Carmen Montón y la 'notitia criminis'

Es cierto que las irregularidades en la obtención de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, son diferentes. Pero pese a los matices, si en los dos primeros se ha abierto un procedimiento penal en el juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, también deberá iniciarse otro —mediante pieza separada de la causa principal, que es la que concierne al de Cristina Cifuentes— que indague sobre las posibles responsabilidades de carácter penal de la propia Montón y, en todo caso, de los cargos docentes y académicos que intervinieron en la obtención de su título.

La iniciación de un proceso penal de oficio por el juez procede cuando se trata de posibles delitos calificados como públicos (hay delitos privados), y un presunto cohecho (regalo de un máster) y una presunta prevaricación (perpetrada por un docente-funcionario) lo son. Basta la llamada 'notitia criminis' (conocimiento por cualquier vía fiable de la posible comisión de un delito) para que el juez, y en su caso el fiscal, se movilicen como lo hicieron en los casos de Cifuentes y Casado. Carmen Montón va a pasar, en consecuencia, de una dimisión política a una investigación penal sin casi solución de continuidad.

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Ya sabemos que fuentes judiciales han calificado el caso de Cifuentes como “una bomba penal” (hubo, presuntamente, falsificación en documento académico, suplantación de identidad, cohecho, prevaricación…) y estamos al tanto de la exposición motivada que ha elevado la jueza de instrucción nº 51 de Madrid al Tribunal Supremo, en la que aprecia que el aforado ante su Sala Segunda —Pablo Casado— podría haber incurrido en un cohecho impropio (el máster sería un 'regalo' para granjearse un agradecimiento que se materializaría en decisiones favorables para quienes le obsequiaron) y en un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia e ilegalidad) en grado de cooperación necesaria.

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Carmen Montón no es aforada, por lo que quedaría sometida a la instrucción de la jueza competente en la causa principal. Que deberá indagar en todos los extremos que los medios de comunicación han denunciado, entre ellos, el que detalló ayer El Confidencial: la adjudicación de un contrato a un consorcio en el que participaba la directora del posgrado que cursaba Montón, Laura Nuño, también profesora de una de las asignaturas de la exministra. El importe de la adjudicación fue de 400.000 euros y se realizó por la Secretaría de Estado de Igualdad en 2010, siendo la titular del cargo Bibiana Aído y ministra del ramo Leire Pajín, en el Gobierno de Zapatero, ambas amigas y colaboradoras de Carmen Montón.

Este es un dato gravísimo del caso, porque la jueza tendrá que preguntar a Aido y a Pajín por qué, a quién, cuándo y cómo se produjo esa adjudicación que benefició a personas que ahora aparecen en el escenario de la 'notitia criminis' del caso de la exministra de Sanidad. El asunto no es, en consecuencia, tan inocuo penalmente como pudo suponerse cuando se conoció el pasado lunes, y exige, por lo tanto, una investigación judicial. De ahí que no estemos solo ante un 'caso político' sino también ante un episodio potencialmente más grave, en el que concurre, además, el plagio de buena parte del trabajo fin de máster de la exministra, que ensucia más aún el escenario de esta segunda crisis del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes judiciales informan que los magistrados de la Sala Segunda ya han leído y releído la exposición motivada de la jueza titular del juzgado nº 51 de Madrid sobre el máster de Casado. El Supremo ha mantenido siempre en su jurisprudencia que el derecho penal se basa en el principio de mínima intervención y que no hay que criminalizar ilícitos civiles o administrativos. Estos últimos parecen indudables en el caso del presidente del PP, pero existen dudas entre varios magistrados sobre su alcance penal, de ahí que sea probable que la sala, este mismo mes, dicte un auto de remisión que solicite a la jueza instructora averiguaciones complementarias antes de dictar el archivo del asunto o, en su caso, la designación de un instructor y apertura de las correspondientes diligencias.

Pero este criterio era el que parecía mayoritario en el alto tribunal antes del caso Montón. Desde ayer, no es seguro que se mantenga, aunque, efectivamente, los avatares del máster de la exministra son distintos a los del que obtuvo Casado. No obstante, el presidente del PP debería ser consciente de que debe mostrar en su integridad los trabajos con los que aprobó cuatro asignaturas y el contenido de cualesquiera otros que justifiquen la corrección de su proceder, sin perjuicio de las obvias y probadas irregularidades administrativas perpetradas por ese instituto de derecho público que dirigía el siniestro catedrático Álvarez Conde, que se encamina a convertirse en un gran corruptor.

La 'notitia criminis' del máster de Carmen Montón, en cualquier caso, ha cambiado la naturaleza del debate, porque este remite ya a posibles delitos en cadena (que habrían favorecido a cargos políticos con relevancia), a muy serias infracciones administrativas de naturaleza docente (estas ya seguras), a un artefacto de tráfico de influencias claramente delictivo, como es el instituto que dirigía en la URJC Álvarez Conde, y, presumiblemente, a una pulsión insana de determinada clase política por engordar unos currículos que se están comportando como bombas de relojería de efecto retardado. El caso Montón, y los anteriores, no es un desliz. Es, desde el punto de vista legal, un ilícito administrativo y presuntamente penal, y desde el ético y cívico, de una profunda y escandalosa deslealtad al servicio público al que se deben los cargos públicos en el Ejecutivo o en el legislativo.