Sánchez empeora adecuadamente

Adriana Lastra y Pablo Echenique no lo saben, pero los tres ministros-magistrados —Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior)— lo conocen perfectamente. Saben que las características de las leyes son las de obligatoriedad, impersonalidad, abstracción, permanencia y generalidad. De tal modo que hay dos formas de pervertir estas notas definitorias de las normas: las llamadas 'leyes ad hoc' y las denominadas 'leyes intuitu personae'. Las primeras son instrumentales y se dictan para resolver una cuestión de oportunidad; las segundas, para favorecer o perjudicar a determinadas personas.

El Gobierno de Sánchez, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, ha incurrido en el más detestable procedimiento de eludir el espíritu de las leyes: sometiéndolas a sus conveniencias políticas mediante una aparente observación de la letra de la Constitución, pero con traición completa a su sentido finalista.

La sobrerreacción autoritaria al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mediante una proposición de ley 'ad hoc' que elude los órganos consultivos en su tramitación (CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal) y altera la mayoría cualificada para la elección de 12 de los miembros del CGPJ, es un comportamiento iliberal, propio de países con dirigentes intolerantes, como este miércoles recordó en un tuit Michael Reid, corresponsal de 'The Economist' en España, aludiendo a Estados latinoamericanos. No está lejos, tampoco, de lo que acontece en Polonia, por poner un ejemplo bien de actualidad, a cuyo Gobierno le satisfizo la proposición del PSOE y UP.

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Esta iniciativa legislativa trata de asaltar la cúpula judicial contra los criterios prudenciales y de cautela que sugirió el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1986, que aconsejó para evitarlo mantener la mayoría electiva de 3/5 de las Cámaras; es contradictoria con las recomendaciones de la Unión sobre la calidad democrática del Estado de derecho en que rige la separación de poderes, como recordó este martes la Asociación Europea de Magistrados; implica la constitución de un Consejo General del Poder Judicial con vocales elegidos con mayorías diferentes; elimina de un plumazo un régimen electivo que rige desde 1985, y, además, no recupera para España lo que ya existía en 1980: el sistema de elección de los 12 jueces del CGPJ por sus pares profesionales, como ocurre en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno.

En definitiva, es una proposición de ley 'ad hoc', democráticamente regresiva, que empeora la calidad democrática de nuestro país proyectando una enorme fealdad política en la Unión Europea. Y que nadie se engañe: introduce a una buena parte de la izquierda española —con Sánchez a la cabeza— en el terreno de lo iliberal.

El presidente del Gobierno empeora de manera progresiva y adecuadamente. Esta proposición de ley —tan desafortunada y peligrosa— es, no obstante, coherente en un contexto de desmontaje continuado de nuestro modelo institucional. Se inserta en el marco de actuación en el que se cuestiona la monarquía parlamentaria y al Rey; en el que los pactos parlamentarios se consuman con los adversarios del sistema, sea con ERC, un partido presidido por un condenado por sedición y con su secretaria general huida de la Justicia, sea con EH Bildu, que no solo no condena los crímenes de ETA sino que jalea a los terroristas excarcelados y justifica sus asesinatos.

Sánchez por sí mismo es capaz de caminar hacia atrás como los cangrejos. Pero dispone de cuatro estímulos para acelerar su ritmo destituyente:

El primero, su caudillismo. El PSOE que muchos piensan que existe ha desaparecido. Es solo una plataforma del secretario general que se ha encargado de reducir a la mínima expresión la organicidad de la formación. Él es el PSOE.

El segundo estímulo a su arbitrariedad se encuentra en la composición del Consejo de Ministros. Allí no hay socialistas de peso que balanceen sus decisiones o que tengan autoridad moral sobre el presidente. Unos potentes servicios en la Moncloa se superponen al propio Gobierno, que queda conformado como un colegio de ministros especialmente devaluado.

El tercer estímulo autoritario de Sánchez se localiza en el tirón subversivo que ejercen Pablo Iglesias y sus ministros, en connivencia con los independentismos catalán y vasco, cuyos propósitos destructores del sistema constitucional están formulados con una claridad meridiana.

El cuarto estímulo a la arrogancia de Sánchez se lo proporciona la oposición de los tres partidos —PP, Cs y Vox— que mantienen estrategias diferentes, se comportan como el ejército de Pancho Villa y, a la postre, no saben jugar sus cartas en el tablero político preponderando en ellos la visceralidad sobre la inteligencia táctica y estratégica. La próxima moción de censura de Vox es un movimiento político fallido que dará más réditos al censurado que al censor.

Todo este desenvolvimiento de regresión democrática propiciada por el Gobierno, en combinación con las clamorosas incompetencias de sus adversarios, se produce en un escenario trágico para España: en medio de una pandemia descontrolada; con los peores augurios del Fondo Monetario Internacional, y en plena zozobra sobre la tramitación y eventual aprobación del fondo de reconstrucción de la Unión Europea, del que España se beneficiaría en 140.000 millones. No solo ese dinero podría estar en el aire. Lo empieza a estar la integridad democrática de nuestro país, desde el mismo momento en que el bloque de constitucionalidad —al que pertenece la ley orgánica del CGPJ— va a depender de separatistas y 'abertzales' filoetarras.