Los presos catalanes y el presidente Sánchez

El nuevo fiscal general del Estado puede implementar nuevos criterios que afecten a la prisión preventiva de los independentistas y a la tipificación de los presuntos delitos que cometieron

Foto: El fiscal general del Estado en funciones, Julián Sánchez Melgar. (EFE)
El fiscal general del Estado en funciones, Julián Sánchez Melgar. (EFE)

El sábado cesó Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado. Lo hizo por imperativo de su Estatuto Orgánico, que establece (artículo 31) que su nombramiento decae cuando cesa el Gobierno que le hubiere propuesto. Desde entonces y hasta que se nombre a otro, el actual estará en funciones. Una situación que el nuevo Gobierno remediará de manera inmediata. El nuevo será nombrado por el Rey a propuesta del Ejecutivo oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Y como requisito previo, deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente Sánchez tiene un enorme margen para elegir al nuevo fiscal general del Estado, porque puede hacerlo entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Podría ser, por tanto, un miembro de la carrera fiscal, de la judicatura (como el actual y el anterior, el fallecido José Manuel Maza), un abogado o un catedrático-jurista. Y será muy interesante conocer el perfil por el que se decanta el presidente, ya que el fiscal general del Estado es, en función de las actuales circunstancias, su nombramiento más importante. ¿Más que el de los ministros? Mucho más.

Los presos catalanes y el presidente Sánchez

Los fiscales, con el general del Estado al frente, son funcionarios públicos que se someten a la legalidad y deben ser imparciales, gozan de autonomía pero no de independencia y responden en el ejercicio de sus funciones a criterios jerárquicos y de unidad de acción. Por lo tanto, ni son inamovibles ni son independientes como los jueces. ¿Están sometidos a los criterios de oportunidad del Gobierno? No. Pero el fiscal general del Estado, al estar nombrado por el Ejecutivo, responde a un principio de confianza, que en circunstancias muy excepcionales y transparentes pueda trasladarle criterios de actuación.

Los presos catalanes y el presidente Sánchez

Destaco la importancia de este nombramiento porque el presidente del Gobierno tiene que encarar, con mayor o menor urgencia pero en muy poco tiempo, el desafío catalán. Un desafío muy complejo que tiene una vertiente política, otra jurídico-constitucional y una tercera judicial. Están en tramitación tres procedimientos penales: ante la Sala Segunda del TS, ante la Audiencia Nacional y ante el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Las dos primeras causas están muy avanzadas con los procesamientos dictados por graves delitos: rebelión, sedición, malversación… Pero faltan aún los escritos de acusación definitivos antes de los juicios orales.

¿Mantendrá el nuevo fiscal general el mismo criterio jurídico-penal que el actual y el que le precedió, ambos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy? O en otras palabras, ¿seguirán los fiscales de los distintos casos manteniendo la procedencia de las medidas cautelares (prisión preventiva incondicional en los casos más graves que se tramitan en la Sala Segunda del TS) ahora establecidas o recibirán instrucciones para ablandarlas?, ¿se mantendrán las acusaciones por rebelión y sedición o los fiscales recibirán criterios de la Fiscalía General para variar las tipificaciones que actualmente se mantienen en los autos? No son preguntas retóricas.

La urgencia de Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, por verse con el del Gobierno, remite, entre otras muchas razones, a la ansiedad que se transmite desde Barcelona para que se altere la situación de los presos. Hoy por hoy, la única contrapartida que están exigiendo los independentistas catalanes, además de otros sectores muy receptivos a esa reivindicación, es que cambie la situación procesal de los presos preventivos y que se evite lo que se denomina impropiamente “el escarmiento”. La toma de posesión de los consejeros de Torra fue un verdadero mitin a favor de los presos. Y la primera decisión fue colocar en la fachada principal del Palacio de San Jaime una gran pancarta reclamando la libertad de los reclusos con un enorme lazo amarillo.

Desde el PSOE, se ha puntualizado que el “acercamiento de los presos” a Cataluña no es una facultad que corresponda al inminente Gobierno de Sánchez sino a los jueces. Cuando se dicte sentencia y tengan que cumplir las penas, esa competencia será de Instituciones Penitenciarias. Pero Miquel Iceta se ha adelantado a calificar de “inoportuno” ese posible acercamiento, porque daría la impresión de constituir una “contrapartida” a los 17 escaños independentistas que respaldaron la moción de censura que hizo a Sánchez presidente del Ejecutivo.

No empujemos los acontecimientos, pero la lógica política se terminará imponiendo. De la misma manera que el PP quiere cobrar al PNV la factura por su deslealtad, se pasarán al cobro otros cargos a cuenta del voto de investidura mediante censura de Rajoy que favoreció a Sánchez. De ahí que Torra, el PDeCAT y ERC necesiten un trofeo, una compensación, que explique cabalmente a su electorado y a sus grupos de interés (Puigdemont incluido) que echar a Rajoy y poner a Sánchez ha sido algo más que una mera sustitución que se limitaba a satisfacer el ajuste de cuentas del independentismo con el expresidente popular. Pues bien: el fiscal general del Estado es una pieza clave en el puzle de la política catalana del nuevo presidente socialista. Apuntado queda.

Notebook

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
16 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios