Del Congreso a la cárcel o la parada cardiorrespiratoria constitucional

El 11 de julio de 2004, se publicó en el diario 'ABC' una extensa entrevista con Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. Merecería la pena leerla en su integridad en este momento político y social de España. El socialista —un político sorprendente— me espetó con agudeza que la Constitución de 1978 era “una enorme disposición transitoria”. Tres lustros después, quizás haya llegado el momento de reconocerle a Maragall el acierto de su diagnóstico.

Durante sus ya 41 años de vigencia, el texto constitucional ha entrado en un auténtico 'rigor mortis'. Ningún presidente del Gobierno ha considerado necesaria la reforma de la Carta Magna pese a que se sucedían acontecimientos que lo aconsejaban.

Mientras, textos constitucionales como el alemán, el francés o el italiano se han mantenido en permanente estado de alerta introduciendo correcciones y novedades que han conectado las previsiones jurídicas del mayor rango con el principio de realidad.

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La Constitución de 1978 se redactó para consumar el periodo de transición de la dictadura a la democracia, lo que hizo necesario conceptos ambiguos e interpretables y dejó abiertos grandes asuntos como el territorial, en la confianza de que en la progresiva madurez democrática —así lo pensaron los constituyentes— se alcanzasen nuevos acuerdos que adaptasen la norma fundamental a una sociedad en constante cambio. Ese espíritu reformista se transformó, sin embargo, en otro de absurda resistencia. De tal manera que la vivacidad constitucional se agostó y fue perdiendo arraigo con crisis sucesivas que eclosionaron en el siglo XXI.

Entre 2014 y 2015 —y cuando el proceso soberanista en Cataluña había dado pasos irreversibles—, se alteró el modelo de partidos, emergieron Podemos y Ciudadanos con grandísimas expectativas que, inercialmente, transformaron al PSOE y al PP. Y el Rey fundacional abdicó. Todo el cuadro político-institucional se sometió a un fuerte estrés sin que nadie con capacidad para ello advirtiese de la necesidad de una urgente reforma de la Constitución que incluyese el listado de asuntos perentorios que nos acuciaban. Cuatro elecciones generales en cuatro años, y todavía sin Gobierno después de la última convocatoria electoral, acreditan que han convergido dos impotencias: la de los dirigentes políticos, que no han sabido gestionar las herramientas que les ofrecía la Constitución, y las rigideces y anacronismos de alguno de sus contenidos. Esta bifurcación de la Carta Magna y de la realidad político- institucional, con su correlato electoral, está provocando acontecimientos insólitos.

Ya lo es que en 48 meses hayamos acudido a cuatro citas con las urnas. Pero que tras la última de ellas las alternativas que se nos ofrezcan sean un Gobierno en funciones 'sine die', un Ejecutivo apoyado por ERC, partido separatista que impulsó una declaración unilateral de independencia de Cataluña y cuyo presidente cumple condena por sedición y su secretaria general se encuentra huida de la Justicia en Suiza, o unas terceras elecciones, resulta disparatado. Así, el espectáculo del acatamiento a la Constitución en las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado el pasado martes remite, en el caso de los nacionalistas e independentistas, al aludido 'rigor mortis' del sistema, porque comprometerse con la Carta Magna poniendo por delante la 'república catalana' o 'la independencia de Euskadi' constituye una impostura que el sistema encaja con una resignación terminal.

Otro tanto podría argüirse sobre el significado de la peregrinación de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos españoles (CCOO y UGT) a la cárcel de Lledoners en la que está recluido Oriol Junqueras, que tiene la llave de la investidura de Sánchez y que en su día recibió la visita del vicepresidente 'in pectore', Pablo Iglesias, para recabar el respaldo republicano a los fallidos Presupuestos elaborados por el Gobierno de Sánchez. Por si fuera poco, el PNV —asunto que requiere más desarrollo— ha abierto, en competencia con EH Bildu, un proceso soberanista a la vasca desafiando el tiempo de duelo por los casi 900 crímenes de ETA ejecutados precisamente bajo la consigna de la independencia de Euskadi.

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P. B.

Montesquieu escribió esa magna obra titulada 'El espíritu de las leyes' que teorizó la separación de poderes. Es ese espíritu (que alienta la Constitución) el que ya no recaba la lealtad transversal; el sistema no se defiende y cuando lo hace (sea a través del Tribunal Supremo o del Constitucional), este poder ejecutivo —sin atenerse al procedimiento legislativo— hace de su capa un sayo, desconoce los criterios de Estado y —he ahí el actual presidente del Gobierno en funciones— negocia gobernar esta España constitucional con los que no creen ni en España ni en la Constitución y su aspiración consiste, justamente, en distanciarse soberanamente de ambas realidades.

Y cuando eso sucede —con una derecha dividida y maltrecha y con una izquierda a la que se adosa un populismo que guarda simpatías con el segregacionismo—, la Carta Magna entra en parada cardiorrespiratoria y, como era de esperar, pisamos la linde última del territorio de un régimen que fue rematado por el desastroso 10-N luego de que, con una frivolidad histórica, se desaprovechase la última oportunidad de un Consejo de Ministros de coalición de centro izquierda con el respaldo de 180 diputados en el Congreso.

Ahora, el futuro Gobierno debe pasar por el fielato de la cárcel. No estoy manejando hipérboles —aunque a los pusilánimes les parezca lo contrario— sino describiendo una realidad políticamente moribunda. Si Sánchez dice que el acuerdo con ERC, de producirse, será público y los acuerdos que se alcancen se atendrán a la Constitución y las leyes, significará que en política se dan milagros tales como convertir de manera fulminante a un partido separatista en otro autonomista. Ya sabíamos que Sánchez era 'resistente', pero no que fuera un redivivo ilusionista al estilo de Harry Houdini.