Mientras los ciudadanos enferman, mueren y se arruinan
Son necesarias nuevas referencias científicas ante la perplejidad de los ciudadanos por el choque de criterios sobre el cierre de Madrid que vuela el falso pacto de Sánchez y Ayuso
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En España nadie ha dimitido. A pesar de que nuestro país es el peor parado en Europa en esta segunda ola —o continuación de la primera— todos los que mal gestionaron la pandemia siguen en sus puestos. En el País Vasco, Urkullu ha sustituido a su consejera de Salud, lo mismo que Núñez Feijóo en Galicia. En el ministerio de Sanidad y en la Comunidad de Madrid, nadie tampoco se ha sentido concernido por la responsabilidad en el rebrote pandémico. En agosto, el Gobierno creó una secretaría de Estado de Sanidad de la que carecía el departamento que conduce Salvador Illa y en el que se mantienen sin mayores inquietudes la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El desplome del liderazgo social es casi absoluto y está desapareciendo el principio de autoridad (moral y político) cuya vigencia en otros países hace que las instrucciones de las administraciones sean seguidas con disciplina por los ciudadanos.
Mientras tanto y hasta el primero de octubre, el responsable de Sanidad no recibirá a los científicos españoles que, primero el 7 de agosto, y luego hace solo unos días, han publicado sendas cartas en la revista 'The Lancet' reclamando una auditoria de las medidas que se han tomado para combatir la pandemia —sin ánimo de repartir culpas— y para sugerir otras urgentes. A las cartas de la veintena de expertos que reclaman la auditoria externa de la política del Gobierno y de las autonomías en la gestión de la pandemia, se han adherido hasta ocho sociedades científicas españolas: la de Medicina Interna; la de Familia y Comunitaria; la de Medicina de Urgencias y Emergencias; la de Médicos de Atención Primaria, la de Médicos Generales y de Familia, la de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Estas entidades dicen "apoyar" y "compartir" la "filosofía y el espíritu" de las cartas publicadas en 'The Lancet', al igual que la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas.
Nunca como ahora ha sido tan necesaria esta auditoría a la vista del desacuerdo entre Sanidad y la Comunidad de Madrid sobre el cierre total o parcial de la capital. La opinión pública está falta de referencias técnicas solventes, y absorta en su perplejidad ante esta bifurcación de criterios entre administraciones cuando el lunes pasado Sánchez y Ayuso se juramentaron en los principios de coordinación y acuerdo. El falso pacto ha volado por los aires. Repito: aquello fue una farfolla, pero ya entramos en el terreno de la irresponsabilidad inmoral con ese perverso desacuerdo cuando los ciudadanos enferman, se arruinan y mueren. Las cifras de la segunda ola de la pandemia son escalofriantes y sus consecuencias devastadoras.
Es un hecho admitido por el propio Gobierno que nunca ha existido una comisión de expertos para la desescalada del confinamiento, después de haber afirmado lo contrario con negativa incorporada a dar sus nombres. El fin de la drástica reclusión fue una desordenada desbandada estival. La conclusión, entre otras posibles, es que al Ejecutivo y a las propias comunidades autónomas —que han contado también con expertos no identificados— les basta y sobra con Fernando Simón, un médico al que el sectarismo —y no una serena valoración de su capacidad técnica y gestora— ha convertido en una especie de icono favorecido por una imagen personal peculiarísima, una voz inconfundible y un especial descaro al meterse en camisas de once varas.
Fernando Simón es el recurso gubernamental —ya achicharrado— para endosarle las responsabilidades que se exigirán y lograr que los medios se centren en su errático criterio epidemiológico —ahí están los resultados— desviando así el análisis político que conduciría a concluir que el Ejecutivo ha incurrido —al igual que la ignorante soberbia de algunos responsables autonómicos, como la que ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid— en un gravísimo e irresponsable amateurismo gestor.
A la espera de que España cuente con más solvencia científica que la actual tras las decisiones de los políticos competentes, reparemos que entre los expertos firmantes de las cartas en 'The Lancet', todavía no atendidos por las administraciones públicas, se cuentan nombres como los de Margarita del Val (viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa), Rafael Bengoa (ex consejero de Salud del Gobierno vasco y asesor de la reforma sanitaria de Barack Obama), Carme Borrell (gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona), Daniel Prieto-Alhambra (farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford), Helena Legido-Quigley (Escuela de Higiene y Medicina), Miquel Porta (Instituto Hospital del Mar) y Manuel Franco (Alcalá y Jhon's Hopkins Bloomberg), entre otros.
Sin embargo, y pese a la progresiva gravedad de la situación, el Gobierno prefiere mantener contra viento y marea a un personal doméstico que ha demostrado ya su incompetencia como es el caso de Fernando Simón quizás para que sea el fusible que salte cuando la intensidad de la corriente crítica le resulte insoportable. Lo que no tardará en suceder. Mientras, Díaz Ayuso sigue jugando con su suicidio político porque, si fallan las medidas que adoptó este viernes la consejería de Sanidad, Sánchez se aprestará a declarar el estado de alarma y cerrará Madrid.
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