La exhumación de Franco y la comisión de los 13

Los restos de Francisco Franco siguen reposando en el Valle de los Caídos pero “en breve” no lo harán, según aseguró el presidente del Gobierno el martes en el Congreso. El Ejecutivo de Sánchez ya ha demostrado que algunas de las cosas que quería hacer de forma rápida resultan complicadas y difíciles. Y una de ellas, abordar, desde los criterios de la memoria histórica, la resignificación del monumento de Cuelgamuros y sacar de allí el cadáver del dictador. Este Gobierno tiende a la precipitación y a un cierto adanismo. Porque lo que sucede con el megalómano Valle de los Caídos ya estaba predicho en el informe que 13 expertos elaboraron en noviembre de 2011 para el Gobierno de turno. La comisión de peritos se creó en el mes de mayo anterior y realizó un buen trabajo concretado en una serie de consideraciones y recomendaciones muy ecuánimes y razonables.

En la comisión de expertos estaban, entre otros, Virgilio Zapatero, Ramón Jáuregui, Miguel Herrero de Miñón, Pedro González Trevijano, Amelia Valcárcel y Reyes Maté. El dictamen fue breve (26 páginas más los anexos) y sobre los enterramientos de Franco y José Antonio Primo de Rivera era meridianamente claro. Proponía exhumar los restos del caudillo y trasladarlos “al lugar que sea considerado digno y más adecuado. A tal efecto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y habrá que negociar con la Iglesia la oportuna autorización”. Respecto de los restos del fundador de la Falange, los expertos recomendaban que “no ocupase un lugar preeminente en la basílica”, ya que están enterradas allí más de 33.000 personas.

El dictamen fue breve y proponía exhumar los restos del caudillo y trasladarlos "al lugar que sea considerado digno y más adecuado"

La comisión advertía ya hace siete años de que era necesaria una actitud de “colaboración” de la Iglesia porque, dada la calificación legal de la basílica como lugar de culto inviolable (criterio ratificado luego por los tribunales), "debe dar la preceptiva autorización". Sin embargo, tres de los expertos emitieron un voto particular que en estos días se convierte en particularmente actual e interesante. Herrero de Miñón, González-Trevijano y Barrios Pintado advertían de lo siguiente:

“La intervención en la basílica a efectos de exhumar los restos en ellos sepultados [de Franco y José Antonio] es difícil porque exige una negociación con la autoridad eclesiástica y la autorización de la misma, dada la condición de lugar sagrado de la basílica y la inviolabilidad que le garantiza el Acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede. A su vez, no es fácil la determinación de dicha autoridad. La del abad del Valle está trabada por el compromiso adquirido el 23 de noviembre de 1975 en el acto de enterramiento del anterior jefe del Estado, según consta en el acta levantada por el notario mayor del reino. Además, el superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional”.

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En aquel entonces —noviembre de 2011—, los suscribientes de este voto particular consideraban también que la exhumación era “inoportuna” y “contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario, difícil en sí mismo”. Advertían también de que “una parte no pequeña de los españoles considerarían que la exhumación supone la descalificación de un largo periodo de la historia de España y a otra parte le resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad correspondiente a un jefe del Estado… Por ello, el Gobierno de turno que pretendiese ese traslado debería antes valorar el impacto que pudiera tener en la opinión pública para evitar la radicalización de la misma, contar con el más amplio consenso parlamentario al efecto y llevar a buen término la correspondiente negociación con las autoridades eclesiásticas competentes”.

Uno de los miembros de la comisión opina en privado que “el Gobierno no sabe jurídicamente cómo entrar en este asunto o no puede sacar a Franco del valle porque no tiene fuerza política para controlar las reacciones que suscitará, o agita este tema desde una perspectiva meramente ideológica". Y añade: “Agosto sería un buen mes para la exhumación, con España de vacaciones”.

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Todo, o casi todo, sobre la exhumación de los restos de Franco y sobre la resignificación del Valle de los Caídos está en el informe de los expertos de 29 de noviembre de 2011 y en el voto particular de tres de ellos. La nueva variable que en el dictamen no se menciona es el permiso o autorización de la familia para exhumar y trasladar los restos. Algunos de aquellos expertos consultados ahora dudan de que esa sea la verdadera dificultad. La siguen viendo en el papel de la Iglesia en este espinoso asunto, que no está tan claro como parece. Y sospechan —al menos alguno— que el Gobierno utiliza esta cuestión manteniendo la expectativa como un instrumento de movilización.

En todo caso, con el informe de 2011 y un servicio jurídico del Estado que está especialmente cualificado, el Gobierno no debería tener tantas dificultades para abordar y concluir este trajín que comienza a resultar extraño, pegajoso y arrojadizo. Sobre todo porque el Gobierno ha creado en torno a él unas expectativas que no está cumpliendo. Ciertamente, como en otros temas. Pero este es el más delicado y emocional de todos. Esperemos que Sánchez y su equipo no hayan metido la pata y el próximo 18 de julio no sigamos enfrascados en este corrosivo debate.