Cuando volver atrás ya no es una opción se llega al punto de no retorno. Es en el que está el presidente Sánchez tras una sucesión de reveses de distinta naturaleza que han deteriorado su Gobierno y, en consecuencia, sus mejores expectativas electorales. El voto estimado que le atribuía al PSOE el último barómetro del CIS (más de un 31%, a diez puntos de diferencia del PP) no solo no goza de credibilidad sino que está siendo desmentido por el resto de los sondeos. El de este diario, uno de ellos. Y el de Metroscopia correspondiente a octubre asigna a los socialistas el 26%, a los populares el 22,6%, a Ciudadanos el 20,2% y a Podemos el 17,3%. Como quinta fuerza política y con un 4,2% (equivalente a un millón de votos) emergería Vox. Un retrato demoscópico que está en la media de todas las encuestas publicadas salvo la hiperbólica que dirige José Félix Tezanos.

La primera circunstancia que marca el punto de no retorno del presidente es el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía que imputa rebelión y malversación a los dirigentes del proceso soberanista y a la cúpula de los Mossos. El Gobierno no se ha atrevido a provocar una crisis con la Fiscalía General del Estado como le urgían a hacerlo los independentistas. El gesto gubernamental se ha realizado a través de la Abogacía del Estado, que acusa por sedición, no sin forzar técnicamente el criterio de los abogados de ese cuerpo que han venido representando a la Hacienda Pública en el proceso y que de forma constante respaldaron al magistrado instructor, a la fiscalía y en agosto solicitaron la apertura de juicio oral por malversación y rebelión. Falta por saber si el esfuerzo de Sánchez es o no pírrico. Por las reacciones que ayer se produjeron, la relación del Ejecutivo con los independentistas se ha convertido en inmanejable y muestra una insaciabilidad ante la que el Gabinete se ha comportado con ingenuidad o incompetencia. Los Presupuestos Generales del Estado parecen, ahora, inviables.

Unos Presupuestos que en el ámbito empresarial han suscitado el respaldo de dos grandes referentes del empresariado español —Isidro Fainé, presidente de la Fundación la Caixa y de Criteria y José Antonio Álvarez, consejero-delegado del Santander— pero también el ataque frontal del importante Instituto de Empresa Familiar que en su XXI Congreso, celebrado esta semana en Valencia, acusó a Sánchez de "cortoplacismo para mantenerse en el poder". Insólito pronunciamiento público. La disertación del máximo dirigente de esta entidad abrió a cuatro columnas la edición del diario económico 'Expansión' del pasado día 31 de octubre que, con otros, recogía también la expresiva opinión de Juan Roig según la cual los empresarios están "acojonados por los líos políticos".

Al presidente le está resultando muy difícil también implementar dos medidas centrales en su gestión. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos se ha complicado por la fallida entrevista entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. La discrepancia de versiones sobre el contenido de la reunión entre ambos, sin presencia del embajador de España ante la Santa Sede, disuade, más aún, a la Iglesia española de una actitud activa en la búsqueda de soluciones para la inhumación del dictador que pretende la familia Martínez Bordiú Franco: en la cripta de la Almudena, en donde es titular a perpetuidad de cuatro tumbas. La iniciativa gubernamental, en su origen, se limitaba a desenterrar a Franco de Cuelgamuros por imperativo de la Ley de Memoria Histórica, pero no contaba con que la alternativa fuese su inhumación en la catedral de Madrid. Y si así sucediese el Gobierno sabe que su gestión en este asunto habría fracasado. Pretende evitarlo a todo trance.

Para rematar, el socio principal del Gobierno de Sánchez, Unidos Podemos, le incomoda por su hostilidad hacía la Monarquía

Además, de la reforma constitucional exprés de los artículos 70 y 102 de la Carta Magna para suprimir los aforamientos políticos, nunca más se supo. La anunció Sánchez el 17 de septiembre y pronosticó que estaría en marcha en sesenta días. Todavía no ha salido del Consejo de Estado el borrador del anteproyecto cuya viabilidad, al igual que ocurre con los Presupuestos, es muy problemática por falta del suficiente apoyo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado.

Para rematar, el socio principal del Gobierno, Unidos Podemos, le incomoda por su hostilidad hacía la Monarquía. Además de las reprobaciones a Felipe VI y la petición de abolición de la actual forma de Estado, declaraciones votadas favorablemente en el Parlamento de Cataluña (y ayer recurrida) y en el Ayuntamiento de Barcelona, UP se propone plantear igual resolución en el Parlamento vasco y en todas las instituciones en las que tiene representación. Los socios del Gobierno, independentistas y populistas, acumulan fuerzas contra la Corona y por un cambio en el modelo de Estado. Pretenden un proceso constituyente.

Sánchez no necesita enemigos. Debió haberse fiado de su intuición cuando aseveró que convocaría elecciones "cuanto antes"

Con semejantes "amigos", Sánchez no necesita enemigos. Debió haberse fiado de su intuición cuando aseveró que convocaría elecciones "cuanto antes". Ahora, el presidente no puede retornar a su punto "dulce" (agosto de 2018) cuando dispuso de la oportunidad de planificar y ejecutar la decisión más inteligente para sus intereses: llamar a las urnas. Además, las expectativas electorales socialistas en Andalucía el 2 de diciembre no son precisamente buenas. Este Ejecutivo gobierna por encima de sus posibilidades y está estresando al Estado cuyas cuadernas crujen con riesgo de naufragio.