El fugitivo que arrastra a Bélgica y España a una crisis diplomática

Si, como parece por el alquiler de una mansión en Waterloo y por el acuerdo en ciernes para investirle como presidente simbólico de Cataluña, Carles Puigdemont se instala en Bélgica al modo, salvando las enormes distancias, de un Tarradellas en su Saint-Martin-le-Beau, podría desatarse una crisis diplomática entre Madrid y Bruselas. Las autoridades belgas podrían aducir que la euroorden ha sido revocada y que Puigdemont es un simple ciudadano comunitario que, al parecer, ya estaría realizando los trámites para convertirse en residente.

Pero esa no es la cuestión. Es otra: ¿es propio de un país socio acoger en silencio, incluso con complacencia, a un fugado de la Justicia española y, sobre todo, a un personaje que se muestra públicamente hostil con el sistema democrático español al que insulta atribuyéndole adherencias franquistas? Es más, ¿podría mantener su conducta el 'expresident' de la Generalitat desde otro país como Francia o Alemania con o sin euroorden o hacerlo un fugado de la Justicia belga desde España?

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Puigdemont no puede ser expulsado de Bélgica o limitada su autonomía si no hay razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, según la Directiva 2004/38, de obligado cumplimiento y que además judicializa esta cuestión. Pero más que jurídico, el problema es político. Del mismo modo que el Gobierno de Ecuador ha silenciado la agresividad tuitera de Julian Assange desde su reclusión en su embajada en Londres, al parecer por gestiones realizadas por el Gobierno, se piensa en ambientes diplomáticos españoles que el Ejecutivo de Charles Michel podría expresar, al menos, su disgusto con la actitud del dirigente catalán y de su entorno y requerirles discreción y respeto hacia España y hacia el país que los acoge. Mucho más si los planes de establecer un fantasmal 'Govern en el exilio' prosperan.

Hay un aspecto grave en lo que ocurre en el escenario belga. Consiste en el ejercicio de funciones institucionales españolas por cargos públicos catalanes (el presidente del Parlament, por ejemplo) fuera del territorio nacional. Y así sí se está produciendo una injerencia evidente en la política española desde un territorio que es socio de la Unión Europea. Es un principio de derecho internacional público que la territorialidad es el perímetro del ejercicio de las funciones públicas de las autoridades nacionales. De tal modo que en Bruselas no podría constituirse un Ejecutivo extraterritorial, ni un 'president en el exilio'.

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Nuestra embajadora en Bruselas, Cecilia Yuste, se está empleando a fondo, pero sus afanes parecen inútiles. Ni una sola palabra de reproche a Puigdemont en Bélgica, ni siquiera a nivel académico, como ocurrió en Copenhague con la profesora Marlene Wind, que le puso los puntos sobre las íes. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se preocupa mucho de no mencionar esta posible crisis, ni de pasada, porque se supone que retroalimentaría el aparato de victimismo, agitación y propaganda de los independentistas. Nada desearían más que un conflicto diplomático a cuenta de la presencia de Puigdemont en Bélgica. Otra cosa es que el Gobierno belga —una coalición con partidos flamencos secesionistas y nacionalistas— le pare los pies con discreción o públicamente.

Dastis se preocupa mucho de no mencionar esta posible crisis porque retroalimentaría el aparato de victimismo y propaganda de los independentistas

En Madrid funciona, además, la denominada Delegación del Gobierno de Flandes, un organismo que se camufla en la red EUNIC, de carácter cultural, pero que explícitamente se instala en España para mantener relaciones con “los representantes de los gobiernos vascos y catalán” (sic) y con los organismos internacionales residenciados en nuestro país. Y cuyo delegado actual es André Hebbelinck, un personaje que en la propia capital de España favorece todas y cada una de las tesis de los independentistas. Lo cual se corresponde con el apoyo que recibe Puigdemont de los partidos nacionalistas y separatistas flamencos, que son los que impiden que el valón Charles Michel pueda ser un punto más explícito. Tampoco el Gobierno ha advertido públicamente al delegado de Flandes para que limite sus ocupaciones a las profesionales y se abstenga de injerencias en nuestra política interior.

Es muy posible que Pablo Llarena reactive la euroorden contra el expresidente de la Generalitat en cuanto emita el auto de procesamiento en la causa especial del 'procés', arriesgando que la Justicia belga lo devuelva solo por delitos menores (desobediencia, malversación) y no por los más graves (rebelión). Pero mientras tanto, el ir y venir desde Barcelona a Bruselas comienza a crear un ambiente de serio malestar en España. Fuentes diplomáticas tienen al Gobierno belga por el “más complejo” de Europa, atrapado en difíciles equilibrios, con una legislación garantista pero muy formalista, al amparo de la cual caben los criterios más estrictos con los más laxos. En cualquier caso, la advertencia diplomática de que las relaciones Bélgica-España se están tensando es importante y aparece como una derivada muy sensible de la crisis catalana.