Carmen Franco Polo: “No quiero que los restos de mi padre estén de aquí para allá”

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Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, el 20 de noviembre de 1975, hace 43 años

En mayo de 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero constituyó una comisión de 11 expertos, presidida por el exministro Virgilio Zapatero y el catedrático Pedro González-Trevijano, para que emitiese un dictamen sobre el Valle de los Caídos y su adecuación a la Ley de Memoria Histórica. El informe debía estar entregado —y lo estuvo— en noviembre de ese mismo año. Para elaborarlo, algunos de sus miembros —aunque con conocimiento de los demás— entendieron necesario realizar un trabajo previo de documentación con la familia de Francisco Franco, con la Iglesia y con la orden benedictina a la que se le encomendó la custodia de los restos del dictador, cuyo enterramiento en la abadía se perfilaba ya entonces como la cuestión más complicada de resolver para lograr una nueva significación de Cuelgamuros.

Dos de los expertos, no sin antes utilizar los buenos oficios de personas próximas a la familia de Franco, visitaron a su hija, Carmen Franco Polo, a la sazón duquesa de Franco y marquesa de Villaverde, en su domicilio del nº 4 de la calle Hermanos Bécquer en Madrid. En una fecha sin revelar pero anterior a la redacción del dictamen (se entregó al Gobierno el 29 de noviembre de 2011), estas dos personalidades fueron recibidos de manera “cordial” por la única descendiente del general. “Fue afable, nos reunimos en una salita de su domicilio en la que apareció de improviso uno de sus nietos y nos ofreció un té”.

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La conversación se prolongó entre 40 y 45 minutos. La duquesa de Franco escuchó con cortesía las explicaciones sobre el mandato que sus interlocutores habían recibido del Gobierno pero, al plantearse la posible exhumación de su padre del Valle de los Caídos, su reacción fue, inicialmente, emotiva y, luego, determinada. “Para ustedes, Franco fue el anterior jefe del Estado. Para mí, Franco era mi padre y tengo que decirles que ni mi madre ni yo fuimos consultadas sobre el lugar del enterramiento. La decisión la adoptó el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y la respaldó el rey Juan Carlos I. Todo fue muy rápido, en horas, porque mi padre no dejó dicho nada de su tumba. Ahora bien, adoptada la decisión hace tantos años, no quiero que los restos de mi padre se paseen de aquí para allá”.

Sin otras palabras más contundentes, la negativa de la hija de Franco a la exhumación de los restos de su padre resultó perfectamente clara a los dos expertos. No llegaron a suponer lo contrario, pero la conversación con Carmen Franco les garantizó la prevista negativa. Aunque quisieron conocer también el criterio de Francisco Franco Martínez-Bordiú, los expertos no consiguieron entrevistarse con él.

Ni mi madre ni yo fuimos consultadas. La decisión la adoptó el entonces presidente del Gobierno, Arias Navarro, y la respaldó el rey Juan Carlos

“El encuentro con Rouco Varela, arzobispo-cardenal de Madrid, fue bastante menos agradable”, revelan los dos expertos que quisieron pulsar también la opinión de la jerarquía eclesiástica. “El prelado nos recibió sin afabilidad, escuchó lo que teníamos que decirle, respondió con monosílabos, no expuso ningún argumento y dio rápidamente por acabada la conversación asegurándonos que nos llamaría más adelante. Nunca lo hizo”. A sus interlocutores les quedó también meridianamente claro que el máximo responsable de la jerarquía eclesiástica madrileña y presidente desde marzo de ese año de la Conferencia Episcopal Española veía la iniciativa de la exhumación de Franco con total hostilidad. La receptividad del prelado era importante para los expertos porque Rouco Varela es uno de los canonistas más reputados de la Iglesia en España, formado en la escuela alemana. Se doctoró en Derecho y Teología en 1964 en la Universidad de Múnich.

