El error andaluz de Ciudadanos

El manifiesto fundacional de Ciudadanos lo suscribieron 15 intelectuales de acreditada trayectoria académica, política y profesional. En aquel texto de 2005, sus firmantes determinaron cuales debían ser los “propósitos” del nuevo partido. Desde luego, la oposición al nacionalismo catalán, ya entonces atenazado por graves casos de corrupción, y que ofrecía señales inequívocas de ruptura con la legalidad constitucional. Pero, además, vinculaban a la organización con “la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales”. Y añadía el manifiesto que “la mejor garantía del respeto de las libertades, la justicia y la equidad entre los ciudadanos, tal y como se concibe en un Estado de derecho, reside en el pleno desarrollo del actual régimen de las autonomías, enmarcado en la Constitución de 1978”.

Varios de los firmantes de aquel texto se han vuelto a pronunciar recientemente y de forma crítica sobre la cooperación de Ciudadanos y Vox en Andalucía. De Arcadi Espada a Francesc de Carreras, pasando por Félix Ovejero Lucas y Ferran Toutain, han advertido de la incoherencia de que Ciudadanos establezca una relación —por escasamente cualificada que sea— con el partido que lidera Santiago Abascal. También desde el exterior —la familia liberal europea— se ha avisado a Cs de la distorsión que supone en su trayectoria una relación como la que ha establecido —por reticente y lejana que resulte— con Vox en la comunidad andaluza. Y Manuel Valls, la apuesta municipal de los liberales para el estratégico Ayuntamiento de Barcelona, no ha podido ser más reticente al respecto.

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Todos los partidos nacen con una función histórica. Ciudadanos tuvo una inicial que ha consolidado: oponerse al nacionalismo catalán mutado a secesionismo. Por lógica fundacional, los liberales deben estar —y dicen estarlo— contra todo nacionalismo, y, por lo tanto, también contra el exacerbado de Vox que, además, incorpora —más allá de juicios de valor al respecto— señas de identidad opuestas, algunas, y otras muy distantes a las propias de Ciudadanos.

Por lógica fundacional, los liberales deben estar —y dicen estarlo— contra todo nacionalismo, y, por lo tanto, también contra el exacerbado de Vox

El partido de Rivera ha sido coherente al negarse a pactar —en el Congreso y en las autonomías— tanto con nacionalistas como con el populismo izquierdista de Podemos. Y ha sabido mostrar su centralidad al acordar con Sánchez una fallida investidura (marzo de 2016) y luego con Rajoy otra exitosa (octubre de 2016). Al mismo tiempo, los diputados autonómicos andaluces naranjas sostuvieron el Gobierno del PSOE la legislatura anterior y todavía hoy sostienen en Madrid al del PP. Esta versatilidad —descalificada estúpidamente como propia de la 'veleta naranja'— es la natural de la centralidad política que el liberalismo de Ciudadanos ha querido representar. Y lo ha hecho con éxito. De ahí que las encuestas lo sitúen en un puño con los posibles resultados del PP y muy por encima del partido de Pablo Iglesias. Los magníficos resultados obtenidos por Cs el 2-D en Andalucía (pasó de nueve a 21 escaños) han comenzado a materializar sus buenas expectativas demoscópicas.

Pero Cs tiene, o debería, una segunda función: evitar que el sistema político español se convierta en compartimentos estancos ideológicos y políticos condenando a la sociedad a someterse a la convulsión de un choque entre bloques impermeables. En las circunstancias actuales, esa función podría formularse de la siguiente manera: es necesario que Ciudadanos sea un partido que ocupe un constitucionalismo inclusivo capaz de llegar a acuerdos con el PP y el PSOE. En particular, con los socialistas ahora atrapados —por su minoría y escasas posibilidades de mejoría electoral— en acuerdos más o menos explícitos con el populismo radical de izquierdas y con el independentismo catalán. Pues bien: la forma en la que han diseñado el cambio de Gobierno en Andalucía lastra —no sé en qué medida, pero lo hace— esta su segunda función histórica.

Hubiese bastado que los 21 diputados de Ciudadanos en Andalucía invistieran a Moreno Bonilla y se mantuvieran al margen del Gobierno autonómico al que se han incorporado confusamente con dos pactos: el suyo con el PP y el de los populares con Vox. Los 12 escaños de Abascal se convierten en los controladores de las decisiones del Ejecutivo andaluz —incluidas las gestiones del vicepresidente y de los demás consejeros de Cs—, reservándose la llave en los hitos cruciales de la legislatura como, por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos. Pues bien, ese era el rol que los naranjas debieron jugar: investir al candidato popular y establecer, desde el Parlamento autonómico, un filtro a las decisiones del PP y Vox.

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Moreno Bonilla podría gobernar en Sevilla (26 escaños sobre 109 representan el 23,85% de la Cámara), como hace Sánchez en Madrid (84 escaños sobre 350 representan el 24%). De esa manera, aun a riesgo de tener que seguir esperando a tocar poder, los liberales colaborarían en el cambio andaluz sin peajes con Vox, pero marcarían distancias insalvables. Esta estrategia les granjearía muchas descalificaciones pero también una indiscutible autoridad moral para abordar pactos diversificados después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo y, sobre todo, para acometer un acuerdo para el Gobierno central tras las elecciones generales. Y algo más: habrían demostrado que con versatilidad y resiliencia, atendiendo a los valores propios y con un lógico pragmatismo, el centro político en España no es un territorio deshabitado.

Por lo demás, el error de partida ha llevado a otros: el de la confusión de criterios (¿qué pacto vale y cómo interactúan el del PP-Cs y el PP-Vox?) y el de las prisas, porque este proceso quizás hubiese sido distinto si a los ritmos de la negociación —muy ansiosos— se les hubiese impuesto una mayor lentitud. Solo cabe esperar que el error de Ciudadanos, si ya es irreversible, pueda transformarse —con aciertos de gestión y neutralización de los aspectos más incompatibles con Vox— en el acrecentamiento de sus valores fundacionales. Que son necesarios para España y —cada vez más— para la Unión Europea.