"Los recusados de la Sala Segunda no mueven un papel. El juicio se dilata"

El próximo 5 de septiembre, miércoles, se reúne la Sala del 61 del Tribunal Supremo para deliberar y resolver sobre la recusación de los magistrados de la Sala Segunda que formarán parte del tribunal de enjuiciamiento de la causa instruida por Pablo Llarena sobre el proceso soberanista. El pasado mes de julio —como en este mismo blog se adelantó el 27 de junio—, las defensas de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Raül Romeva, en una maniobra claramente dilatoria, recusaron a los magistrados Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, a Andres Martínez Arrieta, a José Ramón Berdugo, a Luciano Varela y a Vicente Magro. Aunque la sala podía haber rechazado de plano la recusación, como hizo Pablo Llarena con la que promovió Carme Forcadell contra él, la sala ha preferido que la cuestión se debata para que no pueda aducirse esta cuestión ante un eventual recurso de los procesados ante la Justicia europea.

La recusación se produce en todos los casos por supuesta parcialidad de los magistrados y por 'contaminación' de estos en trámites previos al estricto enjuiciamiento que se producirá en los próximos meses. El asunto lo deliberará y resolverá la sala que está prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que debería estar integrada por 16 magistrados: tres por cada una de las cinco salas del Supremo (el presidente, el magistrado más antiguo y más nuevo de cada una de ellas), bajo la presidencia de Carlos Lesmes, que es el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la Sala del 61 no podrá completarse porque tres de sus miembros (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Vicente Magro) están recusados y por ello no pueden participar en un debate y posterior resolución que les afecte directamente.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo prepara su otoño caliente: de la recusación del 'procés' al máster de Casado

Beatriz Parera

Fuentes próximas al Supremo informan de que, desde que en julio se produjo la recusación, los magistrados de la Sala Segunda no han "tocado un papel" de las actuaciones realizadas por Llarena en la instrucción del caso del 'procés' y que todos los trámites necesarios a lo largo de este periodo de tiempo —como la excarcelación de Dolors Bassa para visitar a su madre en una clínica catalana— se han manejado por la sala de vacaciones del Supremo. Las mismas fuentes transmiten la impresión de que la recusación de los magistrados no prosperará, pero advierten de que los políticos catalanes presos preventivamente han "conseguido retrasar la marcha del proceso". Efectivamente: hasta finales de septiembre no se espera que la recusación presentada sea definitivamente resuelta por la Sala del 61, con lo cual las defensas de los encarcelados habrían logrado dilatar el procedimiento, que era lo que se proponían con la recusación: aplazarlo hasta intentar que la vista oral se celebre lo más cerca posible de las elecciones del próximo mes de mayo (en Cataluña, serán municipales, y en toda España, europeas y, en algunas comunidades, también autonómicas).

Las mismas fuentes consideran que la "última maniobra" de los procesados consiste en desarbolar tanto la instrucción de la causa como "estigmatizar" la sala de enjuiciamiento para aducirlo luego ante la Justicia de la Unión Europea. En ese sentido, se señala que "la demanda civil contra Pablo Llarena en Bélgica, una vez fracasada la recusación de Forcadell, responde al propósito de obtener un reproche al magistrado que dé al traste con la instrucción y reclamar en su momento la nulidad de la actuaciones, además de dilatar la conclusión del proceso y la previsible condena que recaerá en él". El Gobierno habría sido informado detalladamente de los propósitos obstruccionistas de los letrados de los políticos presos y del "enorme peligro" de desatender la asistencia letrada a Llarena en un juzgado belga ante el que el magistrado instructor ha sido citado el día 4 de septiembre.

La demanda contra Llarena, una vez fracasada la recusación de Forcadell, busca obtener un reproche al magistrado que dé al traste con la instrucción

Se espera que la Sala del 61 resuelva la recusación de los magistrados del enjuiciamiento del 'procés' con una motivación plenamente convincente, jurídicamente "impecable" y que no deje duda alguna. La Sala Segunda del Supremo está manejando este asunto con un especial afán garantista hacia los procesados, cuyos letrados han confirmado que, tras la sentencia que se dicte (y no se espera hasta muy bien entrado 2019), recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que anuló la doctrina Parot), en donde pretenden dar la batalla que consideran "definitiva". Esa es la razón por la que la sala penal del Supremo no ha desestimado de plano la recusación de varios de sus integrantes y ha preferido que, pese al retraso de la causa que comporta, se debata en una sala especial (se trata, dicen las fuentes consultadas, de "una especie de pleno del Supremo") con el inusual número de más de una docena de magistrados del más alto tribunal español. Una vez se conozca la resolución de la recusación, la causa del 'procés' volverá adquirir un ritmo procesal vivo para concluirla "cuanto antes". A salvo, insisten estas fuentes, de "que surjan nuevos incidentes dilatorios".