La "bomba penal" en el caso Cifuentes

A la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes le quedan por vivir más episodios amargos. Lamentablemente para ella, su sentido de la realidad es deficiente y, sobre todo, temerario. Una persona con sus lastres en su trayectoria debería haber sido más prudente y no abanderar la lucha contra la corrupción contra aquellos que fueron sus compañeros de partido y, posiblemente, también de andanzas. Por eso, Cifuentes​ debió dimitir en el minuto uno: exactamente cuando se denunció que su máster en Derecho Público Autonómico lo había obtenido por procedimientos absoluta y totalmente irregulares. Más aún: presuntamente delictivos. La Fiscalía está avanzando lenta pero inexorablemente en la investigación de esas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos y, según fuentes judiciales conocedoras de estas indagaciones, se perfila con claridad la comisión presunta de varios delitos.

Según estas fuentes, en la obtención del máster de Cifuentes concurren, en principio, cuatro posibles delitos: el de falsedad en documento público –ya acreditado por El Confidencial que publicó el acta de la defensa de su supuesto trabajo fin de máster suscrita con firmas falsificadas de al menos dos profesoras-; también concurriría prevaricación porque se le atribuyeron calificaciones a sabiendas que no había concurrido a los exámenes; igualmente el de cohecho y, finalmente, el de suplantación de identidad. Cuando el Ministerio Fiscal termine sus averiguaciones remitirá al juzgado competente la denuncia o presentará querella criminal. Si la expresidenta está involucrada en los hechos y sigue siendo para entonces diputada autonómica, la competencia para instruir y enjuiciar correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

[El viernes 11 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha citado a Cristina Cifuentes como investigada para saber si pidió falsificar sus notas en el máster]

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Tamara Fariñas

Porque una de las cuestiones centrales de las investigaciones consiste en determinar si Cristina Cifuentes participó (fue cómplice, cooperadora o encubridora) de algunos de los delitos cometidos. Según determinadas informaciones que se están investigando, siendo la expresidenta delegada del Gobierno en Madrid, un grupo de personas próximas le aconsejó “mejorar su currículo”. Inicialmente se le propuso la elaboración de una tesis doctoral que prepararía una tercera persona para ella, mediante pago, idea que se descartó, para luego acometer el objetivo de que obtuviera un máster jurídico en el instituto que dirigía el catedrático Álvarez Conde. Y a partir de ese momento se desatan las irregularidades que podrían comportar la comisión de delitos en los que habría que determinar el grado de participación –o en su caso, no participación- de Cristina Cifuentes.

Lo fundamental de la crisis que ha provocado la dimisión de la dirigente popular no ha sido un vídeo agresivamente intrusivo en un aspecto personal que podría remitir a un error puntual de juicio o a un afección compulsiva –y que por ello mismo su difusión inicial ofrece serios reparos deontológicos- sino la falsedad de su máster que ella agravó al inventarse la fecha y circunstancias de la defensa del trabajo final del mismo que nunca se produjo. Cifuentes mintió a la Asamblea de Madrid y, antes, lo hizo ante los medios. En ese engaño ha arrastrado la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos que saldrá malparada de la investigación que lleva adelante el Ministerio Fiscal. El máster falso de Cifuentes es, en palabras textuales de un juez conocedor de las averiguaciones que se llevan a cabo, “una bomba penal” que no se va a solucionar con medidas administrativas de carácter disciplinario sino con una instrucción penal que podría dilatarse por la complejidad y múltiples conexiones y complicidades que presenta.

En este sentido, la carta de renuncia al máster que remitió al rector de URJC el pasado día 17 de abril no habría sido una medida política sino un movimiento aconsejado por sus abogados para oponer un argumento de defensa en un eventual procedimiento penal. La misiva de la expresidenta trataba, sobre todo, de desvincularse de las irregularidades que se cometieron para emitir el título que decía ostentar, atribuyéndolas por entero al instituto que presidía –ahora está suspendido- el catedrático Álvarez Conde. El empeño de Cifuentes por transferir toda responsabilidad a la Universidad Rey Juan Carlos ha sido, desde el principio, un intento de desembarazarse de cualquier imputación penal.

El empeño de Cifuentes por transferir toda responsabilidad a la URJC ha sido un intento de desembarazarse de cualquier imputación penal

Por estas razones –el futuro procesal del caso del máster y la propia suerte penal de la dirigente popular- se supone que Cifuentes no se mantendrá al frente del PP de la Comunidad de Madrid en cuya dirección será sustituida por una gestora. Es también posible que el partido le reclame que abandone el acta en el parlamento autonómico para hacer bueno el pronóstico de Mariano Rajoy según el cual “el PP de Madrid ha entrado en otra etapa”. Esta afirmación parece incompatible con la presencia de Cifuentes tanto en la presidencia del partido como en el grupo parlamentario popular en la Asamblea madrileña.

[Cifuentes renunció a la presidencia del PP madrileño el 27 de abril y a su acta de diputada el 8 de mayo]