Tampoco obtuvo mejor resultado la tercera y última entrevista de estos dos expertos. Ambos se trasladaron al monasterio de la abadía del Valle de los Caídos para cambiar impresiones sobre el asunto con su abad mitrado, que en esas fechas y hasta septiembre de 2014 fue el benedictino Anselmo Álvarez Navarrete. Los interlocutores del responsable de la custodia de los restos de Franco fueron recibidos “con el máximo recelo” y el encuentro fue más corto y menos provechoso aún que el mantenido con el cardenal Rouco Varela. Los expertos sostienen que la posición del abad del Valle de los Caídos les pareció totalmente opuesta a cualquier alteración del 'statu quo': Álvarez Navarrete asumía la custodia del cadáver del dictador en los mismos términos en que lo hizo su predecesor el 23 de noviembre de 1975, el también abad mitrado Luis María de Lojendio Irure.

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El relato del enterramiento de Franco lo elaboró para El Confidencial Julio Martín Alarcón el 2 de marzo de 2017 y, efectivamente, como en aquella crónica se detalla, Francisco Franco no dejó disposición testamentaria alguna sobre el lugar del enterramiento, que resultó una decisión estrictamente política adoptada por Carlos Arias Navarro y el rey Juan Carlos, que firmó la resolución de la inhumación el día 22 de noviembre de 1975. Esa disposición real estuvo en manos de los redactores del dictamen.

Con todos estos datos, el informe de los expertos (página 13) expone que mantener los restos de Franco en la basílica “es, en primer lugar, incongruente con la finalidad original que motivó la construcción del Valle de los Caídos, que no era sino acoger únicamente los restos de los fallecidos con ocasión de la Guerra Civil”. Y añaden que su inhumación "trastoca el sentido primitivo del memorial”. El resultado de la entrevista con Carmen Franco Polo queda reflejado indirectamente en las siguientes frases: “Tampoco tiene constancia esta comisión que este fuera el propósito del general Franco y de su propia familia”.

La comisión "recomienda que los restos de Franco sean trasladados al lugar que designe la familia, o al que sea considerado digno y más adecuado"

Pese a las dificultades que se detectaban para la exhumación, la comisión (página 21) “recomienda que los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia, o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado. A tal efecto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y habrá que negociar con la Iglesia la oportuna autorización”.

Y aunque el informe se aprueba por unanimidad, justamente este punto generó la discrepancia de tres expertos (Pedro González-Trevijano, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Feliciano Barrios), que emitieron un voto particular (páginas 25 y 26) en el que recuerdan que la exhumación pretendida “exige una negociación con la autoridad eclesiástica y la autorización de la misma, dada la condición de lugar sagrado de la basílica y la inviolabilidad que a la misma garantiza el acuerdo de 1979 entre la Iglesia y el Estado”.

La entrevista con el abad del Valle de los Caídos se trasluce también en la advertencia de que “no es fácil la determinación de dicha autoridad [eclesiástica]. La del abad mitrado está trabada por el compromiso adquirido el 23 de noviembre de 1975 en el acto del enterramiento (…) Además, el último superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional”. En la actualidad, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantero, que no obtuvo los votos necesarios para ser investido como abad, asume las posiciones de sus predecesores.

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El voto particular consideró entonces “inoportuna” la exhumación porque “contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública”. No obstante, estos tres expertos estimaban que si el Gobierno quería proceder a la exhumación, debería “valorar antes el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública (…) y contar con el más amplio consenso (…) y llevar a buen término la correspondiente negociación con las autoridades eclesiásticas competentes”.

Conocida la literalidad del informe de la comisión de expertos y el trabajo previo que elaboraron, el Gobierno de Pedro Sánchez no podría aducir en ningún caso que carecía de los datos necesarios para evaluar las dificultades con las que se está encontrando para la exhumación de los restos de Franco y, sobre todo, para su inhumación posterior. La familia del general y la Iglesia —juntas o por separado— tienen la llave de la solución.