Se internacionalizan el bloqueo de la reforma de RTVE y la campaña contra la censura

El Consejo de Informativos de TVE lleva años presentando quejas por censura y manipulación sin que el consejo de administración haya atendido sus peticiones ni recibido a sus representantes

Foto: Vista del Pirulí, centro de comunicaciones de RTVE. (EFE)
Vista del Pirulí, centro de comunicaciones de RTVE. (EFE)

Ayer comparecieron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la sueca Cecilia Wikstron (del grupo de Demócratas y Liberales), los representantes del Consejo de Informativos de TVE: Alejandro Caballero, que es su presidente, y los vocales Asunción Gómez Bueno y Gabriel López. Tuvieron que exponer —después de varias reuniones previas— un resumen oral de las denuncias de manipulación que han presentado por escrito trimestralmente desde hace un lustro al Consejo de Administración de RTVE. Lo hicieron al amparo no solo de la legislación española sino también del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de la directiva 2010/14, igualmente de la Unión Europea.

Los consejos de Informativos son órganos internos de “participación de los profesionales de la información de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos”, según el artículo 24 de la ley de 5 de junio de 2006 que regula “la radio y la televisión de titularidad estatal”. Estos consejos —que en algunos ámbitos se pretende presentar como expresiones asamblearias— han elevado reiteradamente quejas sobre censura y manipulaciones debidamente documentadas al Consejo de Administración de RTVE sin que hayan sido atendidas. Según fuentes de los profesionales, sus representantes “ni siquiera han sido recibidos”, de tal manera que su función se estaría “boicoteando”.

Con la comparecencia de ayer en el Parlamento Europeo, los trabajadores de RTVE han logrado definitivamente internacionalizar el bloqueo que sufre la reforma de la Corporación y las injerencias políticas —especialmente gubernamentales— en su función informativa. El pasado 26 de abril, la mesa conjunta del Congreso y del Senado, bajo la presidencia de Ana Pastor, demoró la puesta en marcha del concurso público para la designación de los consejeros y del presidente/a de RTVE, un procedimiento previsto en la ley de 29 de septiembre del pasado año que se aprobó “para recuperar la independencia de la Corporación de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Esta norma reimplantaba las mayorías para los nombramientos en RTVE que ya estaban previstas en la ley de 2006 y que el PP derogó en parte durante su mayoría absoluta en la X Legislatura. No obstante, en una disposición transitoria, establecía que la provisión de las vocalías del consejo de administración y de su presidencia se haría por concurso público.

El PP y el Gobierno “están poniendo trabas a la resolución para articular el concurso público”, según fuentes de los trabajadores de RTVE, que observan cómo hay una decisión política de dilatar la renovación de actual consejo y de la presidencia de la Corporación, cuyo mandato vence en las próximas semanas. Esta circunstancia —que los trabajadores achacan también a la indiferencia de la oposición— se ha conjugado con la denuncia reiterada de manipulaciones y censura en los servicios informativos.

La última, pero no la única, ha consistido en el veto a la emisión del vídeo en el que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, comentaba el pasado día 5, ante una pitada de los pensionistas a Mariano Rajoy en Alicante, que “entran ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles 'os jodéis”. La censura de esta información provocó la dimisión de la editora del TD en Valencia, Arantxa Torres. El pasado martes, presentaba también su dimisión por igual motivo el jefe de los Informativos de TVE en aquella comunidad, Enrique Pallás.

Este episodio, sin embargo, es “uno más” en una larga trayectoria de interferencias en la labor profesional en los espacios de información. Tanto es así que, como ya relataron en El Confidencial Ángel Villarino, Rafael Méndez, con datos de D. Grasso ("Todos de negro en antena. La protesta masiva lleva TVE a sus días más críticos"), se está produciendo una auténtica rebelión en la televisión pública de la que se han hecho eco medios extranjeros, especialmente británicos, belgas y franceses. En todos ellos, se destaca que este movimiento de protesta está impulsado especialmente por las mujeres de RTVE, que ya se mostraron como un colectivo especialmente activo el 8-M. De ahí que exista una fuerte corriente interna para que la nueva presidencia de la Corporación sea desempeñada por una mujer.

La situación en RTVE ha llamado la atención de asociaciones internacionales como la Federación Internacional de Periodistas, que ha apoyado expresamente la campaña #ViernesNegroRTVE, haciendo hincapié en que esta campaña “reclama también la vuelta al consenso de todas las fuerzas parlamentarias para avanzar en una RTVE abierta y sostenible, incluyendo un sistema transparente de elección del presidente y de los miembros del `consejo de administración”. Simultáneamente, un grupo amplio de periodistas y mujeres del ámbito de la cultura está apoyando las reivindicaciones de los trabajadores desde fuera de la Corporación. También la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid respaldan esta campaña.

Según fuentes del colectivo, la movilización actual responde a la expectativa de que si “hubo durante años un modelo de RTVE desgubernamentalizada, debe ser posible que ese modelo vuelva a implantarse”, en referencia a la ley de 2006 y a las previsiones —aplazadas por el Gobierno y el PP con la indiferencia de la oposición— prevista en la de 2017. Aunque existe cierto escepticismo sobre el sistema de concurso para la elección del consejo de administración y de la presidencia (un procedimiento sometido a informe de los letrados del Congreso a instancias del PP, que deben emitir un dictamen sobre un borrador que articula el modelo del concurso), los representantes de los trabajadores y el Consejo de Informativos están tratando de sostener la protesta y de plantearla en todas las instancias.

Mientras no entren en vigor las medidas que garanticen los valores que las leyes sucesivas proclaman de la radio y la televisión públicas estatales, el sistema político español registrará un boquete más en su estructura institucional, particularmente pernicioso en la presente situación política, cualificada por una grave crisis constitucional, un nuevo modelo de partidos y profundos cambios sociales que reclaman una RTVE que gane plena credibilidad y sea referencia informativa por su rigor y pluralidad.

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