El Constitucional admitirá el recurso del Gobierno en defensa de Felipe VI

El Gobierno presentó el pasado martes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la resolución del Parlamento de Cataluña del 11 de octubre que reprobaba al Rey y pedía “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”. Esta resolución fue planteada por los comunes y respaldada por los votos de los independentistas, pero no por la CUP. Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. Una resolución similar fue aprobada también por el Ayuntamiento de Barcelona y no ha sido recurrida hasta el momento.

El ponente del recurso —designado por riguroso turno de reparto— es el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, nombrado a propuesta del Gobierno del PP en 2014. Narváez, hasta su acceso al Constitucional, desempeñaba el cargo de teniente fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo. A él le corresponderá proponer la admisión del recurso que, según fuentes del órgano de garantías constitucionales, se aprobará a pesar de que no cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, que estimó que esta impugnación no era “idónea” para este caso.

El Gobierno, sin embargo, acordó su interposición en el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el pasado 26 de octubre, pese a no contar con el respaldo del máximo órgano asesor, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante. Moncloa consideró imprescindible una reacción a la declaración del Parlamento de Cataluña por entender, entre otras razones, que la misma no le correspondía a la Cámara autonómica y rebasaba sus competencias.

Moncloa consideró imprescindible una reacción a la declaración del Parlament por entender que la misma no le correspondía a la Cámara autonómica

Existe un precedente reciente de un recurso del Gobierno informado negativamente por el Consejo de Estado: el interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy el 26 de enero pasado contra la convocatoria de un pleno de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Tras unas medidas cautelares, el Constitucional admitió por unanimidad el recurso el 26 de abril pasado.

Aunque todavía no ha habido debate ni intercambio de impresiones sobre el fondo del asunto, fuentes cercanas al Constitucional observan que, más que razones sustantivas, las que justificarían la estimación del recurso y la anulación definitiva de la resolución del Parlamento catalán serían competenciales, como mantuvo el Gobierno al justificar la impugnación. Esas mismas fuentes sostienen que la Cámara autonómica puede plantear la reforma de la Constitución para que se modifique la forma de Estado conforme al procedimiento que establece su artículo 87.2 (proposición de ley), pero no dispone de competencias para reprobar al Rey ni para reclamar la abolición de la monarquía.

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La admisión del recurso del Gobierno —con el correspondiente efecto suspensivo de la resolución impugnada— y un fallo estimatorio se consideran “estratégicos”, y con fundamento jurídico, para la defensa de la forma monárquica del Estado, ya que, impulsada por Unidos Podemos y, específicamente, por Alberto Garzón, se ha planteado una campaña para que órganos legislativos de las comunidades autónomas y ayuntamientos sigan los pasos del de Cataluña y del consistorio barcelonés contra Felipe VI.

Si esta admisión se produce, como aseguran fuentes próximas al alto tribunal, pese al informe contrario del Consejo de Estado, el Gobierno habría acertado en la implementación de una impugnación a la que muchos expertos en derecho constitucional auguraban un problemático recorrido. El presidente del Gobierno —también criticado por su 'tibieza' en la defensa de la Corona— desmentiría las acusaciones que le atribuyen “inacción” en el amparo a la jefatura del Estado.