Así converge el secesionismo catalán con Podemos para jaquear el sistema

Las dos amenazas al sistema constitucional se están haciendo una realidad cada día más consistente. En la medida en que se debilitan, se radicalizan —y esto es quizá lo más grave— funcionan como vasos comunicantes.

En Cataluña, el secesionismo pierde adeptos (véase la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat) y, simultáneamente, incrementa el desafío contra el Estado y la Constitución. El enjuiciamiento en febrero de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y el muy próximo también de Francesc Homs en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en todos los casos por desobediencia y prevaricación, ha espoleado el alma insurreccional del separatismo que ha llegado a una cota verbalmente virulenta por el proceso penal también a Carme Forcadell, presidenta de la Cámara legislativa.

Su respuesta a la acción de la justicia ha consistido en un acuerdo entre Junts Pel Sí y la CUP sobre la ley de transitoriedad llamada a regular la situación interina entre el referéndum previsto y la eventual declaración de independencia. Unilateralismo absoluto. El texto del anteproyecto es secreto —increíble, pero cierto— para apuntalar la precaria relación entre los exconvergentes, ERC y la CUP eludiendo, al tiempo, la segura impugnación gubernamental ante el Tribunal Constitucional. Esta circunstancia es compatible con el hecho inédito de que el Gobierno catalán no haya logrado que los anticapitalistas aprueben el Presupuesto.

Ada Colau es el nexo de unión entre el separatismo y las plataformas del populismo izquierdista que lidera Podemos en el resto de España

Pese a la denominada operación Diálogo liderada por la vicepresidenta del Gobierno, Carles Puigdemont permanece firme en su decisión de no asistir a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en enero, en la que Rajoy planteará la financiación autonómica y, al hilo de esta, adelantará las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado. Además, el Parlamento catalán no presentará candidatos para sustituir a cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato vence de inmediato.

Los secesionistas, en este contexto, han “fichado” para su propósito a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, aunque con el matiz de que el referéndum sea “legal y acordado”, algo inviable constitucionalmente, suma fuerzas con el separatismo (tres de cada cuatro votantes de Colau están por la independencia, según informaba 'La Vanguardia'). La edil barcelonesa es el nexo de unión entre el separatismo y las plataformas del populismo izquierdista que lidera Podemos en el resto de España.

Los soberanistas catalanes saben que no tienen mayoría para ejecutar sus planes y esa es la razón por la que se han entregado con armas y bagajes, no solo a la CUP, sino también al populismo de los comunes de Colau en Cataluña y a la apuesta por la “plurinacionalidad” de Podemos, que pretende abrir un proceso constituyente que altere los fundamentos de la actual Constitución, entre ellos, la indisolubilidad de la nación española y la forma monárquica del Estado.

La crisis de los morados, que en estas dos últimas semanas ha alcanzado su fase más aguda, ha radicalizado aún más a los seguidores de Pablo Iglesias frente a los de Íñigo Errejón, elevando aquel el diapasón de sus propuestas rupturistas y marginales que enlazan con la otra corriente populista y anticonstitucional que es la que representa el secesionismo catalán. En el cónclave que Podemos celebrará en febrero —y que seguramente vendrá precedido de una noche de cuchillos largos en la organización— se plasmará esta especie de entente entre separatistas y populistas para jaquear el sistema.

La convulsión catalana va a ser muy intensa y quizás exija del Estado medidas extraordinarias que podrían ser la gran coartada de los secesionistas para “explicar” su fracaso e ir a unas elecciones anticipadas en las que, muy probablemente, el poder en Cataluña pasaría a manos de una coalición entre ERC y Junqueras (primer hombre fuerte de Cataluña) y el partido que ya tiene en el horno Ada Colau amasado por Xavier Domènech (segundo hombre fuerte en Cataluña), estrechamente vinculado a Podemos.

Desde una Generalitat dominada por separatistas y populistas —con el peso cuantitativo y cualitativo que comporta— se producirían dos fenómenos: el primero será la liquidación del catalanismo burgués y moderado (que lo fue hasta 2012) y el definitivo ostracismo de Mas y Puigdemont; y el segundo, una alianza izquierdista de conveniencia para seguir hostigando al sistema constitucional de 1978.

Es urgente que el PSOE, además de componer su relación con el PSC, se dote de un líder y que Rajoy y Rivera solidifiquen su acuerdo de investidura

La aparente tranquilidad con la que se encara 2017 suponiendo que los soberanistas catalanes están ahogados en sus contradicciones –lo cual es cierto, pero no desalentados— y los populistas de Podemos, deteriorados por su crisis interna pero decididos a buscar la quiebra institucional, es solo un espejismo, una voluntarista interpretación de los acontecimientos. La energía de la debilidad puede ser feroz.

Los procesos de radicalización de los unos y de los otros tratan de localizar en sus respectivos dogmatismos la fuerza que no han obtenido en las urnas ni en las instancias sociales, económicas y culturales del país. Comprueban ambos, además, que buena parte de su futuro depende de que sus objetivos, siquiera temporalmente, converjan en el hostigamiento a la Constitución de 1978 y en la deslegitimación de la transición.

En esta tesitura es urgente que el PSOE, además de componer su relación con el PSC, se dote de un líder y que Rajoy y Rivera solidifiquen su muy líquido acuerdo de investidura. Porque el PP, el PSOE y Ciudadanos son los tres contrafuertes del sistema. Si este desfallece, lo harán también los tres partidos que apuestan por su continuidad y reforzamiento. El momento es mucho más crítico de lo que algunas apariencias sugieren, incluido el sosegado balance y rueda de prensa que celebró en Moncloa el presidente del Gobierno.