El PSOE sigue perdiendo Madrid

El último alcalde socialista de Madrid fue Juan Barranco hace 31 años y el último presidente del PSOE de la comunidad, Joaquin Leguina, hace 25. A Sánchez también se le resisten la región y su capital

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. (Reuters)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. (Reuters)
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Se me escapa lo racional de determinadas decisiones y actitudes de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Se observan en ellas algunas dosis de excentricidad y rasgos erráticos, pero hay que constatar que se trata de una forma de comportarse que procura un tsunami mediático y político muy parecido al que provocaba Esperanza Aguirre, que, pese a sus histrionismos, logró tres mayorías absolutas (en 2003, después del 'tamayazo', en 2007 y en 2011).

Con ella, y con Alberto Ruiz-Gallardón, el PP se enraizó en la capital y en la región hasta el extremo de que en las autonómicas y municipales del 28 de abril de 2019, en el peor momento de los populares por la corrupción en su organización, parte de sus votantes se marcharon a Ciudadanos y a Vox, pero la suma de los tres partidos continuó arrojando una mayoría conservadora que sigue ahormando una suerte de identidad madrileña y se presenta ahora como fuerza de choque frente al Gobierno de Sánchez e Iglesias.

Y, pese a la censura muy amplia que recaba Isabel Díaz Ayuso, el PSOE no debería engañarse: sigue sin remontar en Madrid y su región. Los socialistas hace 31 años que perdieron la alcaldía de la capital de España tras la moción de censura contra Juan Barraco en 1989, y no la han recuperado. Algo parecido sucede con la presidencia de la comunidad. Joaquín Leguina la perdió en 1995, y desde entonces hasta ahora —25 años—, los populares no han soltado el sillón: Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, unos meses Ángel Garrido en 2019, y ahora Isabel Díaz Ayuso, en la primera coalición en la Puerta del Sol.

La suma de votos de las derechas el 28-A fue en la comunidad de 1.614.000, superando a la izquierda en casi 200.000 (el total del PSOE, Más Madrid y Podemos alcanzó 1.430.000), obteniendo así la mayoría absoluta en la Asamblea de Vallecas. Y en el ayuntamiento ocurrió algo parecido. El 10-N de 2019, de los 37 diputados que envió Madrid al Congreso, 20 eran de las derechas y 17 de las izquierdas. Algunos datos más: la región supera ampliamente los 6.500.000 habitantes, aumentando año a año su demografía; aportó en 2018 el mayor porcentaje del PIB de España (230.794 millones), más que Cataluña (228.682), y aunque se atribuye una buena parte de su prosperidad a un peyorativo 'dumping' fiscal y al efecto capitalidad, esas explicaciones se quedan cortas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)

Se desconoce en los análisis de parte que la madrileña es una sociedad muy vital, abierta, emprendedora y ha sabido manejar sus facultades autonómicas con mayor pericia que otras. Todo lo cual ha creado una especie de asedio de la izquierda al territorio que pasa por imponer una homogeneización de cargas tributarias (intentando reducir al mínimo los márgenes de corresponsabilidad fiscal de la autonomía con olvido del estatus de Navarra, País Vasco y el régimen especial de Canarias) e, incluso, determinando el reparto de los fondos de asistencia a las comunidades previsto por el Gobierno (16.000 millones) con criterios de hostilidad. Todas las baronías socialistas que se quejan de la política fiscal de Madrid podrían intentar emularla, y mejorarla, en vez de denigrarla.

Díaz Ayuso está protagonizando una política de confrontación con el Gobierno durante la crisis del coronavirus que ha azotado la región con particular saña. Pero Sánchez —como siempre, una cosa es lo que dice y otra lo que hace—, lejos de desactivar el choque, lo ha fomentado. La manera en la que se ha detenido la progresión de la comunidad a la fase 1 de la desescalada es poco convincente. No tanto en el primer examen que la presidenta quiso aprobar sin el respaldo de su consejero de Sanidad y con la dimisión de su directora de Salud Pública aún caliente, sino en el segundo.

Porque ¿qué criterios se utilizan para transitar de la zona cero hasta el primer escalón de salida y dónde están publicados?, ¿quién los evalúa más allá de Fernando Simón y su superiora ignota, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio?, ¿por qué no se resuelve por escrito la decisión de la autoridad única sanitaria? Son preguntas lógicas que no obtienen contestación sino una actitud de despectivo silencio desde la Moncloa. Está asumido que el estado de alarma ha cursado con una inseguridad jurídica insoportable y una profusión normativa caótica y técnicamente deficiente.

Por lo demás, las protestas en algunos distritos de Madrid ni deberían ridiculizarse (“cayetanos”, “pijos”) ni magnificarse. Son sintomáticas. El movimiento de respuesta al confinamiento se produce en todos los países de nuestro entorno y se expande por el resto de España. Existen precedentes de resistencia a la reclusión, incluso, durante la pandemia de gripe letal en 1918, como cuenta Laura Spinney en su interesante relato titulado 'El jinete pálido'.

La ausencia de un razonable madrileñismo en personalidades socialistas —el caso de Rafael Simancas llama la atención por su torpeza— o la levedad de su presencia política propician que una pinza popular se adueñe del imaginario de Madrid. En un extremo, la combatividad de Díaz Ayuso —asesorada por el arriscado Miguel Ángel Rodríguez—, y en el otro, la transversalidad de José Luis Martinez-Almeida. Y así el PP cubre un espectro muy amplio. El PSOE apenas si ampara el suyo. Y eso es un gran problema para Sánchez, cuyo partido gobierna en coalición pero no lo hace en las autonomías más pobladas: Andalucía, Cataluña y Madrid, en las que habitan 23 millones de ciudadanos, casi la mitad de los españoles.

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