Los presos del 'procés' barajan recusar a magistrados de la Sala Segunda del TS
Pedro Llarena rechazó su recusación por Carme Forcadell y advirtió en su auto de que se busca “la quiebra de competencia enjuiciadora de la Sala Penal”
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Los políticos presos en la causa especial 20907/2017 que instruye el magistrado del Supremo Pedro Llarena, procesados por graves delitos, entre ellos el de rebelión y malversación, están valorando con sus letrados promover un incidente de recusación contra magistrados de la Sala Segunda que es la que debe enjuiciarlos en su momento. Los indicios para suponer que podría intentarse la recusación de la actual plantilla de esta Sala (compuesta temporalmente por solo por 11 togados de los 15 que la integran) se deducen de las “maniobras dilatorias” que según fuentes del TS se están comprobando en los procesados y en un incidente procesal que no ha pasado desapercibido.
El pasado 6 de junio, Pedro Llarena rechazó su recusación promovida por Carme Forcadell. Y lo hizo por entender que, además de concurrir un “manifiesto fraude procesal” y extemporaneidad en la petición, se percibía la intencionalidad de que los miembros de la Sala de lo Penal quedasen inhabilitados para juzgar el caso ya que de tramitarse (la recusación) tendrían que revisar el trabajo completo del juez instructor, lo que en opinión de Llarena, “supondría la quiebra completa de la competencia enjuiciadora de la Sala”.
Además, y como quiera que para la recusación es necesario un poder especial y nominativo, la Sala ha comprobado que el otorgado por Carme Forcadell apoderaba a su procurador y letrado no solo para recusar a Llarena, sino también para hacerlo a los demás magistrados de la Sala Segunda que aparecen con sus nombres y apellidos en el documento notarial. Ayer se desconocía si el resto de procesados había otorgado poderes similares a sus procuradores y letrados. Si se confirmase que han procedido igual que Forcadell no habría duda de que se promovería, aunque solo fuese a efectos dilatorios, un incidente de recusación general de la Sala.
Caso de que se produjese la recusación de miembros del Tribunal, cabrían dos posibilidades. La primera, que fuese rechazada de plano por la propia Sala en el supuesto de que resultase por completo infundada, lo que exigiría una resolución motivada. La segunda, que se admitiese a trámite y fuese debatida por la Sala especial del Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su punto 2 le atribuye la competencia para resolver sobre “los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de las distintas Salas o de más de dos magistrados de una Sala”. La Sala del 61 está integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de las cinco Salas del Tribunal y por los magistrados más antiguo y más moderno del máximo órgano jurisdiccional.
Estos trámites están retrasando, en principio, el auto de conclusión de la instrucción que Pedro Llarena desea dictar en unos días
La impresión recogida de fuentes judiciales es que los políticos presos han alterado su estrategia. De desear una instrucción rápida, han pasado a ralentizarla. Ayer Joaquim Forn pidió declarar de nuevo, lo hizo y volvió a solicitar su libertad. También ayer Oriol Junqueras y Raül Romeva pidieron la declaración de seis testigos. Estos trámites están retrasando, en principio, el auto de conclusión de la instrucción que Pedro Llarena desea dictar en unos días. Mientras, la sala de apelaciones de la Sala Segunda no ha resuelto todavía los recursos contra los procesamientos decretados por el instructor. Una vez sean firmes y confirmados, los procesados por rebelión que estén en la cárcel o huidos de la Justicia quedarán suspendidos de cualquier tipo de función pública, incluida la de representación en el Parlamento de Cataluña.
De promoverse el incidente de recusación de magistrados de la Sala Segunda y de continuar los procesados planteando nuevas pruebas testificales o reclamando comparecencias ante el instructor, el calendario previsto para que la vista oral de la causa se celebre en otoño podría verse alterado. En círculos políticos consultados, próximos a los partidos independentistas, se sostiene que la causa de los presos es “movilizadora” y que “no importaría que siga viva hasta la primavera de 2019 cuando haya que celebrar europeas y municipales en Cataluña”.
La causa de los presos es “movilizadora” y “no importaría que siga viva hasta la primavera de 2019 cuando haya que celebrar europeas y municipales”
La Sala de lo Penal quisiera constituirse como sala de enjuiciamiento con siete magistrados (como cuando fue juzgado y condenado por desobediencia Francesc Homs), para lo que es preciso que el Consejo General del Poder Judicial en su última sesión del curso –que se celebrará el 22 de julio- provea tres vacantes. De esta manera podría formase un tribunal de siete magistrados no contaminados por la instrucción. Ahora lo estarían el propio Llarena, instructor, y los tres de la sala de apelación. Un magistrado titular está de baja. Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala Segunda, también estaría “contaminado” para el enjuiciamiento.
Fuentes judiciales constatan que con el nuevo Gobierno y la previsible actuación de María José Segarra, fiscal general del Estado –en sentido diferente o corregido al de sus predecesores, el fallecido José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar- se percibe un cambio de estrategia judicial que, por el momento, ralentiza la causa. Nada lo haría más a estas alturas que una recusación de todos los magistrados –o de una buena parte de ellos- de la Sala Segunda.
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