El gran mitin de Vox en el Tribunal Supremo

La primera semana de febrero, tal y como ha comunicado el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Ministerio del Interior, dará comienzo el juicio oral de la causa especial en la que están acusados por delito de rebelión, malversación, desobediencia y sedición doce dirigentes del proceso soberanista por los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Entonces el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se enfundará la toga de letrado para, desde estrados, ejercer la acusación popular contra los dirigentes no fugados del 'procés' (nueve en prisión preventiva y tres en libertad condicional). El partido de Abascal pide las máximas penas para todos los encausados.

El dirigente de Vox dispone de un papel decisivo en la vista oral. Como en España rige el principio acusatorio, si al final del juicio la fiscalía no mantiene la acusación de rebelión y la modifica por otra de menor gravedad, Ortega Smith persistirá en la imputación y obligará así a que la Sala se pronuncie en la sentencia sobre la concurrencia o no del tipo penal más grave que es el de rebelión (hasta 25 años de cárcel).

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Roberto R. Ballesteros

Además, el letrado y secretario general de Vox, tiene derecho como acusación popular a interrogar a los procesados y formularles todas las preguntas, aunque estos no las contesten, que será lo que ocurra. Podrá también preguntar a todos los testigos, entre ellos a Rajoy. Lo mismo respecto de los peritos que sean llamados a declarar. Y pronunciará su informe final elevando sus conclusiones provisionales a definitivas.

El juicio será retransmitido en directo por algunas televisiones —la pública de Cataluña entre otras— y las demás dedicarán amplios espacios a la vista oral que acaparará páginas digitales y de papel y horas de radio. Será un escaparate panorámico para Vox que incidirá con la actuación forense de Ortega Smith en el aspecto clave de su programa político: la confrontación total con los partidos y políticos que propugnan el derecho de autodeterminación. Y todo eso —y algunas sorpresas más que nos deparará la puesta en escena de la vista oral— sucederá hasta el borde temporal del inicio de la campaña electoral de los comicios del 26 de mayo.

En sectores judiciales no hay demasiadas dudas sobre el sesgo que tendrá la acusación del partido representado por Javier Ortega Smith

La posibilidad de ejercer la acusación popular en España es amplísima. No requiere de condiciones especiales más allá de la buena fe procesal. Por eso la Sala no expulsó a Vox de la causa cuando lo pidió el letrado de Jordi Cuixart. Los magistrados reconocen que la acusación popular, por definición, no es imparcial, pero la ley permite esta forma de participación ciudadana en la administración de la justicia. Aunque ha habido reiterados intentos de limitarla para evitar abusos. Intentos que todavía no han cuajado pero que lo harán en un futuro próximo, exigiendo a las acusaciones populares requisitos de legitimación procesal para poder actuar como tales.

Pero, hoy por hoy y sin objeciones legales, Vox se ha encaramado a los estrados del juicio más importante de la democracia española. En sectores judiciales no hay demasiadas dudas sobre el sesgo que tendrá la acusación del partido representado por Javier Ortega Smith: un gran mitin con más contenido político que jurídico. Estas fuentes suponen que la actuación de la representación de Vox será simétrica —por ideologizada— a la de los letrados de algunos de los procesados que tampoco renunciarán a mitinear en la vista oral, y de cuyos patrocinados se esperan también actitudes desafiantes.

No deberían tardar populares y naranjas en estudiar alternativas para no perder terreno ante lo que va a ser una marea de comunicación política

La gestión del juicio va a ser muy difícil para el presidente del tribunal, el magistrado y ponente de la sentencia, Manuel Marchena. Pero, en distintos términos, va a ser peor para el PP y Ciudadanos que tendrán que escuchar y ver durante semanas de qué manera Vox se mantiene en el candelero de la actualidad en un debate que, por la naturaleza de los hechos que se juzgan, tiene también un componente político indudable.

La dirección de Vox intuyó —como lo hiciera la extinta UPyD de Rosa Díez— que la optimización de las facilidades para impulsar las acusaciones populares supone una contribución importante y de bajísimo coste material a la imagen del partido y a la expansión mediática de sus tesis. No deberían tardar los populares y los naranjas (también el asunto concierne al PSOE) en estudiar alternativas para no perder terreno ante lo que va ser una marea de comunicación política de los 'voxistas'.

Tras su irrupción electoral en Andalucía y con las encuestas de cara, el gran mitin de Vox a través de la intervención procesal de Ortega Smith se producirá en un 'urbi et orbi' mediático y en el especialísimo escenario del salón de plenos del Tribunal Supremo, lo que podría disparar sus expectativas electorales. Estamos en vísperas de hechos muy trascendentales para la política española y para el Estado de Derecho.