El sectarismo de Forcadell y los once catalanes justos

En un ambiente hegemonizado por el nacionalismo independentista la discrepancia es disidencia y la ortodoxia impone la adhesión idolátrica a los valores de la nación

Foto: La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, durante la tercera sesión del pleno sobre el proceso independentista. (EFE)
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, durante la tercera sesión del pleno sobre el proceso independentista. (EFE)

El 26 de octubre de 2015, Carme Forcadell, filóloga, militante de ERC y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, fue elegida presidenta del Parlamento de Cataluña. Sus méritos no consistían en otros que su militancia independentista. Era suficiente para lo que con su designación se buscaba: que cogiese la piqueta y a lo largo del proceso soberanista fuese destruyendo, sin prisa pero sin pausa, el sistema estatutario catalán.

Lo ha hecho con una convicción detectable en los fundamentalistas, es decir, desconociendo procazmente las funciones institucionales y de integración que comportan su cargo. Ha sido la larga mano del separatismo para urdir el plan parlamentario cuya ejecución hemos contemplado con cierta perplejidad por su atrevimiento autoritario, y la pieza esencial, imprescindible, para, con un comportamiento históricamente arbitrario, desmantelar la institucionalización catalana. No se le puede arrendar la ganancia. La historia –ya lo es el presente- no le será favorable porque su comportamiento parlamentario ha sido paradigmáticamente despótico.

Pero el sectarismo de Carme Forcadell –sobre la que recaen responsabilidades políticas y posiblemente penales de gravedad- no habría destacado si once catalanes justos no hubiesen alzado su voz y la hubiesen dejado en evidencia. Once catalanes que no forman parte del Gobierno de España, ni del Tribunal Constitucional, ni de ningún otro organismo del Estado. Se trata de once ciudadanos que podían haber callado –“a veces el silencio es la peor mentira”, escribió Unamuno- y sin embargo hablaron el 6-S. En un ambiente hegemonizado por el nacionalismo independentista la discrepancia es disidencia y la ortodoxia impone la adhesión idolátrica a los valores de la nación de tal manera que no asumirlos, convencida o resignadamente, implica un acto lindante con la traición.

Muro y Bayona, los máximos funcionarios del Parlamento, rebatieron con honradez intelectual las decisiones a la presidenta del Parlamento

A Xavier Muro i Bas, secretario general del Parlamento de Cataluña, no le disuadió el hecho de que la propia Carme Forcadell le designase para ese puesto en octubre de 2016. Se negó a firmar los documentos relacionados con las leyes inconstitucionales y, conjuntamente con Antoni Bayona i Rocamora, letrado mayor de la Cámara, hizo llegar por escrito su criterio terminante sobre la arbitrariedad jurídica que iba a perpetrar el legislativo autonómico. Bayona, un experto jurista y no precisamente adscrito al denostado ámbito del “unionismo”, ya había advertido en julio de la inviabilidad jurídica y la tosquedad política del propósito secesionista en la 'Revista Catalana de Dret Pùblico'. Muro y Bayona, los máximos funcionarios del Parlamento, rebatieron con honradez intelectual las decisiones a la presidenta del Parlamento.

Nueve ciudadanos de Cataluña, integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias, emitieron dos comunicaciones asegurando que a ese organismo estatutario (artículos 76 y 77 del Estatuto) le correspondía emitir un dictamen previo, preceptivo y no vinculante, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de las leyes de referéndum y de transitoriedad. El Estatuto de Cataluña encomienda a este Consejo dicho dictamen respecto de todos los proyectos de ley, proposiciones de ley y decretos-leyes ante de su convalidación.

Los nueve catalanes que integran el Consejo de Garantías Estatutarias pudieron callar o retrasar su criterio, pero lo emitieron con rapidez

El Estatuto catalán –como todos- es también una ley orgánica y sus mandatos son cualificados. Por otra parte, los nueve miembros del Consejo de Garantías Estatutarias –cuya denuncia del arbitrismo jurídico de los independentistas es de decisiva importancia- han sido nombrados por el presidente de la Generalitat, dos tercios a propuesta del Parlamento y un tercio a propuesta del Gobierno. Los nueve pudieron callar o retrasar su criterio, pero lo emitieron con rapidez. Como acaba de contar el catedrático Francesc de Carreras –en su momento también miembro de este Consejo- su creación respondió a la prevención de evitar sublevaciones como la de 1934 porque su misión es determinar la adecuación a las normas del legislativo a la Constitución y al Estatuto. Carme Forcadell neutralizó el miércoles sin facultad alguna para hacerlo la vigencia del Consejo de Garantías Estatutarias.

Los nueve miembros del Consejo son los siguientes: Joan Egea i Fernández (presidente), Pere Jover i Presa (vicepresidente), Marc Carrillo (consejero), Jaume Vemet i Llobet (consejero), Alex Bas i Vilafranca (consejero), Francesc Paula i Badia (consejero), Carles Jaume i Fernandez (consejero) y Margarida Gil i Domènech (consejera). Han sido elegidos entre “juristas de reconocida competencia” y todos ellos han asumido su compromiso estatutario representando –con Muro y Bayona- un bastión de la legalidad catalana auténtica que Carmen Forcadell ha desoído pero no ha podido callar. Insisto: la historia será severa con la sedicente presidenta y reconocerá el valor ético y político de los que pudiendo mantenerse en silencio, hablaron.

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