Carod Rovira: "Por primera vez en 37 años, el Estado no ha existido"
El 17-A y la polémica (in) comparecencia del Estado
Llegará el momento más adecuado para valorar la gestión del 17-A, pero hay algunos criterios de legalidad y de funcionamiento del Estado autonómico que es urgente poner en claro
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Los portavoces de la CUP han celebrado que el Estado no ha sido perceptible en los sucesos del 17-A. En la misma línea se ha pronunciado el casi olvidado Carod Rovira. La aparente demora del presidente del Gobierno en hacerse notar el día del atentado —realizó una declaración institucional a las 00:30 del 18— y el silencio, primero, y una intervención errónea, después, del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, parecería que abonase esa sensación de dilución estatal en el control de los acontecimientos en Cataluña que confunde, además, el Estado con el Gobierno, conceptos y realidades jurídicas distintas.
Por otra parte, la rapidez del presidente catalán en aparecer junto a su vicepresidente y la alcaldesa de Barcelona —a las pocas horas del atentado en la ciudad condal— y las sucesivas intervenciones del consejero de Interior —un político tosco y ayuno de sensibilidad en temas delicadísimos (la atribución de identidad a las víctimas, por ejemplo, distinguiendo arbitrariamente entre las catalanas y las de “nacionalidad española”)— en compañía del muy sobrio responsable jerárquico de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han seguido abonando la opinión de que las autoridades catalanas se comportaron con un perfil estatal, mientras que las que lo eran, prioritaria aunque no exclusivamente —el presidente y los miembros de su Gobierno—, se desdibujaban.
Para rematar, los servicios de prensa del consejero catalán de relaciones exteriores, Raül Romeva, vendieron la noticia de su encuentro en Barcelona con los ministros de Interior de Francia y Alemania como si se tratase de un acto de reconocimiento internacional a la Generalitat al margen del Estado español. Como quiera que los símbolos comunes —en particular la bandera— han estado ausentes en esas apariciones y dada también la utilización de un intencionado lenguaje por parte de los representantes de la Generalitat, se ha desatado una polémica que, ahora contenida, se verbalizará cuando transcurra el largo tiempo de duelo que las víctimas merecen y que la sociedad en su conjunto reclama de unos y de otros.
Cataluña es una de las nacionalidades que la Constitución contempla en su artículo segundo y su autogobierno es asimétrico respecto de otras CCAA
Llegará el momento más adecuado para valorar la gestión del 17-A, pero hay algunos criterios de legalidad y de funcionamiento del Estado autonómico que es urgente poner en claro. El primero de todos ellos es que la legitimidad del presidente de la Generalitat procede de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Aquella establece que Puigdemont es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma, y este detalla todas sus facultades, que son muchas y cruciales. Los 17.000 Mossos d´Esquadra componen el cuerpo de la policía autonómica regulada al centímetro por una ley del Parlamento catalán de 1994. Este cuerpo policial es integral y, por lo tanto, actúa de manera prioritaria en el mantenimiento del orden y la seguridad en todo el territorio catalán. Está expresamente facultado para la lucha antiterrorista y para actuar también como policía judicial.
Cataluña es una de las nacionalidades que la Constitución contempla en su artículo segundo, y su autogobierno es asimétrico respecto de otras comunidades. De ahí su cuerpo policial, el tratamiento jurídico y político de uno de sus idiomas propios (el catalán y el castellano son cooficiales y en Cataluña casi se ha establecido un bilingüismo real), la peculiaridad de su instituciones históricas y un muy amplio registro competencial, todo lo cual ayuda a entender el porqué de los roles que han asumido unas y otras autoridades.
El Ejecutivo central ha hecho bien en eludir enfrentamientos porque en el orden de prioridades de estos días figuran otros asuntos
La polémica ha germinado —aunque no eclosionado— porque se ha percibido una tensión soterrada. Aunque la Generalitat ha actuado conforme a sus competencias, lo ha hecho con una liturgia estatal y no autonómica en coherencia con la pretensión secesionista de los partidos en el Gobierno de Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo central ha hecho bien —aplicando el siempre problemático principio político de oportunidad— en eludir enfrentamientos, porque en el orden de prioridades de estos días figuran otros asuntos: las víctimas, la demanda ciudadana de compostura y unidad, el buen fin de las investigaciones en curso y la reputación general de España en su conjunto.
El rechazo a los atentados en Cataluña reúne al Rey, Puigdemont y Rajoy
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Hay muchos mimbres para que la crispación pueda aumentar. Pues bien: hay que seguir el camino emprendido, que ha sido el de la contención verbal y gestual, dejando que los que quieran aprovechar las circunstancias —y muchos lo están haciendo— queden retratados. Tiempo habrá para el relato completo de estos días y para valorar aciertos y errores, eficacias e ineficiencias, prevenciones e imprudencias. Mientras tanto, deberíamos atenernos a la naturaleza del Estado autonómico que provee de un autogobierno tan amplio a Cataluña y que permite un funcionamiento como el que hemos contemplado en esta trágica tesitura.
La gestión autonómica ha mostrado la autenticidad con que los constituyentes establecieron la descentralización del poder territorial en España
Si se racionaliza el análisis y se descuentan los excesos, la gestión autonómica del 17-A ha mostrado en toda su profundidad la autenticidad con que los constituyentes del sistema establecieron la descentralización del poder territorial en España. Fuera del marco constitucional y estatutario se produce la ilegalidad y, por lo tanto, decae la legitimidad democrática que sustenta a la Generalitat de Cataluña.
Mírenlo, pues, desde una perspectiva también procedente: Carles Puigdemont ha actuado, además, como representante ordinario del Estado en Cataluña, y sus facultades, las de su Gabinete y las de los Mossos disponen de la legitimación que les reporta la Constitución de 1978 y la vigencia estatutaria. Otra cosa es la corriente subterránea de recelos, choques esquivados y discursos reticentes e, incluso, hirientes. Si hasta ahora se ha eludido el enfrentamiento público (les aseguro que no el privado), que siga eludiéndose. Son momentos para poner muy en valor la advertencia de Confucio: “El silencio es el amigo que jamás traiciona”.
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