al menos desde el siglo XVIII, una nación de naciones”, puntualizando que la “Constitución habla de nacionalidades pero no en el sentido de que hayan sido sujeto político anteriormente sino porque han tenido una identidad cultural propia, seguramente dada por la lengua”.

Traigo a colación las reflexiones de esta reputada catedrática con extensa obra publicada, porque hay una práctica en el independentismo catalán que es la más calculadora y peligrosa para la integridad del Estado: el denominado 'calladismo' en el que militan algunos políticos soberanistas y, en particular, Oriol Junqueras, quien ha definido con ese 'palabro' su propia actitud y la de su partido. Él se contiene en las grandes declaraciones, limita drásticamente la épica verbal del secesionismo más infatuado, negocia con cierto pragmatismo —véase la relación cordial que mantiene con la vicepresidenta del Gobierno— y espera a que los acontecimientos se vayan produciendo. El 'calladismo' de Junqueras es, en traducción libre pero creo que ajustada, lo que Araceli Mangas denomina “principio de efectividad”, esto es, la creación de una situación de hecho que excluya en la vida pública catalana al Estado y que la Generalitat y todos sus organismos —desde el Gobierno al Parlamento— se comporten de modo soberano. El gran riesgo que corre esta praxis es que —como también advierte la jurista referida— el Estado, rebasado, haga uso de las facultades legales coercitivas, lo que, en último término, también es un resultado calculado por el 'calladismo': si se produjese esa coerción del Estado, el independentismo resultaría, de nuevo en la historia catalana, víctima del ejercicio de la fuerza por España. El Estado trataría de ser deslegitimado.

Este Gobierno en su versión robusta de 2011 ya perdió un tiempo político que no volverá. No le queda otro remedio que emplearse a fondo en un diálogo

Como también advirtió Francesc de Carreras en su reciente ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas —precisamente, propuesto, entre otros académicos, por Araceli Mangas— ahora no se dan las condiciones políticas necesarias para una reforma constitucional. Las había en la X legislatura, con una mayoría absoluta del PP y 110 diputados del PSOE, sin Podemos y sin Ciudadanos en el hemiciclo. La situación ha variado y una reforma de la Carta Magna estaría abocada al fracaso por falta de consenso entre los grupos parlamentarios y la necesidad de una consulta vinculante de resultados inciertos en el conjunto de España. Este Gobierno en su versión robusta de 2011 ya perdió un tiempo político que no volverá. No le queda otro remedio que emplearse a fondo en un diálogo con márgenes amplios, pero ya con escasas posibilidades de enmendar la actual Constitución, aunque sí el Estatuto catalán de 2006 y por esa vía, evitar el “principio de efectividad” independentista y eludir la coerción indeseable del 155. Le sobran advertencias para hacerlo. Ahora debe ponerse a reconducir la deriva fáctica del independentismo. En eso, justamente, consiste el reto de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.