"Ni se toca la Constitución ni se implica al Rey: es un procedimiento limpio"

“Te lo conté el pasado mes de junio y lo escribiste sin demasiada convicción en El Confidencial, pero lo contaste” (“Estáis despistados. No habrá indulto”). “Te reitero lo que te dije entonces y tú recogiste razonablemente bien, o sea, lo siguiente: no habrá indulto. El derecho de gracia lo titulariza el Rey, que debe firmar el real decreto motivado del Consejo de Ministros, refrendado por el ministro de Justicia. Y esa hipótesis no se va a dar. La vieja ley de 1870, ni tocar”.

El veterano jurista que al término de la vista oral del caso del 'procés' previó que Sánchez desactivaría, al menos en parte, la carga sancionadora de la sentencia de la Sala Segunda contra nueve de los condenados por sedición en concurso medial con malversación, ha tenido razón. “Resultaba evidente. El indulto implicaba a Felipe VI en el perdón y era muy complicado de gestionar. Además, el indulto evoca el perdón y para los dirigentes independentistas ese concepto es humillante. Para el Gobierno, y mucho más para este, con Unidas Podemos dentro, resultaba políticamente abrasivo. Por otra parte, para que remitiesen las penas por completo —o sea, para que el indulto fuese total—, se requería de un informe favorable del tribunal sentenciador. Altamente improbable. El Consejo de Ministros solo podría, entonces, indultar parcialmente: la pena de prisión, pero no la de inhabilitación”.

Opinión

¡Emergencia, emergencia, emergencia!

Rubén Amón

¿Entiendo que el indulto nunca ha sido una opción? “Nunca, ya te lo dije. Tampoco la amnistía. Porque es muy dudosamente constitucional. La Carta Magna prohíbe los indultos generales en el artículo 62, de modo que con más razón estarían fuera de toda posibilidad leyes de amnistía. La oposición, en el muy improbable caso de que el Gobierno plantease una ley de esas características, la hubiese impugnado ante el Constitucional con la incertidumbre que conlleva todo proceso de examen de las garantías constitucionales de una norma. No, en absoluto. La amnistía solo ha estado en la retórica del independentismo, pero no en la de Sánchez, ni en la del Gobierno, aunque sí en la de algunos dirigentes catalanes de Podemos. Desde Moncloa, se han solicitado informes al respecto para asegurar la jugada, y todos han coincidido en que la vía de la amnistía estaba cegada”.

También tiene muchos riesgos reformar el tipo de la sedición en el Código Penal, sugiero a mi interlocutor. “No lo creas. Ya veremos. El camino es un proyecto de ley orgánica que apruebe el Consejo de Ministros, o una proposición de ley del grupo parlamentario socialista. Se tratará de una reforma amplia: disminuirá las penas de la sedición, desde luego, y reformulará el tipo de la rebelión. Pero también los tipos penales de agresión y abusos sexuales a las mujeres, y creará delitos medioambientales y habrá una 'punición verde' en línea con la emergencia climática que declaró este martes el Consejo de Ministros”.

¿Una reforma como la de 1995?, inquiero. “Incluso de más calado. Y te adelanto que para salir adelante, Sánchez va a tener que renunciar a reponer el delito de referéndum ilegal. Necesita 176 votos, porque el Código Penal es una ley orgánica. Y ni el PNV, ni ERC, ni Bildu ni JxCAT van a consentir que se penalice una consulta, por muy ilegal que sea. Ese va a ser el punto de fricción. Y ningún otro. Y una vez se apruebe (en el Senado, no tendrá ningún problema), la Sala Segunda y la Audiencia Nacional deberán 'ipso facto' aplicar la retroactividad favorable a los sentenciados por sedición y reducir sus penas en los años de prisión que establezca la reforma. Calcula que a finales de 2020 o principios del próximo año, Junqueras podría estar en la calle, Puigdemont y los huidos tendrán otro horizonte penal bien distinto al actual, y la mesa pactada entre el PSOE y ERC será viable en cuanto se formalice el compromiso del proyecto o proposición de ley orgánica”.

No dejaría de ser un “indulto encubierto”, como dice la oposición. “No es un indulto encubierto. La reforma de la sedición no perdonaría nada; aunque sí disminuiría la sanción. Pero, mira, lo más importante de esta operación consiste en que es limpia, en el sentido de que la decisión la toma el poder legislativo por mayoría absoluta en las dos Cámaras, permite un debate parlamentario amplio, no es atacable constitucionalmente y deja al Rey fuera del perímetro del debate. Él firmará el texto legal refrendado por la presidenta de la Cortes, pero, a diferencia del indulto e, incluso, de la impartición de la justicia que se hace en su nombre, el jefe del Estado se sitúa por completo al margen”.

Largo me lo fiais, de todas maneras. “Tampoco lo creas. El Gobierno controla la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. Y puede pedir la tramitación urgente. Y negar ampliación de plazos de enmiendas. Échale una mirada al Reglamento de la Cámara Baja. Por lo demás, no te olvides de que este asunto lleva dando vueltas en la cabeza de los estrategas de Moncloa y lo tienen muy amarrado. Fíjate que el anuncio no lo suelta, como se ha dicho, el presidente del Gobierno en la entrevista de TVE con Ana Blanco y Carlos Franganillo; ni la portavoz tras el Consejo de Ministros. La liebre salta —aunque los medios os enteráis escasamente— en la entrevista en Antena 3 TV con Pablo Iglesias el pasado día 14 de enero”.

Dame plazos, le urjo. “Te los doy, arriesgando un poco pero no demasiado: antes de que el verano cierre el periodo de sesiones del Congreso habrá, simultáneamente, Presupuestos y ley orgánica de reforma del Código Penal”. Demasiado rápido, le apostillo. “Este es un Gobierno de arquitectura política efímera. No puede perder ni un minuto. El ciclista que no pedalea, se cae”. Se despide con una promesa: “Ya te contaré lo que va a pasar con Iván Redondo, pero antes tengo que estudiarme el decreto de estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. En esa norma están las claves”. Te llamaré, le anuncio. “No tengo duda de que lo harás”.