Para que no se lleven al Rey por delante

No se puede despachar la crisis política en España con una interjección jeremíaca sobre la condición mediocre de nuestra clase política —aunque haya que constatarla— ni, tampoco, atribuirle unas hechuras que la rescaten de su menesterosidad cívica y democrática. Desde la fallida legislatura que se inició con las elecciones de diciembre de 2015, no hemos salido de aprietos, ni con las de junio de 2016 —que iniciaron un período de gobierno interrumpido con una moción de censura en junio de 2018— ni con las anticipadas del 28 de abril, que no nos han conducido a la gobernabilidad sino, de nuevo, a las urnas el próximo 10 de noviembre. Ahí es nada: cuatro comicios legislativos en cuatro años.

Pero la jornada del 17 de septiembre fue especialmente aciaga porque pudo comprobarse, si falta hacía, de qué forma a la ineficiencia gestora de los líderes de los grupos parlamentarios se añadió la desconsideración institucional. Las ronda de consultas del Rey —reglada por el artículo 99 de la Constitución— es un tiempo de silencio para que el jefe del Estado, en un clima de discreción, constate si está en condiciones, o no, de proponer un candidato al Congreso para ser investido presidente del Gobierno. Al Rey hay que ir —de hecho, así ha sido hasta 2016— con los deberes hechos, evitando que las conversaciones con sus interlocutores le planteen una coyuntura provisional y abierta que propicie —lo que no ha ocurrido pero podía haber sucedido— un desajuste en su papel institucional.

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El martes pasado, Felipe VI tuvo que afrontar la extemporánea propuesta de última hora de Albert Rivera, que persistió incluso cuando las audiencias en Zarzuela habían concluido; también la petición de Pablo Iglesias, formulada en un directo televisivo ('ARV' de La Sexta), para que el jefe del Estado persuadiese a Pedro Sánchez de la conveniencia de un Gobierno de coalición y, entre otras escaramuzas, el despacho de una agencia oficial que aseguraba que el Rey se tomaría incluso “días” para comunicar su decisión sobre el encargo de la investidura, información inmediatamente desmentida por su Casa pero que, durante horas, abrió informativos y webs y de la que se hizo eco —dándole credibilidad— el líder de Unidas Podemos.

No hubo lesión a la Jefatura del Estado porque el Rey —además de estar bien asesorado— conoce al dedillo tanto la letra de la Constitución como los usos que de ella se derivan en relación con el ejercicio de sus competencias. Pero sonaron las alarmas y como algunos de nuestros dirigentes políticos carecen de madurez o de convicción sobre el significado de los ritos institucionales y los simbolismos propios de toda democracia solvente, será preciso tomar medidas para que no se descalabre el vértice de nuestro modelo institucional.

No se trata de reformar el artículo 99 como ha propuesto Pedro Sánchez para que, en caso de bloqueo, forme Gobierno la lista más votada. Porque en un sistema en el que el Parlamento elige al presidente del Ejecutivo, la negociación para aglutinar las mayorías forma parte de la naturaleza del modelo. Además, semejante automatismo restaría función a la Jefatura del Estado. Tampoco es de recibo que se tome la repetición de elecciones como una “segunda vuelta” porque tal reiteración es propia de los sistemas electorales mayoritarios pero no de los proporcionales.

Hay que arbitrar, sin necesidad de reformas constitucionales, medidas que blinden la Jefatura del Estado de situaciones como la del pasado día 17. En Holanda, hasta 2011, la titular de la Corona disponía de la facultad de nombrar al denominado 'informateur', una personalidad neutral que explora las opciones para facilitar un acuerdo entre los partidos; ahora, esa facultad de designación corresponde al Parlamento, pero en todo caso, el rey queda por completo alejado de presiones y su intervención carece de contraindicaciones.

Opinión

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En los Países Bajos se arbitró esta medida por la fuerte fragmentación del espectro de partidos y ha funcionado bien. En Bélgica, el jefe del Estado nombra también a 'mediadores' para una función similar. Es estudiada en ciencia política comparada la crisis belga de 2010, cuando Alberto II designó para esa misión a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado evitando así un desgaste institucional que hubiese sido gravísimo para un país como Bélgica, enfrentado territorialmente entre Flandes y Valonia. En Italia, el presidente de la República, en abril de 2018, encargó un 'mandato exploratorio' para formar Gobierno a la presidenta del Senado, que consumó varias rondas de consultas.

En las monarquías parlamentarias, el rey reina pero no gobierna; sus actos políticos son debidos y deben ser refrendados; la Justicia se imparte en su nombre y acumula misiones específicas —como la jefatura de las Fuerzas Armadas— que se someten a la política gubernamental, de la misma manera que ocurre en otras monarquías de largo aliento democrático como la Corona británica, cuya titular, Isabel II, debe atenerse a los criterios de su primer ministro y, en último término, a las resoluciones de los tribunales, como vemos estos días. Pues bien: para evitar que políticos poco sensatos se lleven por delante la reputación del Rey y de la institución que encarna, bueno sería tomar nota de estas cautelas sobre las que este miércoles llamaba la atención oportunamente el profesor Xavier Arbós en 'La Vanguardia'.