Tito Álvarez y el desastre democrático

Los líderes del sector no reparan en que lejos de provocar la empatía de los ciudadanos generan lo contrario: su prepotencia está granjeando la impugnación a sus métodos de protesta

Foto: Tito Ávarez explica los acuerdos a los que se han llegado tras reunirse con el conseller de Territorio y Sostenibilidad. (EFE)
Tito Ávarez explica los acuerdos a los que se han llegado tras reunirse con el conseller de Territorio y Sostenibilidad. (EFE)

El sector del taxi se está viendo rebasado por su concepción obsolescente, y su respuesta —que podía haber sido, además de reivindicativa, autocrítica— ha resultado salvaje: colapsar Madrid y Barcelona sometiendo ambas ciudades a un auténtico secuestro. En la capital de Cataluña, la huelga —quizá sea más un cierre patronal— ha concluido con una aparente victoria de los taxistas dirigidos por Tito Álvarez, un nuevo líder social cuyos perfiles de activista quedaban impagablemente descritos en la crónica de Michael Mcloughlin el pasado día 21 en este periódico (“Tres horas con Tito: el 'capo' de la guerrilla urbana del taxi que ha colapsado Barcelona”). Álvarez “ha llegado a manejar los hilos de la Generalitat, del ayuntamiento e, incluso, de Fomento”. Los hechos acreditan la certeza de esa opinión.

Hay liderazgos y liderazgos. El de Álvarez en Barcelona, ya con proyección indudable en el conflicto en Madrid, es de los que se imponen a las bravas, con una desinhibición absoluta. Dice llevar “la lucha obrera en la sangre”. Ni de lejos. Porque, entre otras razones, esa lucha no se verbaliza en la soez imprecación a un ministro aludiendo a su tendencia sexual. La pírrica victoria de Tito Álvarez en la Ciudad Condal ha consistido en vencer sin convencer: ha impuesto al débil Gobierno de la Generalitat de Cataluña una normativa chapucera y ambigua que se aprobará hoy y que —de hacer caso a sus portavoces— propiciará la salida de allí de Uber y Cabify, empresas que anunciaron ayer un ERE.

O sea, los taxistas ganan y la oferta de transporte pierde. Y la mejor y mayor persuasión utilizada ha sido el empleo de su capacidad para colapsar la movilidad de las dos grandes ciudades españolas. 'Petó' Barcelona y ayer también 'petó' Madrid. Incomprensiblemente, los líderes del sector parecen no reparar en que lejos de provocar la empatía de los ciudadanos generan exactamente lo contrario: su prepotencia está granjeando una impugnación general a sus métodos de protesta.

Visto lo que estamos viendo, no tardaremos en contemplar a Tito Álvarez en otros escenarios conflictivos. Los líderes de su encarnadura y actitud siempre son reclamados en nuevos escenarios de choque, disponen de una buena recepción demagógica y liquidan a los que no muestran la determinación de utilizar medios ilegítimos, como ha ocurrido en la capital de Cataluña y está ocurriendo en Madrid. Pero en estos tiempos, poner puertas al campo es puramente paliativo, coyuntural. Si los taxistas logran doblar el pulso al Gobierno madrileño, como sus compañeros de Barcelona a la Generalitat, cabe preguntarse si luego se lanzarán a frustrar el 'carsharing' en ambas ciudades y la emprenderán también con Car2go, WiBLE, Zity o Emov, empresas de ese subsector emergente.

Actualmente, en la capital de España la flota de estos vehículos es de más de 1.500 y se calcula que cada uno de ellos retira entre 10 y 15 coches privados de la circulación. Sus tarifas son ventajosísimas respecto del taxi y mejoran las de Uber y Cabify. Constituyen, en consecuencia, una competencia —más lejana, pero competencia— al taxi y a los VTC, de modo que sería coherente que estuvieran en la diana del taxi. Una buena forma de avanzar regresando al pasado.

El Gobierno —concretamente, el ministro de Fomento— debió asumir la responsabilidad de dictar unas reglas de competencia en este asunto para toda España en vez de pasar el 'marrón' a las comunidades autónomas y ayuntamientos, tal y como hizo en el mes de septiembre mediante un decreto ley que fue convalidado en el Congreso el 25 de octubre. Ya se advirtió entonces, y se ha comprobado ahora, de que el ministro Ábalos driblaba el problema pero en absoluto lo resolvía. En ocasiones, la cercanía de la Administración decisora a los ciudadanos afectados por sus actos es contraproducente. Y, además, facilita la ruptura de la unidad de mercado generando una incoherencia normativa injustificable.

Todo este conflicto, por su manera de desarrollarse, ha sido y está siendo especialmente desgraciado y desalentador. Y demuestra un pésimo entendimiento de la conciliación del derecho a la protesta de los taxistas con las libertades de los ciudadanos. Además, pone en valor perfiles inquietantes de liderazgos sociales como el de Tito Álvarez, el rostro de un planteamiento reivindicativo servido de unos métodos disparatados e inasumibles. Tanto, que han transformando la naturaleza del problema, que ya no es el de la regulación de la competencia del taxi con los VTC sino el de mantener la movilidad de las capitales afectadas y los derechos de sus respectivas poblaciones.

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