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Puigdemont ha perdido el control de Cataluña: es la revolución
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José Antonio Zarzalejos

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Puigdemont ha perdido el control de Cataluña: es la revolución

Sánchez y Cuixat, 'los Jordis', presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural respectivamente, son, con la CUP, los dueños de la situación revolucionaria en Cataluña

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (Reuters)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (Reuters)

La semana pasada se produjo en España un rarísimo fenómeno político: la desinstitucionalización del poder en Cataluña. O, en otras palabras, la abdicación de las facultades propias por la Generalitat y su entrega efectiva a las organizaciones sociales independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Y se dejó, ya definitivamente, la responsabilidad política de los acontecimientos al criterio de la CUP. En realidad, la Generalitat perdió así el control de Cataluña y pasó a manos ajenas —aunque amigas— el tramo final del proceso separatista.

Culminaba de este modo el desmantelamiento de la legitimidad de las instituciones autonómicas y se iniciaba una dinámica revolucionaria, o insurreccional, o una rebelión, que, a día de hoy, es imparable. Comienza con una huelga general de la que ya se han desmarcado UGT y CCOO (están viendo la factura de los acontecimientos y no les gusta) y alcanzará su zénit con una probable —aún no segura— Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Ni los medios de comunicación se sustraen a la subversión: muchos de sus editores ya no los controlan. Tampoco el Govern a la radio y televisión públicas.

Puigdemont y su Gobierno ofrecerían la apariencia de institucionalidad, pero los resortes del poder ya estaban externalizados la madrugada del 1-O

El Gobierno de Rajoy, a través del Tribunal Constitucional, los de Justicia y el Ministerio Fiscal, había logrado —no sin serias dificultades— colapsar el referéndum, que entró en fase agónica cuando acordó la intervención del 'servicio de pagos' de la Generalitat e impuso un mando único de coordinación a las fuerzas y cuerpos policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra. El mismo sábado, la Guardia Civil, por mandato judicial, clausuró la web de la ilegal consulta.

El presidente de la Generalitat —que se implicó personalmente en la agitación y la propaganda a través de su cuenta de Twitter y en comparecencias constantes— activó el plan B, que consistía en entregar con armas y bagajes la organización del 1-O a las asociaciones independentistas. Él y su Gobierno ofrecerían la apariencia de institucionalidad, pero los resortes del poder ya estaban externalizados la madrugada del 1-O.

Sánchez (ANC) y Cuixart (OC), conocidos como 'los Jordis', son en este momento los auténticos dueños de la situación en Cataluña. Fueron ellos los que pusieron en pie a las asociaciones de padres de alumnos del sistema educativo público que organizaron las ocupaciones de escuelas y colegios con 'festivas' actividades extraescolares muy propias de la estrategia familiar que tanto y tan bien ha utilizado la ANC.

placeholder Varias personas se reúnen frente a las puertas de un colegio para no dejar entrar a la Guardia Civil. (EFE)
Varias personas se reúnen frente a las puertas de un colegio para no dejar entrar a la Guardia Civil. (EFE)

Sus militantes guardaron en sus casas —y trasladaron luego a los colegios— las urnas chinas modelo 'tupperware', en sus domicilios se ocultaron papeletas y sobres, y fueron sus militantes y simpatizantes los que se movilizaron por la ciudad comunicando por telefonía móvil la idas y venidas de la Policía. La declaración a las 8:00 del 1-O de que la consulta se realizaría mediante censo universal se ajustaba exactamente a la estrategia del ratón y el gato que servía mejor a los propósitos de Sánchez y Cuixart. Mientras, los estudiantes, incluso los de Secundaria, se echaban a la calle —lo venían haciendo desde días antes—, proporcionando imágenes de impagable plasticidad a las televisiones y redes sociales.

La inmensa torpeza del Gobierno, en combinación con la ingenuidad de fiarse del 'conseller' de Interior y de su 'major' Trapero —sin olvidar al director de los Mossos, un independentista recalcitrante como Pere Soler—, acabó por ofrecer en bandeja a la ANC y a Òmnium Cultural una clamorosa derrota del Estado.

Una consulta sin garantía alguna y un recuento inverosímil —tanto da que hubiesen dicho que votaron dos o cuatro millones— adquirieron sentido con la narrativa inapelable de unas imágenes indigeribles para cualquier audiencia. Si en algo son fuertes los habituales organizadores de las últimas Diadas es, precisamente, en lograr un cromatismo televisivo sofisticado y un relato épico inmejorable. Se han empleado a fondo aprovechando todos y cada uno de los fallos policiales y comunicacionales del Gobierno, que, por momentos, fue observado con sensación de bochorno por aquellos ciudadanos radicalmente opuestos a este descalabro político y social.

La gente está en la calle —una parte muy activista de la gente que responde a las consignas más radicales— y permanecerá en ella tanto cuanto sea necesario para el logro de los planes de la ANC, OC y la CUP, que es el triunvirato que gobierna Cataluña sin que la inmensa mayoría de sus ciudadanos se hayan percatado aún de que están absorbidos por un proceso prerrevolucionario.

Se impone el criterio de los auténticos vencedores del 1-O: la revolución no admite moratorias sino que se alimenta de su propia radicalidad

La huelga general 'de país' que se celebra hoy constituye una autolesión a la economía y la sociedad catalanas —con unas finanzas públicas arruinadas—, y la declaración unilateral de independencia que se podría producir en el Parlamento esta misma semana, o en la próxima, será una imposición de la CUP en coordinación con 'los Jordis'.

Varios 'consellers' de Puigdemont, miembros del PDeCAT e incluso de ERC —amén de los comunes de Ada Colau— creen con buen tino que una declaración de esas características estrecha el campo independentista que ha sido ensanchado por el 1-O, y que lo adecuado sería calmar la inflamación, esperar un tiempo —poco— y convocar elecciones.

Se impone el criterio de los auténticos vencedores del 1-O: la revolución no admite moratorias sino que se alimenta de su propia radicalidad. Huelga, gente en la calle de manera constante, acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y declaración unilateral de independencia. Y luego, ya se verá.

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Recuento de votos tras el referéndum del 1 de octubre. (EFE)

Pero, en el entre tanto, se trata de imponer el principio de efectividad. Periodo en el que Puigdemont es una figura política de cartón piedra y las instituciones un foro para la representación, con apariencia legal, de una inédita rebelión en pleno siglo XXI. La Generalitat es víctima de su propia estrategia. O secunda a la ANC y a OC y la CUP, o incurre en alta traición.

La incompetencia del Gobierno, su perseverante mal diagnóstico y, en el fondo, su soberbia no le han permitido una mirada lúcida sobre la Cataluña que se le está yendo a España —y a millones de catalanes— de entre los dedos de las manos.

La semana pasada se produjo en España un rarísimo fenómeno político: la desinstitucionalización del poder en Cataluña. O, en otras palabras, la abdicación de las facultades propias por la Generalitat y su entrega efectiva a las organizaciones sociales independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Y se dejó, ya definitivamente, la responsabilidad política de los acontecimientos al criterio de la CUP. En realidad, la Generalitat perdió así el control de Cataluña y pasó a manos ajenas —aunque amigas— el tramo final del proceso separatista.

Cataluña Carles Puigdemont