El obsceno mercado de la Moncloa
El bipartidismo ha otorgado a los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos un poder extraordinario sobre la política española con la que, sin embargo, no se han comprometido
¿En qué momento de la política española la Moncloa dejó de ser un zoco de obscenas transacciones políticas? Solo cuando el PSOE y el PP obtuvieron mayorías absolutas. Cuando no las lograron, la sede de la presidencia del Gobierno de España se convirtió en un mercado. Que nadie —como se está haciendo ahora— se rasgue las vestiduras porque Torra se haya comportado como Pujol o Arzalluz. El bipartidismo insuficiente ha otorgado a los ahora independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos un poder extraordinario sobre la política española con la que, sin embargo, no se han comprometido pese a que dos presidentes —González y Aznar— les ofrecieron gobiernos de coalición. Nunca los aceptaron porque deseaban condicionar al Ejecutivo, pero no contaminarse con el poder de un Estado que siempre les fue ajeno. Su objetivo, del PNV y de CDC, fue a largo plazo: la nacionalización de Euskadi y Cataluña. Los resultados han sido, de momento, el plan Ibarretxe en 2005 y el proceso independentista de otoño de 2017.
Torra acudió el lunes a la Moncloa sabiendo que contaba con una inercia favorable. En 1993 Felipe González fue investido por los escaños de un Jordi Pujol que escribió descripciones sobre el "hombre andaluz" a la altura de las barbaridades xenófobas del ahora 'president' de la Generalitat. El periódico que dirigí durante años le nombró "español del año" en 1984, aquel en el que Mena y Villarejo, los fiscales de Barcelona, impulsaron la querella contra él por el asunto de Banca Catalana, y cuando el hombre que dirigió Cataluña durante 23 años defraudaba al fisco y algunos de sus hijos, después, perpetraban comportamientos delictivos. Por supuesto, ya entonces el 3% en comisiones ilegales nutría las arcas de los convergentes.
Los resultados de este mercadeo han sido, de momento, el plan Ibarretxe en 2005 y el proceso independentista de otoño de 2017
Lo mismo hizo José María Aznar en 1996, suscribiendo en Barcelona el Pacto del Mayéstic. Los votos de CiU le auparon a la presidencia del Gobierno como tres años antes a González. No solo: Aznar quiso también la colaboración del PNV. Por primera y única vez en la historia, Xabier Arzalluz (otro xenófobo que envió a los vascos españoles a la diáspora con la frase: "ancha es Castilla") pisó la sede del PP en la calle Génova y afirmó que se fiaba de "un castellano viejo como Aznar". Tanto en 1993 como en 1996, nacionalistas catalanes y vascos obtuvieron porciones extraordinarias de poder en forma de financiación y de nuevas competencias, mientras en el País Vasco y Cataluña se gestaban las peores deslealtades al Estado que los gobiernos centrales silenciaron. González y Aznar miraron a otro lado exactamente igual que Sánchez con Torra, salvando las distancias de contexto.
Zapatero y Rajoy tampoco fueron ajenos al mercadeo. El presidente socialista lo fue en las dos legislaturas (2004 y 2008) sin mayorías absolutas, pero con el apoyo —en forma activa o con abstenciones— de los nacionalistas vascos y los ahora independentistas catalanes. Uno de los orígenes del llamado proceso soberanista hay que situarlo en el tripartito catalán que presidió primero el socialista Maragall y luego el también miembro del PSC, Montilla. En ambos gobiernos estuvo ERC. Y fueron los que impulsaron primero el Estatuto (2006) y luego echaron a la gente a la calle tras la sentencia del Tribunal Constitucional (2010).
Entre 2010 y 2012, el aliado de Artur Mas fue ¡el Partido Popular! Y Rajoy: en la actual legislatura pactó la Mesa del Congreso con los que hoy son exconvergentes y se apoyó decisivamente en el PNV que, desde hace muchos meses tramita un borrador de nuevo estatuto que lleva camino de convertirse en la segunda parte del Plan Ibarretxe. Por supuesto, todos, socialistas y populares, aprobaron los cupos con el País Vasco y Navarra. Tuvieron que llegar al Congreso UPyD y, sobre todo, Ciudadanos, para que se pusiera negro sobre blanco la intolerabilidad de privilegios incompatibles con el principio de solidaridad.
Torra ha venido a Madrid y Sánchez le ha recibido reiterando una escena política —con un índice glucémico tóxico— propia de las mejoras épocas autonomistas. El catalán ha practicado el "peix al cove" ("pájaro en mano") con el más depurado estilo pujolista, y Sánchez se ha comportado —muy autonómicamente también— como el presidente que depende del voto de los que sostienen a su interlocutor en la Generalitat de Cataluña. ¿Dónde la novedad? ¿Por qué el escándalo? ¡Cuánto hipócrita! Torra sabe que el 'procés' es inviable —aunque jamás lo reconocerá— y Sánchez que sin los votos de ERC y de JxCAT en el Congreso se quedaría sin presidencia. Se trata del ayuntamiento de necesidades, de debilidades y de conveniencias. Insisto: nada nuevo, pero empeorando.
El 'procés' y el Plan Ibarretxe han sido brotes que podrían repetirse porque los factores de incentivación están en el modelo electoral
El 'procés' fracasado —al que le queda la retórica de la resistencia y la dialéctica del desafío—, como en su momento el también fracasado Plan Ibarretxe (ya se gesta el segundo) han sido brotes que podrían repetirse porque los factores de incentivación de la deslealtad nacionalista están instalados en el modelo electoral y de partidos. El bipartidismo insuficiente ha creado y alimentado la amenaza segregacionista y sigue haciéndolo, hasta que un vuelco electoral —ahí está Ciudadanos— cambie la rasante del sistema. Sánchez tragó el lunes lo mismo o muy parecido que González, que Aznar, que Zapatero o que Rajoy. Y Torra se comportó como Pujol o como Arzalluz solo que con una dosis de tosquedad mayor. O sea, que fariseísmos los justos. Por fortuna, ya se ha visto que, si se pasa del dicho al hecho, aplicar con oportunidad el 155 no es ninguna catástrofe.
Quede clara, sin embargo, la discriminación de responsabilidades, a partes iguales entre Madrid, Barcelona y Bilbao. Padecemos, en consecuencia, una crisis endógena del actual sistema que solo se superará con gobiernos de mayorías mediante coaliciones en los que los nacionalistas no dispongan del poder arbitral que ahora detentan y que utilizan contra el propio Estado.