Dos 'bazukazos' contra el tándem Sánchez-Iglesias

Hoy hace una semana del ortopédico abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa a modo de rúbrica de un preacuerdo de Gobierno de coalición precipitado por el fracaso de ambos en las elecciones del 10-N. La entente entre los dos líderes se sobrepuso al recíproco desaprecio personal y político, porque ambos necesitaban cortar de raíz los análisis inmediatamente posteriores a la jornada electoral (-760.000 votos el PSOE y -640.000 UP) y que hubieran propiciado nuevos reproches entre los dos partidos. Y, al mismo tiempo, satisfacer fulminantemente ese pacto 'progresista', cuyo naufragio tras el 28-A podría explicar el fiasco de la repetición electoral.

El preacuerdo de Moncloa respondía, por lo tanto, a tres tácticas: 1) cortocircuitar una valoración mediática de los resultados que dejaba a ambos en mal lugar, 2) evitar discusiones internas en sus dos partido ejerciendo así un caudillismo que en Sánchez e Iglesias se ha convertido en pauta normal de conducta y 3) satisfacer con la coalición la pretensión de un Iglesias que, aunque mermado, de nuevo era inevitable para la investidura —en la opción 'progresista'— de Sánchez.

El pacto del abrazo: Sánchez citó a Iglesias y Redondo y Lastra lo perfilaron con Montero

Iván Gil Juanma Romero

El preacuerdo del pasado martes, además, perseguía imprimir un ritmo distinto a las negociaciones para nombrar presidente al secretario general del PSOE en el Congreso y formar rápidamente un Gobierno de coalición, pero ya sin demoras, sin vueltas ni revueltas. Pero como le ocurriera al líder socialista en septiembre, el calendario no les era favorable. Si Moncloa no calibró el impacto electoral de las protestas violentas en Cataluña en plena campaña y erró en términos de oportunidad temporal con la exhumación de Franco, tampoco ahora ha tenido en cuenta los dos 'bazukazos' que Sánchez e Iglesias iban a recibir sobre el preacuerdo de gobierno suscrito hace siete días.

Ese texto de 10 puntos es papel mojado si ERC no colabora en la investidura de Sánchez, y ayer esa posibilidad se vislumbró más improbable que hace una semana. Quim Torra interpretó con elocuencia la épica del banquillo, que tan efectiva ha sido en el proceso soberanista. El vicario de Puigdemont pasó a engrosar —con una autoinculpación victimizada de desobediencia a la Junta Electoral Central— el martirologio separatista, exasperando la emotividad del 'procesismo' y, al tiempo, restando margen a los republicanos para evitar que hagan rancho aparte de los posconvergentes y la CUP en el reto crucial de investir, o no, a Pedro Sánchez.

Torra, que dispone de un instinto activista sofisticado y que se cree sinceramente su papel resistente, estuvo acompañado del 'pragmático' Pere Aragonès y otros dirigentes de ERC que compatibilizan (¿hasta cuándo?) una supuesta 'moderación' con la radicalidad propia del entero movimiento secesionista. El vicepresidente de la Generalitat, que tendría línea directa con Carmen Calvo, no se priva de comportarse como un radical ni de manifestarse como un realista. Pero ¿cuál de las dos versiones de este republicano es la cierta? Sea cual fuere, si ERC (13 escaños en el Congreso) decide colaborar con el PSOE y UP, tendría que obtener unas garantías del PSOE de tal envergadura que enervasen la previsible acusación de 'botiflers' a los republicanos lanzada por el resto de los partidos de la secesión.

JxCAT quiere servirse de la CUP para apretar a ERC y hacer España ingobernable

A. Fernández. Barcelona

Torra ha jugado sus cartas en el banquillo, sin importarle no repetir al frente de la Generalitat (no parece ser esa su aspiración, sino obedecer a Waterloo y fomentar el principio de 'independencia o caos'), y ha bombardeado el preacuerdo de Moncloa. Que ha recibido hoy otro 'bazukazo. La sentencia sobre una desviación (mediando prevaricación y malversación) de más de 751 millones de euros —en la que se juzgaba a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros más y a 13 ex altos cargos de la Administración autonómica— mediatizará el discurso de Sánchez sobre la corrupción 'gurteliana' del PP en la que fundamentó su exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018.

El juicio de los ERE ha consumido 152 sesiones y quedó visto para sentencia el 18 de diciembre del año pasado. La redacción de la sentencia ha llevado 11 meses. Han comparecido 120 testigos y nueve peritos. La instrucción fue trabajosa y lenta, y los hechos juzgados abarcan casi 10 años a lo largo de los cuales centenares de millones de euros destinados a financiar empresas en crisis con necesidad de sanearse mediante expedientes de regulación de empleo se desviaron a sociedades y organismos más o menos próximos al PSOE en lo que la Fiscalía ha considerado una “red clientelar”. Manuel Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel al añadir el delito de malversación continuada. Los dos, expresidentes de la Junta. Además, penas de cárcel para 4 exconsejeros, dos viceconsejeros y cuatro directores generales.

Opinión

Y ahora, la sentencia de los ERE

Javier Caraballo

La sentencia supone un grave problema para Sánchez, pero más embarazosa resultará para Iglesias y su regeneracionismo .-de momento, lo enmarca en un "problema del pasado y del bipartidismo"- y planteará, por si fuera poco, una adición de legitimación del primer pacto de las derechas consumado en Sevilla en diciembre del pasado año (PP, Cs y Vox) para desalojar al PSOE de la Junta y que ha sido ampliamente cuestionado por la presencia de la extrema derecha de Abascal. Manejar una sentencia condenatoria en este caso no será fácil para el líder socialista. En definitiva, es muy posible que Sánchez e Iglesias hayan caído en la prisa, que es la trampa del tiempo. O en la venta de la piel del oso antes de cazarlo.