Franco y el Vaticano

Los objetivos de la visita de la vicepresidenta del Gobierno al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, no por discretos han sido menos obvios: la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posible inhumación en la catedral madrileña de la Almudena y la inmatriculación en el registro de la propiedad de bienes inmuebles por la Iglesia y que el Estado –como es el caso de la mezquita-catedral de Córdoba- considera son de titularidad pública.

Pero el asunto políticamente más perentorio –además de la pederastia y de su enjuiciamiento y sanción por jueces y tribunales civiles- es el de Franco. Tres de los expertos que en 2011 emitieron un dictamen sobre el Valle de los Caídos (Pedro González Trevijano, Feliciano Barrios y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón) ya advirtieron de que la exhumación de Franco no era aconsejable hasta no haber llegado a un acuerdo, no solo con la familia del dictador, sino también con la Iglesia al máximo nivel, es decir, con el Vaticano.

La exhumación de Franco y la comisión de los 13

José Antonio Zarzalejos

Todo lo que el Gobierno necesitaba saber sobre la exhumación de Franco se lo dijo la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos el 29 de noviembre de 2011

No se confundieron. Para el Gobierno exhumar a Franco de Cuelgamuros y que su familia le inhume en el centro de Madrid es una operación política de lectura desastrosa. La familia del llamado caudillo adquirió a perpetuidad cuatro tumbas en la cripta de la catedral de la Almudena en donde ya están enterrados los cuerpos de la hija y el yerno de Franco. Si es exhumado del Valle de los Caídos, los nietos del general ya han advertido de que los trasladarían, con los de su esposa, Carmen Polo, a la catedral de Madrid, enfrente de la plaza de la Armería del Palacio Real.

El Estado español y la Iglesia mantienen su relación regulada por unos acuerdos del 3 de enero de 1979, firmados por Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores de Adolfo Suárez. No han sido revisados por los Gobiernos socialistas (1980-1993 y 2004-2011) pese a su, en algunos aspectos, profundo anacronismo. Los acuerdos abarcan cuatro aspectos: los asuntos jurídicos, los de enseñanza y culturales, sobre la asistencia religiosa a las FF.AA. y sobre asuntos económicos. Es obvio que habría que abordar una renegociación de estos pactos pero no hay Ejecutivo en España que se haya atrevido a hacerlo.

La Iglesia, además de una empresa espiritual, es un poder fáctico y una estructura política en cuya cúspide se sitúa un Estado soberano desde 1929 (Pactos de Letrán con el Estado italiano), la ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, pero con una habilidad diplomática extraordinaria. En España su fuerza en el ámbito educativo y su patrimonio histórico-artístico, así como su rol histórico en el devenir del país, aconsejaron a los constituyentes plasmar en el artículo 16.3 de la Carta Magna una declaración según la cual “los poderes públicos”, teniendo en cuenta las creencias de los ciudadanos, “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica” además de con otras confesiones.

La cripta de la casta: el entierro de los Franco en la Almudena choca con el Vaticano

Carlos Prieto

El Código de Derecho Canónico prohíbe enterrar dentro de los templos. La Iglesia española hace la vista gorda para financiarse: algunos sarcófagos se han vendido por cerca de 200.000 euros

Si se revisan los acuerdos de 1979 (los lugares de culto se declaran inviolables y tanto la Abadía del Valle de los Caídos como la catedral de la Almudena lo son) se observará que no hay recursos que pueda manejar el Gobierno ni la propia Iglesia para evitar que los restos de Franco terminen por reposar en el templo de la Plaza de Oriente en el supuesto, todavía no acordado formalmente, de que sean exhumados del Valle de los Caídos. Y el Gobierno no tiene potestades para obligar a la Iglesia a que tome una decisión contraria a ese enterramiento, de tal modo que a la Santa Sede solo le quedaría la posibilidad de persuadir a la familia de Franco para que evitase la inhumación en la Almudena, lo cual, dicho sea de paso, serviría como gesto de colaboración con el Gobierno por parte del Vaticano pero resultaría inútil dada la determinación de los nietos del dictador.

En definitiva, la Iglesia no puede –más allá de retóricas convenientes como la que ayer se produjo tras la entrevista entre Parolin y Calvo- solucionar el problema que al Gobierno le crea la exhumación de Franco y su posterior inhumación, ambas en lugares de culto. Lo que remite, de nuevo (como en otros tantos casos) a la improvisación con la que el Ejecutivo asume iniciativas sin garantizarse el buen fin de las mismas. Va a ocurrir en este asunto como ha sucedido en otros. Pero ninguno con la significación de esta medida. Otros Gobiernos del PSOE –mucho más calculadores que el actual- optaron por evitar el laberíntico procedimiento en el que se ha introducido el equipo de Pedro Sánchez.

La Iglesia no va a resolver este asunto (ni otros) porque su política consiste en procrastinar en las cuestiones de naturaleza política. De ahí que la visita de Carmen Calvo al Vaticano haya tenido un discreto perfil y expectativas posteriores creadas por el Gobierno pero no por la Santa Sede. Que habitualmente ofrece buenas palabras, gestos, crea relaciones “cordiales”, comprende las dificultades ajenas pero que mantiene siempre criterios 'pro domo sua'. Y resolverle problemas al Gobierno español –salvo una reciprocidad ventajista, propia de la curia romana (de lo que podría ilustrarnos María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno con Zapatero)- no está entre los que acostumbra a manejar para relacionarse con otros Estados.