Hay dos declaraciones públicas que son claves interpretativas de lo que está ocurriendo en la política española. La primera es de hace un par de semanas en el diario 'El Correo'. La hizo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y fue así: "Nunca antes tuvimos más influencia en la política española". La segunda se publicó en el diario 'El País' hace solo unos días. La hizo el 'lehendakari' Urkullu y fue así: "Rajoy es sensible al tema de los presos".

Los nacionalistas vascos, no dan puntada sin hilo. Han acordado con Rajoy la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado mediante un pacto en parte transparente y en parte opaco. Los cinco votos peneuvistas en el Congreso a favor de las cuentas públicas de 2018 reportarán a Euskadi grandes beneficios. Además, los nacionalistas capitalizan en términos políticos haber obligado al Gobierno a elevar las pensiones el 1,6% este año, el IPC el siguiente y a retrasar el factor de sostenibilidad de 2019 a 2023, lo que ha provocado la crítica de la Unión Europea.

Rajoy ha hecho honor a su palabra y se ha negado a impugnar ante el Constitucional el voto delegado de Puigdemont y Comín en la investidura de Torra

Hasta ahí se podría hasta entender que Rajoy haya entregado la bolsa para no perder la vida. Es decir, que haya ido mucho más allá de lo razonable en las concesiones presupuestarias al PNV y al País Vasco a cambio de mantenerse en el poder hasta 2020. Otra cosa distinta es el contenido oculto del pacto con los peneuvistas.

Rajoy se comprometió a facilitar un gobierno de la Generalitat antes del 22 de mayo para que los de Aitor Esteban votasen luego cómodamente en el Congreso los Presupuestos porque habría decaído la vigencia en Cataluña del 155. Ortuzar, presidente del PNV, no obtuvo en esa negociación en Moncloa ninguna concreción —sí un compromiso— sobre el modo en el que el Gobierno favorecería un Ejecutivo de la Generalitat.

Rajoy ha hecho honor a su palabra y se ha negado —con argumentos jurídicamente discutibles— a impugnar ante el Constitucional el voto delegado de Puigdemont y Comín en la investidura de Quim Torra. De haberlo hecho, ayer la prensa nacional —y hasta la catalana, si bien contenidamente— no estaría echando mano de los adjetivos más severos para definir el perfil político del que será un responsable interino del Gobierno catalán si la CUP decide finalmente mantenerse en la abstención, y que ya plantea un desafiante proceso constituyente. Como es de rigor, ayer adelantó a TV3 las líneas generales de su dócil y radical estrategia.

Este vicario de Puigdemont representa para el Gobierno el peor de los fracasos político. Cuando se levante el 155, la situación política catalana será mucho peor que la actual porque no solo se constituirá un gobierno hostil en Barcelona, sino que, además, tendrá su réplica en la estructura exterior —​el Consejo de la República—​ que dirigirá Puigdemont. Funcionará una pinza nacional-internacional secesionista cuyo primer objetivo será la desinstitucionalización de la autonomía catalana.

De nuevo, el fugitivo en Berlín le ha ganado la batalla a Rajoy comprometido con un pacto con el PNV ​—un pacto no explícito pero real— que ha frenado la única medida posible para evitar que Puigdemont se saliese con la suya: privarle a él y al también huido Comín del voto en la investidura de Torra. Si el presidente desoyó al Consejo de Estado para impugnar preventivamente la convocatoria del pleno del Parlamento catalán para investir al expresidente el pasado 30 de enero, ¿por qué ahora tanto escrúpulo legalista para interponer una impugnación perfectamente razonable?

Rajoy ha vuelto a perder en Cataluña y Puigdemont –aunque sea agónicamente- ha vuelto a ganar

Ante el borrascoso horizonte político que nos depara un Torra en Barcelona y un Puigdemont en Berlín, resultaba preferible para todos —catalanes independentistas incluidos— repetir las elecciones. Porque con la designación de Torra el Principado y el Estado se encaminan abiertamente a la continuación del enfrentamiento, de la crisis constitucional y a la imposibilidad de un diálogo institucional. Por eso, Rajoy ha vuelto a perder en Cataluña y Puigdemont —aunque sea agónicamente— ha vuelto a ganar.

La misma receptividad de Rajoy con el PNV acerca de Cataluña, la ha demostrado con la demanda peneuvista sobre el posible acercamiento de los presos etarras. Las organizaciones de las víctimas de ETA —he hablado con algunos de sus representantes y me parecieron desolados— están convencidas de que Rajoy, más adelante, moverá ficha. Lo hará bien directamente ordenando que Interior elabore un plan de aproximación a las cárceles de Euskadi o en territorios aledaños, bien indirectamente, transfiriendo al Gobierno vasco las competencias en Instituciones Penitenciarias lo que reforzaría la reclamación de aproximación de los reclusos etarras. Para los nacionalistas, apuntarse el tanto de conseguir el acercamiento es vital en su duelo social, político y electoral con la izquierda abertzale.

De ahí que por los Presupuestos, por Cataluña y por los presos etarras, el pacto de los nacionalistas vascos con Rajoy (además de ser ominoso para el Estado) implique un desequilibrio que al presidente le permite una renqueante continuidad y al PNV tres victorias políticas de largo alcance. Este es el nivel político en España, propio y característico de un fin de época en el que el objetivo último gubernamental es mantenerse en el ejercicio del poder. Un poder que se ha convertido en tóxico y destructivo. Lo comprobaremos sin sombra de duda en el discurso de investidura de Torra esta misma mañana.