Sí, desconectar. Sí, desobedecer

Desobedecer al Gobierno catalán no sería una opción sino una obligación, un deber cívico

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el vicepresidente del Govern, y 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el vicepresidente del Govern, y 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)

El independentismo catalán, lejos de sopesar la conveniencia de clausurar airosamente el temerario intento de quebrar la legalidad constitucional de un Estado democrático, persiste en el propósito. Pese al disparate político, social y jurídico que implica el proceso de secesión, pese a los errores y contradicciones a que su debilidad le arrastra (la jactancia de una apariencia de Estado en la gestión de los atentados del 17 y 18 de agosto y la obscena manipulación de la manifestación del pasado sábado, ambos signos de su fragilidad), ayer la coalición gobernante presentó el fantasmal proyecto de ley de transitoriedad. Ese texto y la norma reguladora del referéndum del 1-O contienen la culminación del desafío al Estado, que además se produce en el contexto más delicado de cuantos pudieran ser posibles. Se está tanteando en Cataluña, por si fuera poco, una táctica bíblica: caiga el independentismo, pero con el mayor coste de reputación y desgaste del Estado. Carles Puigdemont está preso del síndrome de Sansón.

El Gobierno de Rajoy, después de una estrategia política discutible a lo largo del mes de agosto, pero en la que hay que advertir síntomas de inteligencia, debe atarse los machos porque tendrá que demostrar con decisiones —no solo con palabras— que los secesionistas no consumarán sus objetivos. Estamos ante lo que los empresarios catalanes han denominado “un golpe de Estado jurídico”. Es evidente que, además, existe una tentación insurreccional latente en el independentismo que se traduciría en manifestaciones populares que envicien aún más la situación —si eso fuera ya posible— y lesionen tanto cuanto se pueda la imagen del país. Cataluña está en manos de personas incompetentes —acaba de recordarlo un señero periodista catalán en 'La Vanguardia'— y con una grave distorsión ética, como se pudo observar el sábado en la manifestación de Barcelona. El proceso arrasa también con la legalidad catalana, como se ha dolido el político catalanista y moderado Josep Miró i Ardèvol.

El problema es que cuanto más incompetentes son los políticos, más imprudentemente se comportan. Y eso es lo que está ocurriendo en una Cataluña que, como recuerda Lluís Foix, se ha distinguido por la moderación, la ironía y el 'seny'. En esas tres cualidades de su sociedad hay que basar una nueva y urgente aproximación a los catalanes (así lo hizo el presidente del Gobierno el domingo en Pontevedra), muchos de los cuales se sienten cohibidos por los acontecimientos. El Ejecutivo puede y debe impugnar las leyes y disposiciones ilegítimas, el TC puede y debe suspenderlas y anularlas, y los tribunales, a instancias del ministerio fiscal, deben imponer el cumplimiento de las normas y de las sentencias. Pero en la tesitura actual, no basta. Hay que apelar a lo que, muy brillantemente, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco J. Laporta, ha descrito en el diario 'El País' del día 16 de agosto como “el deber de desobediencia civil” para que se desacate al Gobierno catalán y así el proceso secesionista funcione “en vacío”.

Como explica Laporta, estamos ante un supuesto paradigmático: desconectar del independentismo y desobedecer pública y notoriamente sus normas ilegítimas no sería en este caso meramente una opción sino un deber, una obligación cívica. Lo que implica que los Mossos, ateniéndose a su ley reguladora, que prohíbe la obediencia debida cuando las ordenes son manifiestamente ilegales, impidan los actos de preparación y consumación, en su caso, del referéndum, tanto si actúan como policía administrativa como si lo hacen como judicial. Y ahí también le queremos ver a Josep Lluís Trapero. Lo que implica, así mismo, que todos los funcionarios requeridos para coadyuvar con la organización de la consulta deban desobedecer y denunciar las instrucciones ilegales. Lo mismo —y bien lo señala Laporta— que notarios, registradores y todos los servidores públicos deben desacatar si se les pone en la tesitura de colaborar con un comportamiento que sería ilegal y, eventualmente, punible.

Pero hay que dar un paso más, que nuestro catedrático describe así: “Y, naturalmente, los ciudadanos y sus organizaciones sociales y profesionales. Todos ellos son titulares de ese derecho a defender sus garantías y sus leyes frente a un Gobierno o Parlamento catalán desconectado, es decir, arbitrario e ilegal”, añadiendo que los ciudadanos catalanes deben hacer saber pública y pacíficamente que “no van a sustentar un Gobierno ilegal presidido por la improvisación y el fanatismo nacionalista que puede llevar a Cataluña a un desastre social y moral sin precedentes.” Efectivamente, hay que invitar a que los catalanes coadyuven a corregir los desatinos de otros catalanes y, sí, desconecten, y sí, desobedezcan, a unas instituciones instaladas en la plena ilegitimidad. Toca defender la democracia. Y eso concierne también a los ciudadanos. Hay desobediencias virtuosas, y esta que propone lúcidamente Laporta es una de ellas.

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