De Cristóbal Montoro (2018) a Pablo Casado (2020)

El 24 de mayo de 2018 —cuenten los meses transcurridos: 23, o sea, casi dos años—, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio presentada por el Gobierno del 'runner' clandestino Mariano Rajoy. Los confeccionó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los apoyó, además de Ciudadanos y otros partidos con menor representación, el PNV. Seguimos con esas cuentas de ingresos y gastos porque ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez surgido de la moción de censura, ni el actual, en coalición con Unidas Podemos tras las elecciones del 10-N, han podido hacer otra cosa que prorrogarlas.

Sacar adelante unos nuevos Presupuestos para encarar la desastrosa situación socioeconómica y política actual se ha convertido en el reto más importante para el Gobierno. Pedro Sánchez tiene que olvidarse ya de ERC y de Rufián, de EH Bildu y de Matute. Tampoco puede estar demasiado seguro de los nacionalistas vascos. El estado de alarma y la torpe manera de actuar de la autoridad única (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes), así como la naturaleza informativa y no deliberativa de las conferencias telemáticas del presidente con los responsables autonómicos, han reformulado el alcance y la operatividad de la mayoría de la investidura.

Los grandes pactos que dicen pretender Sánchez y el PSOE no cuentan en absoluto —aunque se diga lo contrario— ni con Iglesias ni con los grupúsculos que componen Unidas Podemos (ellos quieren desmontar el sistema, no fortalecerlo), tampoco con los republicanos de Junqueras, que ha puesto a parir al Estado en 'La Vanguardia' el pasado martes (“lento, centralista, nacionalista, militarista y desesperadamente ineficiente”), mucho menos con los fieles de Puigdemont, que reclaman en plena pandemia la autodeterminación, es decir, acabar con el Estado y no reconstruirlo, y remotamente con el PNV, que no ve por parte alguna la trasposición de los Pactos de la Moncloa en el contexto actual. Y tiene razón.

Ninguno de estos grupos dejará caer al Gobierno —otra cosa es que el Consejo de Ministros implosione por las tensiones entre el PSOE y UP—, aunque tampoco le van a permitir que funcione con eficiencia legislativa. O sea, que seguimos con las cuentas de Cristóbal Montoro —¡no me digan que no es un sarcasmo: Pablo Iglesias, vicepresidente, gestionando unos Presupuestos del PP!—, de tal modo que sustituirlas se ha convertido en un auténtico desafío.

El único pacto posible, técnico, que atienda a las necesidades sociales y económicas de esta España en situación calamitosa, consiste en elaborar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Todo lo demás es pura palabrería, ocurrencia o, lo que sería peor, un grave engaño a la sociedad española. El Partido Popular, efectivamente, no puede y no debe pasar por las horcas caudinas de la pomposidad pactista de Pedro Sánchez. Pero sí debería ser receptivo y estar abierto a aprobar —previa negociación— unas cuentas públicas que, bien alineadas con los criterios de la Comisión Europea y con nuestros compromisos con la Unión, representen una apuesta por la recuperación del país y por el rescate de tantos millones de españoles ahora angustiados y en la desesperanza.

El pacto encauzado en los Presupuestos neutraliza los afanes de piqueta de Pablo Iglesias y nos libra de riesgos de formatos de acuerdos que cuelen reformas legislativas o de otra naturaleza para atender las ansias de los varios partidos antisistema que asedian el modelo constitucional. En ese espacio presupuestario, el PP podría y debería colaborar con el Gobierno por tres razones: por sentido de responsabilidad ante la situación del país; por mantener su vocación de partido de Estado, y porque así lo demanda, según las encuestas (véase el CIS o Metroscopia), una apabullante mayoría de los ciudadanos.

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Iván Gil

De los Presupuestos de Cristóbal Montoro podríamos pasar a los de Pablo Casado y bosquejar un nuevo esquema de colaboración entre el PSOE y el PP que revalide lo mejor del bipartidismo. El líder popular pondría a prueba la sinceridad pactista de Sánchez y la solidez del Ejecutivo de coalición y, al tiempo, se zafaría del apedreamiento de reproches —unos sinceros, otros sectarios— que le acusarían de regatear su colaboración en un momento tan dramático como el actual. En definitiva: el pacto “desde la Moncloa” (como este miércoles escribían en 'El País' con sensatez dos socialistas a los que adorna el buen sentido: Jordi Sevilla y José Enrique Serrano) no es, ni tiene que ser, 'de' la Moncloa.

El otro gran pacto que España necesita no se negocia en Madrid sino en Bruselas. Esos serán los grandes acuerdos, los definitivos, los imprescindibles. Aquí lo que hay que hacer es complementarlos con una herramienta estrictamente presupuestaria al servicio de la reconstrucción del país. Resulta una enormidad política, una anomalía constitucional y un despropósito político que los Presupuestos de 2018 hayan sido los de 2019 y sean los de 2020. Habría que pasar de los Presupuestos de Montoro, ahora vigentes por prórroga, a los de Pablo Casado. Así, se conseguiría demostrar, además, que la actual mayoría parlamentaria es un trampantojo.