La Sexta y Cayetana Álvarez de Toledo

03/03/2020 05:00 - Actualizado: 03/03/2020 15:42

Adelantado en

Una de las características más acusadas de los políticos de estos tiempos líquidos —en España y fuera de ella— consiste en su liviandad intelectual, compatible, sin embargo, con la simulación de que albergan convicciones firmes y principios sólidos. Son esos políticos que han desposeído de toda densidad a sus palabras, de toda credibilidad a sus promesas y de todo rigor a sus argumentaciones. Y, por supuesto, son los que para enjugar sus propias culpas, insuficiencias e ineptitudes montan excusas absolutorias a sus comportamientos para endilgar a otras instancias sus exclusivas responsabilidades.

En España, es del todo cierto que algunos e importantes valores constitucionales están siendo erosionados. Pero la autoría de ese deterioro no puede endosarse a un medio de comunicación, como este lunes —con su desparpajo habitual, con esa extraña incontinencia verbal que la distingue— hizo Cayetana Álvarez de Toledo en Onda Cero durante la entrevista que mantuvo con Carlos Alsina. “La Sexta está haciendo negocio con la erosión de los valores constitucionales”, sentenció la portavoz del grupo popular en el Congreso.

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X. Migelez

La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha mantenido en el programa 'Más de uno' (Onda Cero), de Carlos Alsina, que La Sexta hace negocio en esa operación de destrucción

Es una acusación grave. Y, sobre todo, errónea. Porque pretende crear una peligrosa confusión sobre lo que realmente ocurre en España: la erosión de los valores constitucionales se debe por entero a la clase dirigente y no a los medios, a fin de cuentas espejos de una realidad tantas veces indeseable, pero cuyo seguimiento es libérrimo por los lectores, oyentes o espectadores. El mando de la televisión y el sintonizador de la cadena de radio son instrumentos a mayor gloria de la libertad de los ciudadanos.

Es una táctica —no llega a estrategia— de las políticas iliberales, de derecha y de izquierda, absolverse de sus yerros en la supuesta militancia subversiva de los medios de comunicación (Donald Trump es un maestro en este tipo de estratagemas) y tratar de que el malestar colectivo impacte contra periódicos, televisiones o estaciones de radiodifusión. Lo expresaré de un modo menos convencional: existe un designio generalizado en las clases dirigentes —y no solo políticas— de quebrar la intermediación periodística. ¿Para qué? Sencillo: para que los dirigentes creen sus propios medios a través de las redes sociales; para eludir los filtros de la verificación; para evitarse la narrativa periodística que contextualiza los hechos, las decisiones y advierte de las consecuencias.

El iliberalismo rompe no solo el principio de representación política sino también el de intermediación informativa y de opinión, demonizando a los profesionales del sector y las empresas editoras que incurrirían en la oprobiosa práctica de no perder dinero o de ganarlo en el legítimo ejercicio de su función. No, La Sexta —una cadena privada— no erosiona los valores constitucionales, y lo que ocurre es que su apuesta es el debate sobre su vigencia desde posiciones a las que unos se adhieren y de las que otros difieren. Normal. Exigiría una digresión distinta, para la que no es el momento, el comportamiento editorial de las televisiones públicas, cuya viabilidad depende de los Presupuestos del Estado, autonómicos y hasta municipales.

Se ha confundido Cayetana Álvarez de Toledo, no porque haya atacado a La Sexta —lo cual forma parte de su libertad de expresión— sino por el pedestre argumento con el que lo ha hecho. Recuerde la portavoz popular estas palabras de Hannah Arendt, escritas en su ensayo 'Verdad y mentira en política':

“Los hechos y las opiniones, aunque deben mantenerse separados, no son antagónicos; pertenecen al mismo campo. Los hechos dan forma a las opiniones, y las opiniones, inspiradas por pasiones e intereses diversos, pueden divergir ampliamente y aun así ser legítimas mientras respeten la verdad factual. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Dicho de otro modo, la verdad factual configura el pensamiento político tal y como la verdad racional configura la especulación filosófica”.

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Los hechos son consecuencias de las decisiones de los políticos, pero no de las opiniones de los medios. Por delante del análisis están las realidades. Y antes que la crítica está la acción que la merece. No hay desgaste de los valores constitucionales si previamente no media la torpeza de la gestión política que deteriora esos activos colectivos. La erosión de las leyes no viene de la opinión mediática, sino de la acción pública. Y de la impotencia del Estado en sus diversas expresiones de poder.

Y escribo lo anterior sin incurrir en conflicto alguno de interés. Porque no me vincula con La Sexta contrato o compromiso alguno desde hace tiempo, sin perjuicio de testimoniar que mientras ejercí mi profesión en esa televisión disfruté de entera libertad para hacerlo deontológicamente. Y no creo que este criterio que manifiesto quede enturbiado por determinados afectos personales o por el hecho de que El Confidencial haya sido con esa emisora —y lo sea también seguramente en el futuro— el soporte informativo y de opinión para averiguaciones de tanta envergadura como en las que se afana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.