Felipe VI, entre togas y puñetas, ante el primer discurso de Dolores Delgado

La escena tendrá su aquel. El lunes, Felipe VI presidirá la apertura del año judicial en el salón de plenos del Tribunal Supremo vestido con toga y puñetas en la bocamanga, propias de los magistrados y doctores. Le corresponde esa representación porque "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrados en el Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Así reza, hermosamente, el artículo 117 de la Constitución y su redacción hay que tenerla muy en cuenta en estos momentos.

El Rey acude a este acto —el más importante del inicio del curso— con una imagen sólida en la ciudadanía, a tenor de las encuestas, y con el reto de que se termine por resolver la residencia definitiva de su padre, Juan Carlos I, la eventualidad de que se instruya contra él un procedimiento penal y la posibilidad de que esté en condiciones de hacer un gesto de reparación con una regularización fiscal voluntaria.

Los sondeos delatan que no ha gustado la expatriación de Juan Carlos I, pero especialmente su destino provisional en los Emiratos Árabes Unidos. El Rey ha tenido todo que ver en la decisión del extrañamiento de su padre, pero nada en su acomodo, se supone que transitorio, en Abu Dabi. Se respetó su libertad de movimientos tanto como él acató la determinación de salir de España decidida por su hijo previa consulta y con el aval del presidente del Gobierno.

Quizás, cuando transcurra un tiempo, la decisión de Felipe VI sea entendida más cabalmente. La Corona no es una institución solo personal, sino también familiar. Jorge VI, rey de Inglaterra y último emperador de la India, envío al destierro a su hermano, Eduardo VIII, con el ducado de Windsor bajo el brazo en 1936 tras su abdicación por su matrimonio "desigual" con la dos veces divorciada Wallis Simpson, infringiendo los usos de la monarquía cuyo titular encarnaba entonces y ahora la cabeza de la iglesia anglicana. La renuncia se la pidió el primer ministro, el conservador Stanley Baldwin. Murió en Francia y su cadáver se trasladó a Londres en 1972.

El Rey está considerado como "preparado" para el ejercicio de su cargo por un porcentaje alto de consultados en la encuesta publicada en 'El País' el pasado 30 de agosto: el 75% de contestaciones son positivas en este apartado, un registro que nadie ha alcanzado en España entre los dirigentes públicos. Es una amplia mayoría la que considera también que el reinado de Felipe VI es muy bueno o bueno (más del 42%) frente a un 37% que lo considera normal y solo un 19% malo o muy malo. Ve horizonte a la monarquía parlamentaria (muchos o bastantes años) el 45% y pocos el 41,7% y un 12% no tiene respuesta a esa pregunta. Como pide Podemos, sería muy bueno que el CIS preguntase sobre la forma de Estado y sobre la figura del Rey.

La Corona se mueve ahora en un margen de consideración hacia su titular muy superior a la que recabó Juan Carlos I, en los últimos quince años. Puede afirmarse que hay un depósito de confianza en Felipe VI —quizás con elementos de provisionalidad— y una general expectativa de institucionalización de la Jefatura del Estado a través del desarrollo del Título II de la Constitución. Antes que una demanda significativa de someter a escrutinio a la monarquía parlamentaria, existe otra más pragmática y razonable: normativizarla, introducirla en un perímetro legal que evite vacíos y ambigüedades.

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Dos reputados referentes del derecho (Jaime Pérez Renovales) y de la sociología (Emilio Lamo de Espinosa) se han pronunciado públicamente, entre otros, por la vigencia, contemporaneidad y utilidad de la monarquía parlamentaria asimilándola a la garantía de la mejor democracia en los países más avanzados de Europa (Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos).

Durante los años ochenta —la década prodigiosa de Juan Carlos I— no se previó la institucionalización de la Corona; en los noventa no existieron mayorías suficientes de socialistas y populares y los nacionalismos fueron bisagras potentes con los gobiernos del PSOE (1993) y del PP (1996). Luego, la mayoría absoluta de Aznar (2000) tuvo la prioridad de la moneda única y la reforma empresarial y económica, además de la convulsión mundial del 11-S y la guerra de Irak; con Zapatero (2004-2011), sin mayorías absolutas, hubo una respuesta reactiva a la transición con la memoria histórica y el comienzo de la crisis en 2008; luego con Rajoy (2011-2018), que tuvo 186 diputados hasta 2015, hubo que pelear contra la crisis y medió la abdicación de Juan Carlos I (2014). El caso Nóos (2010) y el desafortunado viaje del entonces Rey, (abril de 2012) a Botsuana, no dieron margen a abordar desarrollos constitucionales.

Felipe VI encarna otra visión de la Corona y de su propia misión, con una mirada que ya no es fundacional de la democracia sino de consolidación

No es probable que esta sea tampoco la mejor legislatura para acometer las previsiones legislativas orgánicas del Título II, pero sí para comenzar un debate constructivo bajo el reinado de Felipe VI que encarna otra visión de la Corona y de su propia misión, con una mirada que ya no es fundacional de la democracia sino de consolidación y mejor desenvolvimiento de la Jefatura del Estado.

Entre togas y puñetas veremos el lunes a Felipe VI que escuchará atento al presidente del Tribunal Supremo y, más aún, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se estrena en estas lides y cuyo decreto de 5 de junio pasado encomendó a la fiscalía de la Sala Segunda del Supremo la averiguación de si su padre ha cometido indiciariamente o no alguna infracción del Código Penal. El Rey es un hombre que sabe estar y, sometido a presión sentimental, antepone su deber a su devoción. Lo está demostrando de continuo.