La inacabada abdicación de Juan Carlos I

La opinión pública no va a consentir —tampoco aquella que se considera de razón o de corazón monárquica— que se dejen de investigar las conductas del Rey emérito hasta donde sea posible

Foto: Don Juan Carlos, junto a su hijo, Felipe VI. (Getty)
Don Juan Carlos, junto a su hijo, Felipe VI. (Getty)

Este iba ser el año de la rehabilitación pública de los Reyes eméritos. Ambos cumplían 80 años —don Juan Carlos lo hizo en enero, y doña Sofía lo hará en noviembre—, y este diciembre se cumplirá el 40º aniversario de la Constitución que se elaboró y aprobó bajo el reinado del padre de Felipe VI. La Casa del Rey valoraba que transcurridos cuatro años de la abdicación de Juan Carlos I, las razones de la renuncia quedaban ya lejos en el tiempo y en la memoria colectiva y que el Rey padre merecía un reconocimiento a su enorme labor política e institucional. Con su abdicación en junio de 2014, se pensaba, el anterior jefe del Estado había enjugado sus culpas e irresponsabilidades y evitado que la Corona se contagiase de la crisis que concernía a su figura.

Ninguno de estos planes va a ejecutarse. Aunque el Rey emérito aparecerá este verano con sus habituales prácticas deportivas en Mallorca y en otras localidades, ni la Casa del Rey ni el Gobierno están en condiciones de ofrecer al anterior jefe del Estado una mayor visibilidad ni rehabilitarle tras los comportamientos personales que le condujeron a la renuncia al trono. Una abdicación que comenzó a fraguarse en 2013 y se consumó en junio de 2014, y que se debió, sí —pero no primordialmente— a razones de salud, pero sobre todo al deterioro de la reputación de su persona y de la institución.

El proceso al que fueron sometidos su hija la infanta Cristina y su yerno, Iñaki Urdangarin, actualmente cumpliendo condena por cinco delitos, desveló el descontrol de la entonces familia real, y sus relaciones sentimentales —hubo varias anteriores, aunque ocultadas— con Corinna Larsen, con el bochornoso episodio cinegético de Botsuana, resultaron acontecimientos ambos intolerables desde cualquier punto de vista. La conocida como 'amiga entrañable' del entonces jefe del Estado era —lo es aún— una comisionista de altos vuelos que embaucó a Juan Carlos I (que se dejó embaucar) y con la que inició una relación personal peligrosa e irresponsable en la que tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia. Los detalles de esa relación —presencia en las visitas oficiales, estancia de Corinna en un recinto próximo a la Zarzuela, intervención en mediaciones que afectaron a la posición pública de Urdangarin y la sospecha permanente de que entre Juan Carlos I y la supuesta princesa germano-danesa se manejaban intereses económicos— provocaron una situación insostenible. La abdicación era el cortafuegos para proteger a la institución y al propio Rey, que pasaba a ser emérito.

La aparición de unas declaraciones de Corinna grabadas en 2015 en Mónaco, tomadas al parecer por el excomisario Villarejo (uno de los protagonistas más conspicuos de las actividades de las llamadas 'cloacas del Estado'), en las que acusa al Rey emérito de tener cuentas en Suiza, haber cobrado comisiones por sus gestiones a favor de empresas españolas constructoras del AVE a la Meca (Arabia Saudí) y haber recibido del rey de Marruecos un finca en la localidad de Marrakech, utilizando para ello testaferros, al menos en parte, al tiempo que Juan Carlos I se acogía, supuestamente, a la amnistía fiscal de Montoro, han demostrado que la abdicación del Rey emérito es un episodio inacabado, con consecuencias diferidas. Ciertamente, no puede darse credibilidad a botepronto a las acusaciones de Corinna (ella es la comisionista por excelencia), hay que saber si sabía que estaba siendo grabada, qué hacía en esa extraña y sórdida reunión el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Y, sobre todo, cual fue el qué y el porqué de la intervención de un personaje tan siniestro como el excomisario Villarejo, ahora encarcelado.

Los últimos acontecimientos han demostrado que la abdicación del Rey emérito es un episodio inacabado, con consecuencias diferidas

Pero si todas estas cuestiones previas son despejadas, y aunque trasluzcan, como parece, despecho, odios, rencores y ajustes de cuentas (en parte, con el CNI y su director, el incombustible general Sanz Roldán), la opinión pública española no va a consentir —tampoco aquella que se considera de razón o de corazón monárquica— que se dejen de investigar las conductas del Rey emérito hasta donde sea posible. No es viable esa investigación —por la inviolabilidad del Rey según el artículo 56.3 de la Constitución— en tanto Juan Carlos I fue jefe del Estado, pero sí lo es por los hechos de que es acusado por su ex 'amiga entrañable' posteriores a su abdicación, sean consumados después del 19 de junio de 2014 o sean comportamientos continuados que no se corrigieron antes de esa fecha. El juez central de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha abierto una pieza separada en el caso que se instruye contra el excomisario Villarejo para determinar si dispone de argumentos indiciariamente irregulares para elevar al Tribunal Supremo (Sala Segunda) una exposición razonada solicitando la instrucción de una causa penal contra don Juan Carlos. Y esa maquinaria judicial no solo no se parará, sino que no debería detenerse en virtud de consideraciones políticas o de otra naturaleza que no sean estrictamente fácticas y jurídicas.

Otra cosa es la procedencia de la comisión de investigación parlamentaria que impulsan Podemos, los independentistas y otros grupos menores. Esa iniciativa en el Congreso se inscribe no tanto en el propósito de buscar la verdad (para eso están el juez Diego de Gea y el Supremo), sino en el propósito confesado de incrementar la campaña republicana que, partiendo de Cataluña, está alcanzando un volumen considerable e inquietante. Tampoco la vía de información que ha abierto en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Sanz Roldán es decisiva. Lo sustancial es la investigación judicial con la colaboración de la Agencia Tributaria (en ello está), que se sustanciará en dos instancias, la Audiencia Nacional y el Supremo, caso de que los hechos relatados por Corinna Larsen puedan ser indiciariamente acreditados y en el bien entendido de que la instrucción del asunto —de producirse— correspondería al Supremo y no al juzgado central de la Audiencia Nacional.

La inquietud política es máxima, porque los dos pilares de la Constitución (el modelo autonómico y la forma de Estado) se encuentran sometidos a un enorme estrés político y social. Felipe VI ha hecho todo lo que está en su mano para elevar la reputación de la Corona, mejorar su percepción a través de una política de ejemplaridad y transparencia, pero los coletazos de los últimos años del reinado de su padre se lo están poniendo difícil. ¿Imposible? No. Pero el Rey se encuentra en una situación comprometida. Su hermana visitando a su marido recluso en Brieva, su padre sometido a investigación judicial, su madre mal avenida con la Reina consorte y de nuevo humillada por el Rey emérito a propósito de los ecos de su relación con Corinna Larsen, y creciendo un movimiento republicano. Y todo ello, provocando aparentemente una perplejidad que la Zarzuela no parece capaz ni de disimular ni, mucho menos, de superar. Hay acontecimientos que, por su imprevisibilidad y contundencia, restan capacidad de reacción. Es el caso. Situación de alto riesgo que se conjurará hundiendo el bisturí hasta donde sea preciso. La monarquía solo prospera si se instala bajo un techo de cristal.

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