Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, sostuvo en su declaración testifical del pasado lunes que su predecesora, Carme Forcadell, procesada por un delito de rebelión, actúo correctamente al admitir la tramitación de la ley del referéndum y la fundacional de la república y transitoriedad jurídica. Dijo también que él haría lo mismo que ella si se plantease un caso similar y antepuso a la ley y a las resoluciones del Tribunal Constitucional la voluntad política de los grupos parlamentarios como expresión de un mandato popular.

Este testimonio es importante, porque revela que no solo el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, sino también el de la Cámara legislativa autonómica, ambos de distintas formaciones políticas independentistas, persiste en el mismo propósito que impulsó los hechos del otoño de 2017 en Cataluña y que ahora están siendo sometidos a un juicio de carácter penal.

A Torrent le desmintieron el secretario general del legislativo catalán, Xavier Muro, y Antoni Bayona, que en aquellas fechas era el letrado mayor de la Cámara. Los dos juristas advirtieron de que los proyectos no debían tramitarse por su manifiesta inconstitucionalidad y por contravenir el Estatuto y avisaron de posibles responsabilidades si se desoía su consejo profesional. Tampoco estas testificales han tenido la repercusión que merecían pues ambas contradijeron el indigerible concepto que tanto Forcadell como Torrent manifiestan del funcionamiento de un sistema democrático en el que la ley se supeditaría a los criterios de oportunidad política.

El grave problema con el que se enfrentan las instituciones y los partidos políticos en España consiste en que lo que se está juzgando en el Supremo tiene un 'continuum' sin naturaleza penal en la Cataluña de marzo de 2019, cuando nos encontramos a las puertas de unas elecciones generales que provocaron los independentistas al no permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, después de que, con sus votos, imprescindibles, Mariano Rajoy fuera desalojado del Gobierno por una moción de censura que ganó Pedro Sánchez por primera vez en la historia de la democracia.

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Los testimonios del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, del que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, del director técnico del despliegue policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y, entre otros, el de la letrada del juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona Monserrat del Toro han terminado por describir un panorama desolador de la Cataluña institucional y política cuyas peores aristas no han remitido. Podría afirmarse que ha sucedido lo contrario: se han afilado.

Si del 28-A no salen mayorías parlamentarias y, si como parece, el PSOE gana los comicios, Pedro Sánchez, ¿volverá su mirada a las bancadas de los diputados independentistas para completar el número de votos que precisaría para su investidura? El juicio en el Supremo tiene un solo objetivo, que es el de depurar las responsabilidades criminales de los 12 procesados. Pero es inevitable que la vista oral esté también retratando cómo se conducen los líderes actuales del independentismo, que no se distancian de los objetivos ni reprochan los métodos de sus compañeros sentados en el banquillo. La vista oral está impactando —y mucho— en la opinión pública.

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El PDeCAT —el partido sucesor de CDC— va a formalizar de modo inminente las listas para las próximas elecciones. La probabilidad de que los independentistas pragmáticos —Campuzano, Xuclá, Pascal— figuren en ellas en posiciones de éxito es escasa. En ERC —aparentemente más componedor—, la incrustación radical será notabilísima, de modo que quizás ambos partidos presenten un perfil aún más intransigente que en la actual legislatura, si ello fuera ya posible. De tal manera que para los socialistas podría estar vedado un entendimiento, siquiera circunstancial, con ambos partidos, por más que de ello dependiese la investidura de su secretario general. Resultaría ininteligible que el presidente del Gobierno pretendiese serlo después del 28-A con el apoyo de unos grupos en los que militan Torrent y Torra y que presentarán en sus listas, seguramente, a algunos de los políticos que se sientan en el banquillo.

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Se dice que Pedro Sánchez es un político de convicciones mínimas y ampliamente relativista. Pudiera ser, porque ha demostrado una versatilidad extraordinaria que para unos consiste en una de sus características virtuosas y que, para otros, es uno de sus defectos más notables. Pero es difícil que un líder con pretensión legítima de desempeñar de nuevo la presidencia del Gobierno de España no extraiga conclusiones terminantes —y muy disuasorias a toda colaboración— de lo que se está escuchando en el Supremo.

Parece lógico que Sánchez, y con él los demás dirigentes, realice un ejercicio de responsabilidad cualificada, porque sería dramático para la democracia española que el Gobierno del país dependa de los grupos políticos que albergan a Torrent y a Torra, cuyos propósitos se verían favorecidos si sus diputados en el Congreso se convirtiesen en árbitros de la política de un Estado que denuestan implacablemente y al que son tan profundamente desleales como se está demostrando en el juicio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.