Madrid les depreda

¿Es la expresión de una frustración de los secesionistas que con su proceso soberanista han echado a perder la economía de Cataluña y ahuyentado la sede empresarial de miles de compañías?

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Barcelona. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Barcelona. (EFE)
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Del "España nos roba" a "Madrid nos depreda". La cuestión no es si los impuestos en Madrid son más bajos que los del resto de las autonomías españolas. Tampoco es cuestionable que el Gobierno, en una instancia adecuada como es el Consejo de Política y Financiera, pueda estudiar una posible armonización (tanto para incrementar como para disminuir la presión fiscal). La cuestión política y jurídicamente inaceptable es que en una negociación bilateral presupuestaria entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya se acuerde que el Ejecutivo procederá a una homogeneización fiscal para que la comunidad madrileña carezca del margen de autonomía actual para modular a la baja determinados impuestos: patrimonio, sucesiones, donaciones y tramos autonómicos de IRPF.

¿Se trata de doblegar la política de las derechas en Madrid a instancias de los republicanos catalanes o de crear un espacio nacional más homogéneo fiscalmente? O, en otras palabras, ¿se plantea una intrusión en las decisiones políticas de las instituciones madrileñas como parte del propósito de desarticular el Estado que es el objetivo que persiguen los separatistas? ¿O es, acaso, la expresión de una frustración de los secesionistas que con su proceso soberanista han echado a perder la economía de Catalunya y ahuyentado la sede empresarial de miles de compañías allí asentadas antes de octubre de 2017?

La autonomía financiera de las comunidades autónomas es un principio constitucional contemplado en el artículo 156 de la Carta Magna y según el Tribunal Constitucional supone "la propia determinación y ordenación de los ingresos y gastos para el ejercicio de sus funciones". Esta autonomía debe ejercerse bajo los principios de coordinación y solidaridad "entre todos los españoles". De tal manera que si alguno de esos criterios son clara y abiertamente infringidos, deberían corregirse siempre de manera multilateral entre el Estado y las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Es un sarcasmo que un partido cuyo presidente —Oriol Junqueras— y otros dirigentes —que han sido condenados por malversación de caudales públicos, como delito medial de la sedición, (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre 2919)— acusen de 'dumping fiscal' a Madrid sin reparar pudorosamente que los dirige un malversador. Y llama aún más la atención que sea una organización que promueve la independencia de Cataluña y a la que la "gobernabilidad de España importa un comino", la que se entrometa en las políticas propias de otra comunidad autónoma impulsando una política de recentralización.

Es cierto que Madrid presenta muchas desigualdades sociales, que algunos servicios públicos están menos financiados que en otros territorios y que la capitalidad le reporta algunas ventajas. También lo es que ejerce un efecto atractivo sobre su entorno territorial que no beneficia a los vecinos y reporta ventajas a la capital de España y a su región. Pero estas son las reglas de juego territorial en nuestro país, que debía haberse conformado en un modelo federal.

En Madrid ocurre que, pese a las insuficiencias de algunos servicios públicos y bolsas graves de desigualdad —habituales y graves también en otras zonas de España; como en Cataluña, sin ir más lejos— lleva un cuarto de siglo apostando por el gobierno de la (y las) derecha (s), sin que la izquierda, pese a todos los dicterios que se lanzan sobre la forma de gobernanza del Ayuntamiento y de la Comunidad matritenses, logre tocar poder. Lo consiguió solo una legislatura municipal —la pasada— con la alcaldía que Manuela Carmena ganó al frente de una plataforma ciudadana apoyada por Podemos. Pero duró poco: ocurrió en Madrid lo que en otros municipios con los famosos "ayuntamientos del cambio", que los votantes —salvo en Cádiz y, por los pelos, en Barcelona— dieron por concluida la experiencia en mayo de 2019.

Por lo demás, el Estado autonómico es asimétrico. El País Vasco dispone de un concierto económico y tres haciendas propias (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa); Canarias se somete a un régimen especial; Navarra establece sus relaciones fiscales con el Estado mediante un convenio y, en fin, el número y entidad de las transferencias a las comunidades no son similares en todas ellas.

Esquerra Republica de Catalunya y la sociedad civil y empresarial de aquella comunidad tendrían que hacer un ejercicio de introspección y valorar cuándo su comunidad dejó de ser la más rica de España aportando al PIB nacional su mayor porcentaje y cuándo se ha producido allí un punto de inflexión negativo para su convivencia, para su economía y para su desarrollo. Madrid no tiene la culpa de lo que le ocurre a Cataluña. Sus males han sobrevenido cuándo una parte de su clase dirigente perdió la sensatez contrayendo una responsabilidad histórica con un alocado independentismo insurreccional, tan anacrónico en la Europa del siglo XXI. La autonomía de la región de Madrid no es ni el problema ni su problema. No se engañen.

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