“El Estado ha dejado abandonado al constitucionalismo social en Cataluña”
Al menos una docena de entidades culturales catalanas contra el 'procés' están descoordinadas, sin protagonismo mediático y sin la ayuda del Gobierno
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Las iniciativas constitucionalistas en Cataluña son abundantes, pero están desconectadas entre sí. En enero del pasado año, la catedrática Teresa Freixes impulsó Concordia Cívica como posible paraguas o plataforma de asociaciones que participan del mismo objetivo: luchar contra el independentismo. Transcurrido casi año y medio, y salvo Sociedad Civil Catalana, que es la más importante de todas ellas, las asociaciones, unas culturales y otras más políticas, funcionan con mayor o menor entusiasmo pero sin cohesión entre ellas y con un gran desconocimiento de su labor en el resto de España, lo que es un motivo de preocupación en algunos de sus promotores, conscientes de que hay “un minifundismo que nos debilita”.
De este criterio participa, al menos en parte, Valentí Puig, escritor y periodista, impulsor del recientemente creado Club Tocqueville, que él define como un 'think tank' que preconiza que “Cataluña es parte sustantiva de España”. Hace apenas unas semanas, el club se estrenó con una multitudinaria conferencia de John Elliott a la que acudieron cientos de personas. Recientemente, la asociación ha presentado el libro del historiador y catedrático —directivo del club— Jordi Canal, un relato sobre el proceso soberanista titulado 'Con permiso de Kafka'. El Club Tocqueville no tiene finalidades políticas sino la de hacer circular un discurso intelectual de integración y síntesis de lo catalán y lo español. Casi simultáneamente a este club, 300 'mossos' han creado una asociación constitucionalista para “normalizar el respeto al Estado de derecho”.
Otra organización de carácter cultural, el Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC), pelea por insuflar a la sociedad catalana un aliento intelectual diferente al hegemónico del separatismo. Lo impulsa una treintena de intelectuales y está gestionado con enormes esfuerzos y dificultades. Entre sus promotores están Francesc de Carreras, Félix Ovejero, Ignacio Vidal-Folch, Miriam Tey y Manuel Cruz, además de otros periodistas, escritores y pensadores. El CLAC tiene relación con otras asociaciones con sus mismos fines, pero no ha logrado sinergias.
Tras año y medio, y salvo SCC, las asociaciones funcionan sin cohesión entre ellas y con un gran desconocimiento de su labor en el resto de España
En el ámbito del periodismo, se significa por su constitucionalismo militante el Grup de Periodistes Pi i Margall, que pretende un ejercicio de la profesión “serio y riguroso” y que “facilite la convivencia entre los catalanes y de estos con el resto de los españoles”. Lo preside Sergio Fidalgo y forman parte de él informadores y analistas como Toni Bolaño, Juan José López Alegre y Nacho Martín Blanco, entre otros varios.
Los gestores de empresas que se oponen al independentismo se agrupan en Empresaris de Catalunya, asociación presidida por Josep Bou. Su objetivo principal es “alertar sobre las consecuencias del proceso soberanista”, lo que viene haciendo desde que se publicó su manifiesto fundacional en noviembre de 2014. Sus advertencias se han confirmado con el cambio de sede y domicilio fiscal de más de 4.500 empresas catalanas, entre ellas, seis de las siete que figuran en el Ibex 35.
Con diferencia, la entidad con mayor envergadura y cobertura social es Sociedad Civil Catalana, muchos de cuyos integrantes a nivel directivo participan en las otras iniciativas, todas ellas de oposición al proceso soberanista. Sin embargo, SCC no las agrupa ni se aviene, de momento, a intentar una plataforma común en la línea de la propuesta de Concordia Cívica de la catedrática Freixes.
En el ámbito más político e ideológico, funcionan en Cataluña grupos activos pero igualmente poco conectados entre sí. Por ejemplo, Federalistes d´Esquerres, organización constituida en septiembre de 2012, inmediatamente después de la gran Diada que impulsó el proceso soberanista. No es casualidad que Manuel Cruz, su primer presidente, firme defensor de una estructura federal para España, sea en la actualidad diputado del PSC en el Congreso por la lista de Barcelona.
Otras asociaciones mantienen la mortecina llama del catalanismo no independentista. Es el caso de Portas Obertas del Catalanisme. Y también Construim, que es considerada como el “receptáculo de lo que queda de Unió y otras aportaciones democristianas con vigencia y trayectoria en Cataluña”. Construim también se constituyó a finales de 2014 y lanzó su manifiesto en 2015. con distintas características y tras haber suscitado expectativas que no se han cumplido, en febrero del pasado año se constituyó Think Cat, una asociación intelectual impulsada por Josep Piqué, Josep Borrell y Francesc de Carreras.
Además de estas iniciativas, son varias las que se mueven en el ámbito de la educación y la escuela catalanas, otro de los frentes en que constitucionalismo está empeñado y en que, como en los que pelean las asociaciones citadas —y otras más—, sus promotores se duelen de falta de “comprensión, ayuda y apoyo”, no solo de los catalanes “indiferentes pero no independentistas”, sino también del Gobierno y otras instancias nacionales.
SCC no las agrupa ni se aviene, de momento, a intentar una plataforma común en la línea de la propuesta de Concordia Cívica
Uno de los intelectuales más conocidos del constitucionalismo pronostica que “en el futuro se juzgará muy duramente el abandono por el Gobierno, y en general por el Estado, hacia los ciudadanos y las organizaciones que están haciendo frente muy precariamente al separatismo”. También echan de menos un cierto “protagonismo mediático” para sus actos y denuncian “a los medios catalanes que nos ignoran olímpicamente”. Y rematan: “Además de divididos, estamos abandonados”.
O como dicen los 'mossos' constitucionalistas, “el Estado ha dejado vendido a un sector importante de la sociedad catalana”. Y esta situación de fragmentación y olvido del constitucionalismo social en Cataluña se produce cuando el independentismo se apresta a lanzar su última ofensiva: situar en la Generalitat a un testaferro de Puigdemont o provocar nuevas elecciones. El desafío continúa.
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