La fiscal Delgado, sus récords y sus hitos

20/02/2020 05:00

Adelantado en

Llámenme ingenuo, pero es muy posible que si Pedro Sánchez pudiera rectificarse a sí mismo y revocar la decisión de nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado, quizá lo haría. Mucho más después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase en su comparecencia ante la Comisión de Justicia el pasado lunes que los fiscales instruirán las causas penales en los términos que determine una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El propósito —que no es novedoso sino reiterado por varios gobiernos— es correctísimo, porque así los fiscales dirigirán la investigación (¿dependerá de ellos, cuestión esencial, la policía judicial?) y los jueces supervisarán la instrucción y vigilarán el estricto cumplimiento de las garantías de los justiciables. Se hace en muchos Estados de nuestro entorno. Y si eso va a ser así en España, con más razón es preciso reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal —cuerpo jerárquico— poniendo a su frente a un jurista con una total “apariencia de imparcialidad”, como exige el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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Aunque, como escribe Anna Arendt en 'Verdad y mentira en política', “ninguna opinión es obvia por sí misma”, la que se proyecta muy generalizadamente sobre Dolores Delgado remite a una funcionaria a quien, al margen de sus méritos profesionales, no le adornaría en el cargo de fiscal general del Estado la imparcialidad que le exige su Estatuto Orgánico. Los indicios apuntan a lo contrario. Bate récords de 'aparente' parcialidad: fue ministra de Justicia en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, diputada en el Congreso por el PSOE (quinta en la lista por Madrid), participó activamente en la campaña electoral y, como titular de su cartera, intervino en dos áreas muy sensibles: las causas penales —cerradas y por concluir— relativas al proceso soberanista catalán y otras de alto voltaje por probados o presuntos delitos de corrupción que afectan a otros partidos adversarios.

Las circunstancias anteriores la obligan a abstenerse en esos temas y, si no lo hace, se arriesga a un incidente de recusación (artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Será, en consecuencia, una fiscal general demediada en el ejercicio de sus funciones y con una 'mochila' política que acumula dos reprobaciones del Congreso de los Diputados y otra del Senado, uno más de sus cuestionables récords. Ningún ministro ha sido tan zarandeado por el legislativo como ella.

Por lo demás, y aunque haya sido ilegal la grabación de sus conversaciones en una sobremesa con Baltasar Garzón y el encarcelado José Villarejo, la literalidad de sus expresiones no la deja en buen lugar. No es necesario reiterar lo que se escucha decir a Dolores Delgado en aquel trance, aunque es muy de temer —la política desconoce la piedad y detesta la compasión— que hoy los miembros de la oposición que se sientan en la Comisión de Justicia del Congreso y que deben examinar su idoneidad para el cargo no le resten a la todavía candidata ni un ápice de acritud.

Las cosas no quedarán ahí. Porque la oposición impugnará el nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo (ya existe un precedente: el de Eligio Hernández) y se propone, en caso de desestimación del recurso, ir al Constitucional y llegar a Estrasburgo, no tanto porque Delgado deje de cumplir los requisitos formales para el cargo, sino porque su trayectoria desmiente los atributos que, como intangibles, le reclama su propio Estatuto Orgánico y que ya una parte del Consejo General del Poder Judicial puso en solfa.

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En estas condiciones, el presidente del Gobierno, además, incurre en una contradicción —otra más—, porque reclama de la oposición la renovación del órgano de gobierno de los jueces al tiempo que sitúa en el Ministerio Fiscal a una persona de su estricta confianza. No se crea así el clima de cooperación necesario para establecer acuerdos y entendimientos. Aunque se ha de reconocer que una de las consecuencias peores de este episodio consiste en la manera en que Pedro Sánchez obliga a sus partidarios —incluidos medios de comunicación afines a sus políticas— a comulgar con ruedas de molino.

Justificar el nombramiento de Dolores Delgado en la cuestionable imparcialidad de otros fiscales generales anteriores —aunque ningún candidato ha provocado un incendio político como lo ha hecho la candidatura de la exministra— resulta un argumento paupérrimo y sitúa el umbral de excelencia en el nombramiento de cargos estratégicos del Estado en los estándares del más provocativo iliberalismo. Pero los que amparan esta decisión del jefe del Gobierno son aquellos que, según se ha escrito, “compran pasado para vender futuro”. O en otras palabras: aseguran que Dolores Delgado será mucho mejor fiscal general del Estado que fue ministra de Justicia. Es posible, pero no probable. Porque a Lola, como a ella se refieren sus amigos, el devenir se lo descompensa su pasado reciente.