Irene Montero, a saco
Es insensato aprobar un anteproyecto de reforma del Código Penal a solo dos meses desde la conformación del Gobierno, un texto legal que es la 'Constitución en negativo'
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Atenta contra el más elemental sentido de la prudencia —sea la política, sea la técnica— que el Consejo de Ministros, constituido hace apenas dos meses, haya aprobado a propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el anteproyecto de ley orgánica de “garantía de libertad sexual” que introduce, entre otras previsiones, una delicada reforma en el Código Penal. Atenta contra la más elemental técnica legislativa que esta reforma penal sea parcial respecto de la que el Ejecutivo se plantea, según su enfática proclamación programática. Y atenta contra el lógico esquema del reparto de competencias entre los distintos ministerios que este texto no proceda del de Justicia.
Es un auténtico disparate (al margen del contenido ideológico de la futura norma) que los reparos técnico-jurídicos esgrimidos por el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre ese texto hayan sido descalificados por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como resistencias propias de “machistas frustrados”. Y es igualmente insensato que una reforma penal tan sensible se haya convertido en un anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros para que una de sus integrantes pueda alardear del logro en un hito histórico feminista como es el 8 de marzo.
Irene Montero no es jurista. En la licenciatura que cursó —psicología— no hay disciplinas que autoricen a suponer que comprende la importancia que conlleva una reforma del Código Penal porque, además, no tiene ni trayectoria en la gestión política ni experiencia en la técnica legislativa. Juan Carlos Campo sí es jurista —magistrado— y dispone de un itinerario profesional y político en la Administración, en el Congreso y en el Consejo General de Poder Judicial que le convierte en un ministro con autoridad técnica para saber cómo debe manejarse un anteproyecto de ley orgánica como el que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes.
En el análisis 'Delito, pena y constitución', del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Gonzalo Rodríguez Mourullo, se ofrece una perfecta valoración de lo que significa la ley penal: “En la medida en que la Constitución establece las pautas esenciales de convivencia y en la medida en que el Código Penal define los atentados más graves a la misma, es en la que se ha podido decir que el Código Penal es una Constitución en negativo y que cada Constitución nace con un Código Penal debajo del brazo”. En otras palabras: si la Constitución es el texto de los derechos y de las libertades, su correspondencia inversa es el Código Penal, en el que se recoge el reproche social más radical a las conductas que se tipifican como delictivas. Que esta 'Constitución en negativo' se reforme en dos meses y de la mano de Irene Montero, es como tocar el nervio trigémino del sistema. Entrar en él a saco.
Pedro Sánchez tenía razón cuando sostuvo que le quitaría el sueño contar con ministros de Unidas Podemos en el Gobierno. Y no la tuvo —en absoluto— al desdecirse de su buen juicio y sentar a unos cuantos que —salvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— provocan desazón, no ya por su profesión ideológica, cuanto por su falta de idoneidad para desempeñar con capacidad profesional y técnica las responsabilidades que el propio presidente les ha encomendado. Hasta el momento, el breve recorrido ministerial de Pablo Iglesias, de Alberto Garzón y de Irene Montero justifica retrospectivamente al secretario general del PSOE cuando se mostraba, de forma razonada y razonable, contrario a cogobernar con el populismo morado.
El jefe del Gobierno, sin embargo, suele redoblar las apuestas aunque sean erróneas, o precisamente por serlo. De modo que a Pablo Iglesias —que se injiere en el terreno competencial del buen ministro de Agricultura, Luis Planas— le ha hecho miembro permanente de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia (que controla el CNI) y a Irene Montero le ha autorizado a manejar los mecanismos del Código Penal, un texto sistémico del ordenamiento jurídico que hay que tratar con una especial exquisitez tanto política como técnica.
Es muy posible que Sánchez —cuya permisividad ha de tener algún límite— se valga de los buenos oficios de Juan Carlos Campo para ir puliendo el anteproyecto —en el fondo y en la forma— y, entre unos (informes preceptivos de los órganos consultivos) y otros (las enmiendas del grupo parlamentario socialista y de los demás), se pueda componer una reforma parcial del Código Penal que, sobre desafortunada en el fondo (léase el artículo publicado en este medio este martes del catedrático Gonzalo Quintero Olivares), es ahora un reclamo ideológico del populismo izquierdista.
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