El Cercle d'Economía irrita en Bilbao y sorprende en Madrid

Desde el punto de vista legal, la propuesta de los empresarios catalanes encaja perfectamente en lo que sería una reforma federal del Estado actual

Foto: El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera. (EFE)
El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera. (EFE)

Este fin de semana se celebran en la localidad de Sitges las jornadas que con gran éxito y repercusión organiza el Cercle d'Economía, una de las asociaciones más prestigiadas de la sociedad civil catalana. Estas jornadas de debate sobre economía y política vienen precedidas por una reflexión escrita de los responsables del Cercle, que este año han abordado la situación política de Cataluña. En esta ocasión, y pese a que el debate sobre la moción de censura ha amortiguado mucho la repercusión de la nota de este 'lobby' catalán, algunas de sus consideraciones han provocado reacciones de malestar y de sorpresa.

Los empresarios del Cercle reclaman más autogobierno para Cataluña dentro de la legalidad y apuestan por un nuevo Estatuto que se configure como una “constitución” catalana que blinde, además, sus competencias administrativas y las más características propias del reconocimiento de la “nacionalidad catalana”, que incluyen la lengua y el sistema institucional propio. Esta reclamación del Cercle no puede considerarse ni nueva ni excéntrica. Forma parte de la que, con poco éxito, mantienen allí y fuera de Cataluña los partidarios de la 'tercera vía'. Sin embargo, desde que se conoció esta renovada propuesta el pasado lunes, se produjo un cierto malestar y alguna sorpresa en distintos ámbitos institucionales, e incluso empresariales, de la capital.

Desde el punto de vista legal, la propuesta de los empresarios catalanes encaja perfectamente en lo que sería una reforma federal del Estado actual

La realidad, sin embargo, es que la propuesta del Cercle recoge con otras palabras la que formularon en noviembre de 2017 un grupo de catedráticos de derecho constitucional y administrativo en un documento titulado 'Ideas para una reforma de la Constitución', que fue presentado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El documento fue elaborado por especialistas vascos, catalanes y madrileños liderados por Eliseo Aja y Santiago Muñoz Machado.

En la página 15 de la propuesta reformista, estos catedráticos dicen que “sería conveniente configurar al Estatuto como equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinados, obviamente, a la Constitución. Debería quedar despojado de su carácter de ley orgánica pero también de su función en la distribución de competencias que correspondería a la Constitución. Habría que ocuparse, por tanto, de las cuestiones internas de la comunidad que afectan a las restantes. Eso incluye no solo la organización territorial e institucional sino también una parte dogmática con los derechos reconocidos en el ejercicio de sus competencias y los rasgos que identifican a la comunidad. Desde el punto de vista procedimental, solo debería requerir la aprobación del Parlamento de la comunidad autónoma respectiva, no de las Cortes Generales”.

Desde el punto de vista legal, la propuesta de los empresarios catalanes encaja perfectamente en lo que sería una reforma federal del Estado actual, de ahí que insten a que continúe, y los partidos debatan, en el seno de la comisión para la evaluación del modelo autonómico. Consideran los trabajos de esta comisión como la “antesala para la convocatoria de una subcomisión parlamentaria para la reforma de la Constitución”. En consecuencia, la sorpresa por la propuesta del 'lobby' empresarial catalán no estaría en absoluto justificada, aunque se explica cierto malestar en la capital por el hecho de que no se menciona la “falta de interlocución posible ahora en Cataluña para abordar ninguna reforma en el marco de la legalidad constitucional”.

Pero donde el documento del Cercle ha caído francamente mal —llegando a irritar— ha sido en Bilbao. Los empresarios catalanes defienden la “necesidad de incorporar a las comunidades forales al mecanismo de solidaridad, una carencia que es, a estas alturas, incomprensible”. Para el PNV, y en general para el nacionalismo, esta mención es “intolerable” y “desconoce la disposición adicional de la Constitución y la aportación que mediante el cupo realizan tanto el País Vasco como Navarra a las cargas comunes”.

En Bilbao, tanto políticos como empresarios estudian una respuesta al Cercle d'Economía

La percepción en Cataluña de que la situación de Euskadi y Navarra es privilegiada desde el punto de vista de la financiación de sus respectivos autogobiernos es creciente, y ha aumentado con los acuerdos entre el PNV y el Gobierno de Rajoy: el año pasado, para aprobar la ley de cupo con una metodología muy favorable para el País Vasco, y este ejercicio, para financiar infraestructuras en la comunidad autónoma vasca por un importe superior a los 500 millones de euros.

Las relaciones entre Cataluña y el País Vasco son extraordinariamente tensas después de que se haya sabido que desde JxCAT se remitió una carta al PNV con quejas por las declaraciones del lendakari Urkullu sobre el Gobierno “por internet” de Puigdemont. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, remitió una nota a Elsa Artadi dando por no recibida la queja a fin de mantener en pie las relaciones entre ambos nacionalistas. En Bilbao, tanto desde instancias políticas como empresariales, se estudia una respuesta al Cercle d'Economía, que este año no reunirá en Sitges al habitual elenco de personalidades dada la situación política en el conjunto de España y en Cataluña en particular.

Notebook

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
19 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios